UIF va por investigar a candidatos en 2021

Edición Impresa lunes, 23 noviembre, 2020 1:00 PM

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, está en pláticas con el INE para investigar financieramente a quienes aspiren a cargos de elección popular el próximo año. Además, dice tener los datos de 20 millones de personas que son sujetos a investigación. Ha detectado más estafas maestras, desvío de millones del presupuesto federal a través de universidades, en Sedatu y Pemex. El mismo caso que hoy mantiene en prisión a la ex secretaria Rosario Robles

Santiago Nieto Castillo tiene dos formas de conocer las irregularidades en los manejos financieros de políticos, funcionarios, privados y criminales. Una es a través de un algoritmo que detecta operaciones inusuales, irregulares en el sistema bancario y le emite una alerta. La otra es a petición de parte, de fiscalías o gobiernos con los que coadyuva en investigaciones financieras de sujetos bajo sospecha.

Actualmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene 20 millones de sujetos que pueden ser objeto de investigación, entre aquellos de operaciones bancarias inusuales, por actividades vulnerables y los modelos de riesgo. En 2019 presentaron 162 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en 2020 llevan 103, de las cuales el 100% se han judicializado

De Baja California, han presentado cuatro denuncias contra personal de Aduanas.

Nieto reconoce la existencia de 19 cárteles en México, a los cuales ha congelado cuentas por 7 mil millones de pesos, algunos, como Jalisco Nueva Generación, han logrado con recursos en el Poder Judicial que sus cuentas sean desbloqueadas, por lo que el titular de la UIF trabaja en una propuesta de Ley para reforzar las acciones de la Unidad, así como en una labor para “sensibilizar” a jueces y magistrados que han descongelado cuentas de narcotraficantes y familiares, pues a la UIF, “la Ley de Instituciones de Crédito permite el congelamiento de cuentas”.

Respecto su relación con la FGR, es claro: “Tengo una buena relación con la Fiscalía, no con el fiscal”. Institución que, afirma, no le ha solicitado colaborar en la investigación de los senadores que fueron señalados de recibir sobornos en el caso Odebrecht, lo que sí ha hecho para la Secretaría de la Función Pública, al tiempo que trabaja en una iniciativa para disponer, a favor del Gobierno Federal, del dinero en cuentas congeladas.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]A continuación, la entrevista concedida por Santiago Nieto Castillo a ZETA.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM.- Santiago Nieto Castillo

 

– ¿Cuál es el proceso de selección de los sujetos que investiga la UIF?

“Tenemos dos modelos. El modelo Proactivo y el modelo Reactivo. El Proactivo tiene que ver con nuestra base de datos, la UIF recibe -por lo menos en 2019 fue así- 9.2 millones de reportes de operaciones relevantes, que son aquellas de más de 7 mil 500 dólares. Recibimos reportes de operaciones inusuales, aquellas donde se rompe el perfil transaccional de los clientes y usuarios de la banca, además de reportes de operaciones internas relevantes, que son operaciones inusuales, que fueron 590 mil en 2019, reportes de operaciones inusuales llevamos internas preocupantes, como 590. La verdad es algo muy reducido, se trata de los actos de corrupción al interior de los bancos.

“Y luego, los sujetos obligados por actividades vulnerables, que son notarios, corredores, vendedores de arte, de joyas, autos, desarrolladores inmobiliarios, casinos, juegos, sorteos, etcétera. Cuando se pasan, cada actividad tiene un umbral, si se supera ese umbral, tiene que mandar un aviso a la UIF, y el año pasado tuvimos 5.2 millones de avisos del sistema no financiero. Aunado a esto, con los convenios de colaboración sumamos datos a nuestra base de datos, y hoy tenemos 5 mil millones de datos en nuestra base, que son aproximadamente 20 millones de sujetos que pueden ser analizados en distintas variables.

