El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo, este miércoles 20 de octubre, que la postura de su Gobierno respecto a que los cigarros electrónicos son dañinos para la salud por lo que defenderán el decreto que prohíbe su importación y comercialización en el país.
“En el caso de los cigarros electrónicos, la Secretaría de Salud [SSa] sostiene que son dañinos y que no se debe de permitir su distribución, y que no se debe permitir que se importen, y esa es la postura que tiene la Presidencia”, aseguró el político tabasqueño.
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“Si la [Suprema] Corte [de Justicia de la Nación] tomó una decisión para permitirlo, nosotros tenemos que buscar otros mecanismos, tenemos otras formas, no puede estar el negocio, el mercantilismo por encima de la salud del pueblo”, sostuvo el mandatario nacional.
“No es cosa concluida todavía porque se daña a la salud. No se trata de desobedecer sino buscar otra forma, otro mecanismo. Son muchos intereses. Yo no sé cómo los empresarios que promueven esto no piensan en el prójimo”, consideró el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Ayer martes 19 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición absoluta de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, porque “vulnera la libertad de comercio”, aunque no ordenó regularizar su comercialización.
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El Pleno de la SCJN enmendó el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, que “prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que contenga algún elemento que lo identifique con productos del tabaco”.
La comercialización de este tipo de dispositivos estaba prohibida en México desde mayo del 2008 y en 2019 se prohibió su importación desde otro países. Según un comunicado de la SCJN, el artículo declarado inconstitucional “establece una prohibición absoluta y categórica que vulnera la libertad de comercio”.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que con dicha decisión “no se pronunció a favor de permitir la comercialización de cigarros electrónicos”, debido a que solo analizó la constitucionalidad de su prohibición absoluta.
Por otra parte, respecto al amago de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Autopartes (AMDA) de impugnar el decreto presidencial para regularizar los denominados automóviles “chocolate” en la frontera con Estados Unidos, el político tabasqueño refirió que están en su derecho de combatir dicha medida.
El mandatario nacional consideró que la decisión de su Gobierno está amparada bajo el argumento que los automóviles que son importados de manera irregular a México, son utilizados para cometer ilícitos, por lo que se debe tener un registro de ellos.
Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador dijo que los vehículos “chocolate” son una opción para aquellas familias que no pueden acceder a un automóvil nuevo y lo requieren para acudir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela.
“Se deben regularizar, podemos probar que se cometen muchos delitos con estos carros que no están regularizados y además es la forma de mucha de gente que no tiene para comprar un carro nuevo, de tener un vehículo para trasladarse al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela”, insistió el presidente.
“Y consideramos que no perjudica a los mismos distribuidores, hay para todos, México está en crecimiento […] Están en su derecho y nosotros vamos a defender nuestro decreto”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien el pasado 16 de octubre, en Ensenada, Baja California, firmó un decreto por que se regularizarán aquellos automóviles importados de manera ilegal a México desde EE.UU., con el pago de un permiso de 2 mil 500 pesos.
Los recursos obtenidos por este documento se quedarán en las entidades fronterizas y deberán ser ocupados para el bacheo de vialidades. El “Acuerdo para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera” tendrá efectos legales en Baja California Sur y en los estados de la frontera norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Según lo informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, tan solo en Baja California existen 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera.
El pasado 18 de octubre, López Obrador publicó el decreto por el que se instruyen a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Economía, así como la SSPC, para que elaboren un programa que incentive a las personas físicas que residen en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, y Baja California Sur.
Ello para llevar a cabo la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, también conocidos como autos “chocolate”, con base en el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados vigente.
El programa deberá comprender acciones de comunicación social, el otorgamiento de facilidades administrativas y la elaboración de un nuevo proyecto de Decreto para regular la importación definitiva de vehículos usados que se encuentren en territorio nacional al 19 de octubre de 2021, fecha en la que entrará en vigor del Acuerdo, así como cualquier otra acción que promueva la regularización de dichos vehículos por parte de la población.
El decreto publicado señala que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establecerá las facilidades administrativas necesarias para que las personas físicas lleven a cabo las acciones legales para la aplicación del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados vigente y demás disposiciones legales aplicables.
Mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se coordinará con los gobiernos estatales para implementar acciones tendientes a identificar y registrar la circulación de vehículos automotores usados que no cumplan con su legal importación definitiva al país.
Además, la SSPC se coordinará con las ya mencionadas dependencias para que, realizada la importación definitiva de los vehículos, sean inscritos en el Registro Público Vehicular a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“Los ingresos que se obtengan por las contribuciones derivadas de la importación definitiva de vehículos usados en la Región Fronteriza Norte y el Estado de Baja California Sur y por las sanciones aplicadas con motivo de las infracciones en que incurran las personas físicas por exceder el plazo de retorno de vehículos usados importados temporalmente a dicha región y entidad federativa serán destinados conforme a lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente”, indica el decreto publicado.
El documento añade que el SAT podrá expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del presente instrumento, con independencia de las disposiciones específicas que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
