Un interesante revés dio el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) a la Secretaría de Hacienda dirigida por Rodolfo Castro, a quien otorgó un plazo de cinco días hábiles para responder una solicitud del autor de esta columna.
CachanillaZ intentó corroborar los dichos del gobernador Jaime Bonilla Valdez respecto a las facturas por 2 mil millones de pesos sin pagar, descubiertas cuando asumieron el poder y que no formaban parte de la entrega-recepción brindada durante la transición.
Publicidad
Por medio de una solicitud de transparencia con número 000082720, se pidió una copia de todos esos comprobantes de gastos, a lo que se respondió que tal información no se encontraba en poder de la dependencia y tendría que dirigirse a la Auditoría Superior del Estado, lo cual resultó raro, toda vez que esta es la que se encarga del manejo financiero de todo Baja California.
Previendo esta situación, también se le pidieron los mismos datos a la Auditoría, la cual respondió -evidentemente- que esa información era exclusiva de la Secretaría de Hacienda.
Al hacerle notar la respuesta de la ASEBC, la institución respondió que la solicitud era ambigua, por lo que se llevó a cabo un recurso de inconformidad atendido por la consejera Cinthya Denisse Gómez Castañeda en el mes de marzo.
Publicidad
Grata sorpresa fue la decisión de la funcionaria, quien determinó que Hacienda contaba con la documentación solicitada, por lo que revocó la respuesta del sujeto obligado y dio un plazo de cinco días hábiles para responder, el cual concluye hoy viernes 7 de agosto.
Ahora es cuestión de esperar para saber si la información que dio a conocer Bonilla es verdadera.
EL “TORTUGUISMO” DEL PODER JUDICIAL
Casinos, restaurantes, gimnasios y mercados sobre ruedas ya tuvieron luz verde para iniciar operaciones de manera casi regular, salvo por las medidas de protección de la salud establecidas en todos los giros. Sin embargo, el Poder Judicial sigue necio en mantenerse lo más inoperante posible.
Si de facto los procesos judiciales ya son lentos e ineficientes, con la pandemia originada por la enfermedad COVID-19, parece que les dieron un incentivo para empeorar el “tortuguismo” oficial. Comportamiento que ha provocado que incluso el gobernador arremeta contra el Poder Judicial, al que acusa de no querer trabajar pese a que ya se le giraron las instrucciones y medidas ideales para laborar en la denominada nueva normalidad.
Entre todas las transgresiones debido a su lentitud, hay uno que ha generado gran inconformidad: la suspensión del principio de máxima publicidad de las audiencias.
Uno de los principales ejes rectores del sistema acusatorio adversarial es precisamente la transparencia en los procesos judiciales, pero actualmente los juicios se llevan a cabo a puerta cerrada, argumentando que así evitarán la propagación del coronavirus.
Sin embargo, el Poder Judicial en realidad no ha buscado medidas alternativas para cumplir con uno de los principios más importantes, como llevar a cabo transmisiones de los procesos judiciales o ubicar a visitantes en salas vacías con sus respectivas medidas. No, los magistrados simplemente han decidido violar principios sin la mínima consideración.
Así se cumplen las leyes en el Poder Judicial.
REFERÉNDUM
Como es bien sabido, tanto el PAN como el PRD, además de grupos de las “Resistencias” y empresariales, se encuentran impulsando un referéndum contra la llamada Ley Gandalla, aprobada por el Congreso del Estado el 13 de mayo y avalada por tres municipios a través de la positiva ficta, que permite a los servidores públicos mantenerse en el cargo para buscar la reelección.
Impulsar una de las herramientas más democráticas que existen para medir la decisión popular sobre un tema de interés ha sido una labor intensa, sin embargo, todavía están algo lejos de la meta de reunir alrededor de 40 mil firmas para solicitarlo ante el Instituto Estatal Electoral, por lo que han comenzado a buscar alternativas.
Sin abandonar la recolección de firmas, los regidores Fernando Rosales y Héctor Ibarra Calvo analizan la posibilidad de solicitar un referéndum vía petición directa de dos ayuntamientos.
Aparentemente la intención es convencer a los regidores de por lo menos dos cabildos para obligar a que se someta a decisión popular este tema, y consideran que existe la posibilidad de que el Ayuntamiento de Tecate y Tijuana se les una, ya que el primero rechazó la propuesta, y el segundo, encabezado por Arturo González Cruz, ha mostrado su desagrado a la reforma, asegurando que sí él busca la reelección, lo haría separándose del cargo.