“En la parte proactiva, con esa información, una matemática que tenemos en la Unidad hace un algoritmo que lo que genera es un modelo de riesgo. Se califican 264 variables, en esas 264 se le va a calificar, dando una calificación de una escala de 0 a 10 por cada una de las variables. Por ejemplo, si una persona es muy joven, 19 o 20 años y recibe una transacción muy grande, digamos de 20 millones, eso brinca y, por tanto, la calificación es más alta. Si viene una transacción internacional de Andorra o de Iberia o de Islas Vírgenes, etcétera, tiene una calificación más alta y ahí sí viniera de España, por citar un ejemplo, todo es se va arrojando en un modelo de riesgo de 0 a 10 y el que esté más cerca del 10, se determina que haya más casos de riesgo.

“¿Qué hemos sacado con este modelo de riesgo? Se puede utilizar a partir de minoría de datos sobre temas con problemas específicos. Robo de hidrocarburo, y sacan 150 empresas más reportadas en el sistema, tráfico ilícito de personas, narcotráfico, trata de personas. A partir de estos modelos de riesgo, encontramos datos del Cártel de Sinaloa o del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por tanto, es axiológicamente neutral, en un algoritmo matemático.

“El otro es el modelo Reactivo. Tenemos una solicitud de cualquier autoridad del Estado mexicano, se celebran convenios de colaboración con los gobernadores y las entidades federativas, las fiscalías, y les damos información a cambio de que ellos proporcionen por ejemplo sus bases de datos para ir nutriendo la Unidad. Por ejemplo, en Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, Comercio, Catastro, etcétera. Y tenemos resultados de la Fiscalía General de la República, que en 2019 fueron 660 solicitudes de información de la Fiscalía General de la República, en este momento llevamos ya más de 400 a pesar de la pandemia. Entonces, creo que ahí es donde dependemos de lo que las personas pidan. Por ejemplo, Javier Corral pidió información sobre César Duarte, se le entregó. El actual fiscal, el gobernador de Nayarit, pidieron respecto a Sandoval. Ahí hemos tenido casos donde nos han pedido información, Guanajuato sobre el Cártel de Santa Rosa de Lima. Ahí va dependiendo de lo que nos pidan”.

– De esa información que tienen de 20 millones de sujetos, ¿cuántas han llegado a denuncias, cuántas están catalogadas como riesgo 10? ¿Cuántas se han presentado?  

“Hemos presentado en total 161 denuncias en 2019, y en 2020 vamos en 103. Hoy estamos sobre todo en trabajo coordinado con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Fiscalía Anticorrupción para judicializar las carpetas de investigación relacionadas con casos que nosotros hemos denunciado”.

– ¿Cuál es el índice de efectividad? ¿Cuántas de esas denuncias llegan a buen puerto?

“En estas denuncias, todas las que se han judicializado, todas han llegado a vinculación a proceso. De lo denunciado, judicializado, es el 100%, tenemos aproximadamente unas 20 denuncias que ya han sido judicializadas, creemos que es importante que se agilicen los plazos con la Fiscalía General de la República, pero también, no es la única vía. La otra ha sido la sanción administrativa, la Secretaría de la Función Pública, y también hemos trabajado con las fiscalías locales, sobre todo para identificar a personas, ver dónde se están generando sus operaciones financieras, dónde van al cajero automático a sacar dinero y poderlos ubicar físicamente, y eso ha servido para el cumplimiento de órdenes de aprehensión”.

– ¿Ha tenido o tiene alguna solicitud en Baja California?

“Hemos revisado por parte de la Administración General de Aduanas, se nos hizo una solicitud para revisar a los administradores de Aduanas y algunos agentes aduanales, estamos en proceso de integración de esta información, aun cuando ya se han presentado cuatro denuncias relacionadas con tema de comercio exterior, particularmente en Baja California. Estas cuatro denuncias incluyen a administradores y gerentes aduanales, y también personas físicas y morales relacionadas con introducción de mercancía”.

– ¿La Fiscalía General del Estado no ha solicitado información?  

