El “Acuerdo Escobedo” de Bonilla

Columnaz viernes, 15 octubre, 2021 8:00 AM

El 13 de octubre, Mario Escobedo Carignan, todavía secretario de Economía Sustentable y Turismo, el primero -y el último, de hecho- en ostentar tal cargo, dado que en la próxima administración estatal se dividirá esa secretaría, festejó su cumpleaños en su casa en Tijuana.

Refieren que él mismo llevó a cabo la convocatoria a la celebración, pero la palomeó el gobernador Jaime Bonilla Valdez y, por supuesto, en la lista estaban los cuatro alcaldes bonillistas: Darío Benítez, de Tecate; Armando Ayala, de Ensenada; la tijuanense Montserrat Caballero y la de Rosarito, Araceli Brown. La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, no fue invitada, pues ella responde al padrinazgo político de Marina del Pilar Ávila Olmeda, entonces, pues ni al caso extenderle una invitación, pues la considerarían más infiltrada que aliada.

En fin, que en lugar de asistir para relajarse entre tanto trabajo que tienen al inicio de sus administraciones, tal parece que los cuatro presidentes municipales fueron a que les pusieran un cuatro, porque de festejo cumpleañero, la reunión se convirtió en un cónclave político para hacerle frente a la gobernadora electa en… el tema del agua, o la municipalización del servicio, pues.

En efecto, citaron a los cuatro alcaldes y les presentaron un documento elaborado por el Gobierno del Estado, por supuesto, para que lo firmaran y lo presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente al ministro Alberto Pérez Dayán, quien es el ministro instructor en la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados de Baja California contra la municipalización del agua. Caso en el que, de hecho, Pérez Dayán concedió la suspensión y determinó que todo se quedara como estaba antes del decreto de municipalización de las comisiones del Agua de Bonilla, y que se mantuviera el Gobierno del Estado como el ente encargado del mantenimiento de redes, administración y distribución de agua.

A partir de entonces, se detuvieron todos los trabajos que había iniciado la administración estatal para la municipalización de las comisiones del Agua, pues ya fue una determinación de la Corte, aunque el tema de fondo se resolverá cuando el caso sea llevado por el ministro Pérez Dayán al Pleno.

Sin embargo, Bonilla no detuvo enteramente sus maniobras para instaurar los organismos municipales del agua, de hecho, pretendió evitar, el último día de la administración anterior en Tijuana, que el alcalde constitucional y entonces con licencia, Arturo González Cruz, ejerciera el cargo para el cual fue electo, y junto con el Cabildo, dejaran sin efecto la creación de una comisión municipal de agua de Tijuana, que había sido creada en el trienio del priista Carlos Bustamante en 2013. Lo cual al final prosperó, aparte que, casi al mismo tiempo, la entonces regidora Mónica Vega recibió una suspensión definitiva a una acción promovida por ella para no crear tal Comisión.

A pesar que sólo le restan 17 días de gobierno, del fallo del ministro Pérez Dayán y de que por ejemplo, la alcaldesa Montserrat Caballero dijo públicamente que ella no pelearía el agua a la gobernadora electa y se sujetaría a lo que determinara la Corte, Bonilla metió -otra vez- en el ajo a los cuatro alcaldes sobre los que puede influir.

Los hizo firmar una carta dirigida al ministro Alberto Pérez Dayán, que inicia así:

“Los suscritos, Presidentes municipales electos de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate para el periodo 2021-2024, así como el Presidente del Concejo Fundacional del Municipio de San Quintín, todos del Estado de Baja California, nos dirigimos a Usted en virtud de que hemos sido informados de que dentro de los autos de la Acción de Inconstitucionalidad número 119/2021 promovida por diputados del Congreso del Estado de Baja California, así como la acumulada 128/2021, en contra de actos del propio Congreso, así como del Poder Ejecutivo del Estado, funge Usted como Ministro Instructor de la causa, por lo que respetuosamente nos permitimos manifestar lo siguiente:

“Al tomar posesión de nuestros cargos, los suscritos protestamos respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la del propio Estado de Baja California, por lo que vemos con preocupación que han transcurrido más de veinte años en que en Baja California no se ha acatado lo dispuesto en la reforma al artículo 115 constitucional y particularmente por lo que hace a la potestad de los Municipios para manejar los servicios de agua potable y drenaje”.

Y le solicitan:

“… los suscritos presidentes Municipales y del Concejo Fundacional en este acto nos conformamos con el contenido de la reforma aprobada a través del decreto 289 con todos los componentes que lo conforman, por lo que estaremos expectantes al cabal cumplimiento de los artículos transitorios que lo conforman, razón por la cual en estima de los que aquí comparecemos la instancia planteada en la acción de inconstitucionalidad número 119/2021 y su acumulada 128/2021 resulta ser improcedente”.

Es decir, piden que deje sin efecto la suspensión que el propio ministro Pérez Dayán emitió, y que prevalezca el decreto de Bonilla. Increíble.

Al día siguiente del “Acuerdo Escobedo” -dado que el documento fue firmado en su fiesta de cumpleaños- dos de los cuatro alcaldes firmantes de la carta petición al ministro Pérez Dayán volaron a Ciudad de México para entregarlo personalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abriendo con ello un frente contra la futura gobernadora, cuyo equipo de transición ha sido relegado en muchas áreas, particularmente de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, donde no les comparten información.

Ahora sí que Jaime Bonilla no quitará el dedo de la municipalización del agua, ni el 31 de octubre, día del final de su bienio. La bronca es que deja a cuatro alcaldes contra la gobernadora que estará seis años en el cargo.

La lucha del poder en el gobierno de Bonilla inició con un capricho: pretender quedarse en el cargo cinco años y no dos para los cuales fue electo, y concluirá con otro capricho: municipalizar -a su antojo- las comisiones del Agua, aunque ya la Corte le haya dicho que detuviera esa acción.

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