Este miércoles 8 de septiembre la Ley General de Comunicación Social, bautizada popularmente como la “Ley Chayote”, impulsada durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, fue declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ministros del máximo órgano de justicia en México coincidieron al señalar que esta ley otorga al Gobierno “enorme discrecionalidad” para ejercer su gasto en difusión.
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Advirtieron que la legislación atenta contra la libertad de expresión que carece de criterios claros y objetivos sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios.
El asunto derivó de un juicio de amparo presentado por la organización Artículo 19, a la que se le concedió la protección constitucional de la Justicia de la Unión en contra de dicha ley aprobada en abril de 2019.
La “Ley Chayote” establecía, entre otras cosas, que los medios que pretendan participar en la contratación de comunicación social gubernamental deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación.
Artículo 19 advirtió, en su momento, sobre el riesgo de promulgar la “Ley Chayote”, misma que, afirmaron, permitiría el gasto discrecional del gobierno en la compra de publicidad oficial, propiciando un ejercicio de censura en los medios de comunicación, según su línea editorial.
Por su parte, el colectivo Medios Libres -conformado por organizaciones, medios de comunicación, periodistas y sociedad civil– argumentó que la publicidad oficial no debe ser empleada como una herramienta de “premio” o “castigo” para los medios de comunicación, ni constituir una forma de censura.
Tras la resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó emplazar al Congreso de la Unión para que en el presente periodo ordinario de sesiones, iniciado el 1 de septiembre y que finaliza en diciembre, subsane las omisiones detectadas por los ministros o la derogue.
En caso de que la ley sea abrogada, las Cámaras deberán emitir una nueva regulación, pues desde la reforma de 2014, la Constitución obliga al Poder Legislativo a reglamentar el gasto gubernamental en publicidad.