“Ha solicitado cooperación para casos, y pues estamos en proceso de trabajar con el Instituto Nacional Electoral en un proyecto para ver si se revisa a los candidatos y precandidatos de los distintos partidos políticos, sobre todo para evitar que tengan relación con la delincuencia organizada, particularmente en algunos entornos del país”.

– Que sería una “3de3” obligatoria.

“Así es. Un poco lo que se ha impulsado es una ‘3de3’ en materia de combate a la violencia política de género, esto sería un esquema para generar un mecanismo de compliance dentro de los partidos políticos en el sistema electoral, estamos apenas en pláticas con el presidente Lorenzo Córdova y la consejera electoral Carla Humphrey para ir avanzando en esta materia”.

– ¿Qué sucede con todas esas cuentas del narcotráfico que se anuncian como congeladas, y posteriormente ganan ellos alguna suspensión y les son desbloqueadas? 

“En realidad, en cuanto a narcotráfico no tenemos gran problema en cuanto al descongelamiento de cuentas. En el caso de los cuatro asuntos más relevantes que hemos tenido en esa materia, ha sido el del Cártel de Sinaloa, que fueron 330 cuentas congeladas, incluyendo a familiares cercanos a ‘El Chapo’ Guzmán y ‘El Mayo’ Zambada, que lo increíble es que no estuvieran congelados. Después vino a del Cártel de Santa Rosa de Lima, ahí fueron 91 personas físicas y morales relacionadas con el cártel, y[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1605894589797{padding: 15px !important;background-color: #eaeaea !important;}”]

Senado concede a UIF congelar cuentas sin necesidad de orden judicial

El 18 de noviembre, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, agradeció a Ricardo Monreal Ávila y a Eduardo Ramírez Aguilar, presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva del Senado, que la Cámara alta aprobara la Ley de Instituciones de Crédito, ya que con ello, la institución a su cargo podrá agilizar casos y concretar el bloqueo de cuentas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o recursos de procedencia ilícita, sin necesidad de una orden judicial.

Días antes de la aprobación de dicha Ley, Nieto Castillo expuso a la Comisión de Hacienda de San Lázaro la importancia de avanzar en estas reformas, ya que México cuenta con 16 observaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para impedir que el lavado de dinero se introduzca en los sectores más vulnerables del país.

El mismo 18 de noviembre, con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno de la Cámara alta aprobó la llamada “Ley Nieto”, que otorga facultad a la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para ordenar el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial, cuando existan indicios de financiamiento al terrorismo o lavado de dinero.

Antes de esta aprobación se generó un enfrentamiento mediático y de facto entre Alejandro Gertz Manero y Nieto Castillo, titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF, respectivamente, por lo que tuvo que intervenir el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 13 de julio, pidió exista “amor y paz”, además de trabajo coordinado entre ambos.

Esto porque el fiscal afirmó el viernes 10 de julio, que la UIF no presenta pruebas suficientes en sus casos y quedan en declaraciones de carácter publicitario.

“Hay que buscar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado, los dos son personas profesionales, son buenos servidores públicos. Santiago es un agente con profesionalismo y un hombre recto. El fiscal es de primera, era lo que se necesitaba en estos tiempos, un hombre honesto, recto, serio, responsable, creíble; entonces ahí sí que es amor y paz”, señaló el mandatario nacional.

“Puede ser falta de comunicación, pero se resuelve cuando son personas de buena fe; ahora, cuando hay perversidad en alguna de las partes, pues es difícil o intereses creados, enfrentados, intereses personales o de grupo o que se representa a mafias, pues así nunca se logra la conciliación, pero aquí no es eso lo que está sucediendo” expuso durante su conferencia de prensa matutina.

En un debate con Edgardo Buscaglia -investigador de la Universidad de Columbia-, llevado a cabo por el medio digital Aristegui Noticias, Gertz Manero consideró que si la UIF no fundamenta sus proyectos, la FGR no puede obtener las pruebas, porque las unidades técnicas de la SHCP son las encargadas de hacer las investigaciones de carácter fiscal.

