Las campañas a gobernador en Baja California iniciaron el 4 de abril, lo mismo que las de legisladores federales. El 19 de abril marcó el inició de la búsqueda del voto para los candidatos a alcaldes en los cinco municipios y los aspirantes a diputados en los 17 distritos locales.
Conforme a lo informado por las autoridades -no hay registro púbico que confirme la fecha -, fue justo el 19 de abril, con dos semanas de retraso respecto al primer despliegue de las brigadas y actos de campaña electorales en la entidad, la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal Electoral de Baja California dieron a conocer a los partidos e hicieron públicos los Lineamientos Generales de Seguridad Sanitaria para Temporada de Campaña Electoral ante la Pandemia de COVID-19.
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Cinco días después, al mismo tiempo que la prensa informó de la divulgación de los lineamientos en la página de la Secretaría de Salud, el 24 de abril, la reportera Ana Ramírez publicó que un día antes, trabajadores del Hospital General de Tijuana denunciaron que una brigadista de 46 años, quien vestía una camisa de la campaña de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, aspirante a la gubernatura, fue hospitalizada con síntomas del nuevo coronavirus.
La mujer informó a los médicos que recibía un sueldo de mil 200 pesos, que estaba promoviendo el voto en el Distrito 9 en la colonia Buena Vista, que había participado en una reunión y viajado con otros brigadistas en un camión.
El tema fue confirmado por el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, quien, al cierre de esta edición, aseguró que no habían tenido otro caso similar, aclarando que era prematuro porque faltan días para que puedan detectar las “otras cadenas de transmisión”, pero mantiene vigilancia sobre las personas que estuvieron en contacto con la mujer contagiada.
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En cuanto a los protocolos sanitarios de la campaña electoral 2020-2021, resulta que los encargados de vigilar que se cumplan son justo los ocupados funcionarios de la Secretaría de Salud, con apoyo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en múltiples ocasiones acusada de extorsión.
En teoría, no debe haber reuniones proselitistas en espacios cerrados, solo en áreas abiertas con no más de 50 asistentes separados por 1.5 metros de distancia -está prohibido saludar de beso, mano o abrazo-. Cada candidato debe tener un responsable, denominado coordinador COVID-19, y en lugares donde se organicen los actos, se debe designar un área de entrada con filtros sanitarios, donde se tomará la temperatura corporal y se dotará de gel antibacterial; también se deberá establecer un área específica de salida, por donde los asistentes deberán egresar en bloques.
El candidato, sus promotores y los simpatizantes que acudan a los actos públicos, incluso durante los discursos, deben tener puesta en todo momento mascarilla, la cual debe ser triple capa o KN95 -cualquier otro cubre bocas se admite solo si se usa encima del primero-. También se prohíbe la asistencia de menores de 18 años y mujeres embarazadas.
Se supone que los candidatos no pueden recorrer mercados sobre ruedas, tianguis o swap meets, tampoco ingresar a las viviendas. Al iniciar los recorridos deben someterse al filtro sanitario, e iniciar actividades a las 09:00 horas y terminar a las 18:00 horas.
Cualquiera que haya seguido las campañas, incluso en prensa o redes sociales, habrá podido darse cuenta por las imágenes de la flagrante violación de cada uno de estos lineamientos. Todos los candidatos, de todos los partidos, en mayor o menor medida, han puesto en riesgo a los ciudadanos, la mayoría no usan cubre bocas durante sus discursos, siempre están puestos para la foto hombro a hombro, no evitan el contacto ni aplican la sana distancia. Y las campañas en tierra las realizan en zonas concurridas y mercados callejeros.
Se han dado muchas reuniones en espacios cerrados, las de espacios abiertos son de más de 50 asistentes, la más grande, de Fuerza por México, con mil 300 almas en Ensenada, presencia de niños. Los filtros sanitarios en los actos brillan por su ausencia, lo que reina es el desorden de entrada y salida.
En papel, se supone que los partidos envían a la Secretaría de Salud su agenda periódicamente, de tal manera que esta manda a un representante que acude encubierto como simpatizante, para verificar el cumplimiento. Ante las violaciones, el Sector Salud debe emitir un “exhorto” y, según el doctor Pérez Rico, ya han hecho varios, pero hasta ahí.
Al respecto, los lineamientos indican que “…al hacer caso omiso y continuar sin apego a lo establecido, la Secretaría de salud ejercerá su facultad de garantizar la salud de los ciudadanos y evitar los riesgos sanitarios”, pero no especifica el cómo… y el secretario de Salud reconoció a ZETA no tener facultades para más.
Lo deseable sería que el 100 por ciento de los candidatos y sus equipos de campaña fueran conscientes, pero no lo han sido. Restan 34 días de campaña, que inició de frente al anuncio de una tercera ola de contagios del novel coronavirus, por lo que resulta urgente que las autoridades electorales y sanitarias definan un sistema de sanciones.
Pero más allá de los alcances de las autoridades, los primeros fiscalizadores de las campañas son los 2.9 millones de votantes bajacalifornianos, a quienes corresponderá censurar la irresponsabilidad de los candidatos que, por sus aspiraciones, deciden poner en riesgo de muerte a simpatizantes, brigadistas y cientos de familias.