“Si Hacienda (UIF)  no funda bien sus proyectos de carácter penal y no presenta las pruebas suficientes, la FGR no tiene capacidad institucional para hacer pesquisas por su cuenta (…) Si estas denuncias no son más que declaraciones de carácter publicitario, evidentemente el que tiene la responsabilidad de desarrollar esas tareas no lo ha cumplido”, acusó el fiscal.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro.com.- Ramón Sosamontes – Foto: Juan Pablo Zamora/Cuartoscuro.com.- Rosario Robles

algunas más importantes fueron las cuentas relacionadas con la esposa, que llegaron a 35 millones. Un tercer caso fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, ahí fueron mil 963 personas congeladas sus cuentas, y el impacto económico fue de mil millones en ese operativo.

“Por otro lado, el último ha sido el caso de ‘Operación Zócalo’, donde se trabajó en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y ahí fueron un total de mil 356 cuentas, y el impacto fue de 475 millones de pesos lo congelado”.

– Del Cártel Jalisco Nueva Generación, de esas mil 963 cuentas congeladas, muchas ya les fueron liberadas.  

“En realidad, en el tema del cártel son menos, porque los jueces valoran el documento o solicitud de investigación o congelamiento de las autoridades norteamericanas, particularmente de la DEA, del FBI, el IRS, entre otras que han planteado este tipo de colaboración. Por otro lado, hay que resaltar que se trata de una jurisprudencia errónea que va en contra de los estándares internacionales”.

– Lo que ellos presentaron en sus juicios, que ganaron familiares de Nemesio Oseguera, fue que esa solicitud de Estados Unidos debían hacerla vía FGR, y FGR decreta el congelamiento de las cuentas, no la UIF.

“Es un tema, sí, fue lo argumentado, por eso hemos tenido recientemente un taller de sensibilización con los jueces, para explicarles que son las dos vías. La Recomendación Número 4 y la 38 de GAFI, de la que México forma parte, obliga a que el Estado mexicano tenga congelamientos digamos inmediatos e intercambio de información informal, así se denomina. No es que no sea jurídica, es jurídica, pero es un canal informal como el que tenemos. Y por otro lado está información formal, efectivamente es ante la Fiscalía General de la República, por asistencia jurídica internacional. Por ejemplo, con Estados Unidos y el Departamento de Estado y después el Departamento de Justicia, pero se trata de dos procedimientos distintos con marcos normativos distintos.

“En el caso de asistencia jurídica internacional, es el tema de procedimientos penales de la Fiscalía, y en el caso particular de la Unidad, es la Ley de Instituciones de Crédito la que permite el congelamiento, y por supuesto, el cumplimiento de los estándares internacionales a los que México se ha obligado”.

– ¿No hay una discrepancia con la FGR por estar invadiendo funciones del Ministerio Público?

“Ha habido tensiones, sin embargo, creo que lo importante es, con la independencia de las filias y las fobias de cualquier persona, que los grupos trabajen de manera coordinada, y tanto consejo consultivo como la Fiscalía General, con la Fiscalía Anticorrupción, se está trabajando en estos asuntos de manera coordinada, con reuniones periódicas, para judicializar en casos por ejemplo de Sosa Castelán, el del magistrado Adrián, el de Cártel Jalisco Nueva Generación, incluso el asunto del señor Lozoya. Son casos, asuntos que se están tratando de forma conjunta, Fiscalía General y UIF, para poder obtener los resultados que se han obtenido”.

– ¿Tiene Usted una buena relación con el fiscal?

“Tengo una buena relación con la Fiscalía”.

– No con el fiscal.

“No con el fiscal”.

– En el caso de Emilio Lozoya, cuando Usted tuvo ese caso en el pasado, estaba prácticamente listo para obtener una orden de aprehensión y ahora Lozoya está libre. ¿Cómo ve el manejo del Caso Lozoya en la FGR?

“Creo que habría que preguntárselo a la Fiscalía General de la República, yo hubiera actuado de una forma distinta, a razón de que hay que entender que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene criterio de oportunidad y permite la calidad de testigo colaborador. Sin embargo, para que se acredite esta calidad se requieren dos cosas: la información que se obtenga, y documentación que permita sostener una imputación contra una persona de mayor escala en la jerarquía delictiva o por conductas más graves a las que se le imputan a la persona. Creo que es importante el tema de Lozoya respecto a la eventual corrupción de senadores priistas y diputados panistas y priistas que recibieron sobornos para aprobar las reformas estructurales. Es un tema fundamental que hay que seguir investigando”.

– ¿Le han solicitado colaboración para investigar a estos senadores?

“Con la Secretaría de la Función Pública, sí. Me han solicitado información, hasta este momento la Fiscalía General de la República, no todavía, pero sí hay casos paralelos donde ya hemos presentado denuncias, como el caso de Caraveo y Lavalle, que es uno de los videos que aparecen. Y, por otro lado, hemos planteado, llevado asuntos ante la Fiscalía Anticorrupción, y estamos coordinados con ellos para que determinen las carpetas de investigación relacionadas con este caso. Me parece particularmente grave que en un país las reformas constitucionales tengan que ser aprobadas vía el soborno de los legisladores, porque eso es algo que no habíamos visto en México, a pesar de los niveles de corrupción que habíamos tenido en otros sexenios”.

– ¿Ve impunidad en este caso?

“Yo creo que el compromiso de la UIF es combatir la impunidad en este caso y en todos, y este es el compromiso además que tengo con el Presidente López Obrador. En mi posición personal, hay que seguir investigando a las 70 personas físicas y morales que aparecen en el documento del señor Lozoya para acreditar si los hechos que se les imputan son ciertos, pero eso no deja de lado que las seis denuncias que hasta este momento tenemos en contra de Emilio Lozoya y su administración, se queden ahí por la denuncia que él presentó, creo que más bien sería dentro de la carpeta de investigación. Es preciso señalar que la Unidad sigue como coadyuvante en este caso, se ha reconocido el carácter de ofendido en virtud de que la UIF es la entidad que garantiza, que tiene la calidad de bien jurídico tutelar, que es la economía nacional y la estabilidad financiera en este caso. Por tanto, encontramos algunas irregularidades con el sistema financiero y tenemos la obligación de denunciarlo, y eso nos da la calidad de ofendido.

“Qué tenemos que hacer: primero, estos intercambios con jueces y ministerios públicos, son fundamentales. Segundo, se tiene que avanzar en una política criminal de Estado, que vaya más allá de las visiones separatistas, la parte de ejecución, de prevención del delito, de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, forman parte de un todo homogéneo, no importa si es un órgano autónomo constitucional como la Fiscalía, si es un Poder como el Ejecutivo o un Poder como el Judicial. Todas estas instancias tienen que coordinarse, y la mejor manera de lograr resultados es con grupos de trabajo, transforces en cada una de las entidades que forman parte del modelo al combate a la corrupción, a la impunidad, a la delincuencia organizada”.

– Y en el caso reciente de “La Estafa Maestra”, con las declaraciones de Emilio Zebadúa, ¿también le han solicitado cooperación para investigar al ex Presidente Enrique Peña Nieto, o al ex secretario…?  

“Llevamos ya dos denuncias donde se incorporaban tanto Rosario Robles como Zebadúa, incluso Ramón Sosamontes vinculados con ‘La Estafa Maestra’. Estamos ahorita trabajando en la formulación de una nueva imputación respecto a otro contrato, y también hay que señalar que hemos encontrado el mismo modus operandi de Sedesol en Sedatu, que, en Pemex, la generación de empresas fachada para poder obtener el cien por ciento de los recursos a través de la contratación de asesores, esto vía universidades. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando. Y la otra vertiente pendiente es en el caso de Pemex, nos falta Fertinal, Astillero y Froilán, el colaborador de Lozoya. Y en el caso particular de Sedesol-Sedatu en la administración de Rosario Robles, estamos terminando una denuncia vinculada con la venta de terrenos federales a empresas con características de empresas fachada”.

– ¿Eso cuándo lo van a presentar?

“Antes de que termine este mes”.

– El último reporte de las autoridades federales indica que hay 39 cárteles en el país, de todos, ¿tiene información sobre lavado de dinero?

“Nosotros, de información dentro de la evaluación nacional de riesgo, es de 19 organizaciones delictivas de alto impacto”.

– Cuando se congelan las cuentas de los narcotraficantes y personas asociadas al narcotráfico, ¿se puede disponer de ese dinero? O es nada más inutilizado.

“Ese es un gran tema, estamos en constante comunicación con la Comisión de Hacienda del Senado de la República, para efecto que venga una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito y que con ello se permita que el dinero congelado que nadie reclama, particularmente las organizaciones criminales, pueda ser utilizado para la Tesorería de la Federación o el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En este momento, todos los recursos tenemos más de 7 mil millones de pesos congelados por esta administración, permanecen en el sistema de los bancos”.

– ¿Y cuánto de esos 7 mil millones no han sido reclamados? Porque habrá casos pendientes.

“Como 600 millones”.

– Y los otros están en juicios.

“En juicios o en garantías de audiencia”.

– Esta sería la reforma al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

“Varios temas. El primer tema sería que el procedimiento de incorporación a la lista de personas bloqueadas y el procedimiento de garantía de audiencia que hoy se encuentran en una disposición de carácter general, se subieran a la Ley. Yo creo que esto es correcto, además forma parte de la crítica que hizo la Suprema Corte de Justicia en una primera jurisprudencia de 2018, señalando que tiene que existir una reserva legal, tiene que estar en la Ley, cuando hay algún procedimiento para sancionar a alguien, a diferencia de los derechos que se pueden maximizar en cualquier grado del ordenamiento cuando van a restringir derechos, entonces, ahí tiene que hacerse solamente en una Ley aprobada por el Legislativo y publicada por el Ejecutivo.

“También estamos incorporando ahí la idea de que se puedan recuperar los recursos cuando nadie reclama o que cuando, si han sido congelados y denunciados, la Unidad pueda solicitar al Ministerio Público el inicio del procedimiento de extinción de dominio, que eso le corresponde únicamente al Ministerio Público, porque, además, constitucionalmente es el único que tiene la atribución. Es como una especie de darle vista al Ministerio Público para que actúe señalando que se ha congelado determinada cantidad de recursos para que ellos la puedan asegurar en serie ministerial y después se pueda decomisar, ya sea que se decomise o sea vía penal, o por extinción de dominio vía civil y se decrete la extinción de dominio”.

FOTO: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM.- Emilio Lozoya Austin

– ¿Hace falta alguna otra reforma?

“Muchas. México está en este momento en la cuarta ronda de seguimiento de GAFI, estamos en un estatus de seguimiento intensificado, es decir, no estamos en una lista negra, sin embargo, tenemos que presentar en diciembre de este año la solicitud de recalificación de las recomendaciones que tenemos como no cumplidas, que es una, y quince que tenemos como parcialmente cumplidas. Qué me preocupa de esto: que para que podamos presentar la recalificación de todas, se requiere una reforma legal que en este momento se encuentra en el Senado de la República desde hace más de un año y no se ha movido. Y en esa reforma legal, se están planteando el tema de personas políticamente expuesta, la identificación de los beneficiarios finales de los actos de corrupción o de delincuencia organizada; también el hecho de que pudiéramos revisar los fideicomisos cuando tienen como objeto una actividad vulnerable, en este momento solamente se revisa la constitución y modificación de fideicomisos.

“Se requiere también que se pueda establecer un delito de testaferro, que los sujetos obligados por actividades vulnerables, corredores, notarios, etcétera, puedan tener una auditoría interna, una auditoría externa, sistemas automatizados, de control, de gestión, de sus clientes y usuarios, y finalmente lo que se va a pedir es capacitación”.

– ¿Usted trabajó en esa reforma?

“Sí. Es básicamente para cumplir con las recomendaciones de GAFI. Si no se aprueba esa reforma, en vez de solicitar la recalificación de dieciséis, solamente vamos a poder buscar la recalificación de cinco”.

– Usted determinó que no había encontrado nada a Pío López Obrador…

“A ver, hay dos cosas que hay que señalar aquí: el primero, es que nosotros revisamos el sistema financiero, si el dinero está en efectivo o si no está en efectivo, salvo que lo metan al banco o compren algo como un coche, en efectivo, no hay forma de que se pueda rastrear por eso. Uno de mis temas también centrales en la Evaluación Nacional de Riesgo es que una de las vulnerabilidades más importantes del sistema financiero en el país es a un nivel de bancarización que tenemos. En el sexenio pasado teníamos 36%, en este momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, hablan que se ha aumentado el nivel hasta en 44% de personas que cuentan con una cuenta bancaria. Sin embargo, por cada mil habitantes tenemos unas mil 012 cuentas bancarias, a diferencia de Chile, que tiene por cada mil habitantes, 2 mil 800. Casi tres veces, o Argentina y Colombia, que están en mil 800, mil 500. O sea que podrían duplicar el caso mexicano, entonces, ese es uno de los temas centrales.

“Lo que yo vi en sistema financiero es una actividad poca de Pío López Obrador, depósito de 200 mil pesos, una camioneta comprada en 2013, si el dinero se movía en efectivo, digamos que no había forma que yo lo pudiera ver, eso por un lado. El segundo tema tiene que ver con la capacidad de la Unidad para poder señalar si hay un delito electoral o no. Lo que vemos es un tema de lavado de dinero, y lo que hacemos es revisar si hay triangulación de recursos, digamos pagos en exceso. Hemos tenido casos de actores políticos que de repente un tercero les paga una tarjeta de crédito por 60 millones, 80 millones, o empresas fachada terminan triangulando recursos para pagar tratantes. Nosotros lo que vemos es eso, si hay delito electoral o falta administrativa electoral, eso le corresponderá determinarlo al Instituto o a la Fiscalía. No tengo en este momento datos como para saber si ese dinero no fue registrado en Morena, si no lo registraron ante el Instituto Nacional Electoral, pues claro que van a tener una responsabilidad”.

– O sea, en el caso de la UIF no investigó el entorno del partido, o el de los comités de campaña de Pío López.

“Investigamos tanto a Pío López como a David León y todas las estructuras donde tocaban financieramente. Por ejemplo, tener contactos con el Gobierno del Estado de Chiapas, con flujo de efectivo, con transferencias a Canadá. Y esa, digamos fue nuestra investigación. Sí, evidentemente estamos también conversando con el INE, creemos que es una parte fundamental donde les podríamos ayudar por lo menos en dos vías, es revisar a los candidatos, y algo que hacemos en este momento, revisar a las empresas que contrataron los partidos políticos para ver que no haya triangulaciones con dirigentes partidistas, etcétera. Y tres, que me parece muy importante, que es violencia política contra las mujeres.

“Al final del día, con el nuevo modelo, la Sala Regional Especializada puede sancionar económicamente a los infractores, y creo que eso es un paso fundamental que podríamos aportarle al INE y a la Sala Especializada. los montos de la capacidad económica que tenga el agresor, cuánto dinero mueve la persona que haya cometido el acto de violencia política contra las mujeres”.

– ¿Se considera el justiciero de la 4T?

“No. Me considero una persona que quiere hacer cumplir la Ley en la 4T y antes de la 4T”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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