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viernes, febrero 16, 2024
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Limpian camino al “Nalgón”

Conceden amparo contra orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud a Manuel Arturo Villarreal Heredia. Juez de Amparo le hace una serie de preguntas al juez de la causa, las cuales no tienen respuesta en la averiguación previa para establecer la pertenencia del “Nalgón” al CAF y cuál es su participación en los hechos imputados. El ex jefe de células de los Arellano Félix tramita otros juicios de garantías para no encontrar problemas legales al volver a México

Un juez federal de Guadalajara, Jalisco, concedió el amparo a Manuel Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, uno de los jefes del narcotráfico en México en la década pasada, antes que fuera detenido en aguas internacionales en agosto de 2006, al lado del capo Javier Arellano Félix “El Tigrillo” y condenado a 30 años de prisión en Estados Unidos.


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El amparo le protege de una orden de aprehensión dictada en su contra por un juzgador de Distrito de Toluca, Estado de México en 2006, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en la modalidad de fomento al narcotráfico y delincuencia organizada por su pertenencia a la organización que dirigían los hermanos Arellano Félix desde Tijuana.

Librarse de una de las tres órdenes de aprehensión que “El Nalgón” tiene en su contra en diversos tribunales del país, pareciera irrelevante tomando en cuenta que lleva preso casi 13 años y su condena en la Unión Americana es de 30 años; sin embargo, el propio criminal asegura tramitar este tipo de medio de defensa constitucional, pues está próximo “a obtener mi libertad”.

Según el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien concede la protección de la justicia de la unión a Villarreal Heredia, el juez de la causa que dictó el mandamiento de captura no precisa en lo individual cómo concluyó y con qué pruebas se acredita que el quejoso integraba, pertenecía o estaba vinculado con el CAF. También se duda cuál fue su participación en los delitos que se le imputan y cuáles son las pruebas que lo justifican legalmente.


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De acuerdo con las constancias que obran en la averiguación previa original, integrada en la causa penal 7/2006, Manuel Arturo Villarreal Heredia, “identificado como uno de los más sanguinarios ejecutores dentro de la organización de los Arellano Félix y ex líder de un grupo o célula delictiva, por lo que para su actuar ilícito trae como a cien personas trabajando para él, así como a sus subjefes”.

El Ministerio Público Federal integró como pruebas en la indagatoria: las declaraciones de diversos personajes rendidas ante un fiscal del fuero común del área de Homicidios Violentos en Mexicali, Baja California, los días 16 y 17 de noviembre de 2005 y el 26 de enero de 2006. También se anexaron documentales sobre la existencia de una agrupación de más de tres personas dedicadas a cometer delitos contra la salud y secuestros, que operaba dentro y fuera de la entidad.

Se anexaron las inspecciones ministeriales en las que se establece la existencia de armas de fuego, cartuchos, aparatos de comunicación (celulares y radios) y vehículos que fueron asegurados a miembros del CAF, así como actas de cateo practicadas en varios inmuebles (casas y negocios) los días 21 de diciembre de 2005 y 26 de enero de 2006. Se dio fe de documentos, armas de fuego, cartuchos y objetos que fueron localizados en las fincas cateadas.

De esa forma se acreditó que Villarreal y los miembros de su célula tenían la finalidad de colaborar al fomento en la comisión de delitos contra la salud perpetrados por la organización delictiva, teniendo como centro de operaciones la ciudad de Tijuana, en la que algunos de ellos, aprovechando su calidad de servidores públicos (policías), llevaban a cabo diversas acciones, consistentes en brindar seguridad y protección a los elementos del cártel para el traslado de drogas hacia Estados Unidos.

Sin embargo, como ya se adelantó, para el Juez de Amparo no se satisfacen los requisitos constitucionales para el dictado de una orden de aprehensión, y de esta forma expresó sus dudas al juez de la causa, a quien ordena la reposición de procedimiento para que conteste las siguientes preguntas con el análisis y razonamientos lógico-jurídicos que corresponden a su función:

1. Cómo concluyó y con qué pruebas se acredita que Arturo Villarreal Heredia (ahora quejoso) pertenece a la delincuencia organizada y que éste sea líder de un grupo o célula delictiva.

2. Qué datos incriminatorios se obtuvieron de cada una de las pruebas analizadas y valoradas, y cómo es que esos datos permiten la demostración de los elementos del cuerpo de los delitos estudiados.

“3. El estudio individualizado de cada uno de los elementos que integran los delitos imputados al quejoso y cuáles son las pruebas que resultan eficientes para acredita cada uno éstos.

4. Cuál es la participación del accionante de amparo en los antijurídicos de mérito, esto es, qué conducta desplegó y se le reprocha que actualiza su intervención en la comisión de los mismos; de igual forma, cuáles son los datos incriminatorios que se desprenden de cada elemento de prueba y cuáles de ellos son eficientes para la comprobación de la probable responsabilidad del aquí quejoso, pues sólo se resumió parte de su contenido, pero no se le dio a conocer qué datos o señalamientos existen en el proceso y cómo es que son eficientes para relacionarlas con los delitos que se le atribuyen”.

De esa forma el amparo concedido a “El Nalgón” ordena dejar insubsistente la orden de aprehensión dictada el 15 de febrero de 2006 y obliga al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, Estado de México, dictar una nueva resolución, contestando las interrogantes y analizando los puntos que el juez amparista formuló.

La concesión del amparo se extiende contra actos de ejecución que reclama el quejoso al procurador general de la República, subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, comisionado general de la Policía Federal y delegado estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de México.

Actualmente Manuel Arturo Villarreal se encuentra recluido en la prisión federal Sandstone en Minnesota, Estados Unidos, desde donde dirige su defensa en México a través de un despacho de abogados de Guadalajara, quienes han interpuesto demandas de amparo en Baja California, Estado de México y Jalisco en contra de diversas órdenes de captura que subyacen contra “El Nalgón”.

En su escrito genérico presentado en los Juzgados por sus defensores, el prisionero destaca: “Es el caso que el día 14 de agosto del año 2006, el suscrito ahora quejoso; fui interceptado por autoridades Norteamericanas en el Estado de Baja California Sur y trasladado a la Ciudad de San Diego, California, Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de una aparente investigación llevada a cabo en aquel país, razón por la cual en la actualidad me encuentro retenido en aquél país, a disposición de autoridades federales”.

Asegura que se le ha informado que varios jueces de distrito en Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, Mexicali y Ensenada lo reclaman con base en órdenes de captura dictadas en su contra, sin que conozca los delitos que presuntamente le atribuyen. Sus allegados le han dicho que en diversas fechas, policías ministeriales de investigación han rondado inmuebles de su parentela.

“Es el caso que el suscrito actualmente me encuentro recluido y próximo a obtener mi libertad y en una de las visitas de mis familiares (…) éstos me informaron que se han estado presentando al domicilio de mis padres, diversas personas armadas vestidas de civil, los cuales se identificaron como Agentes Federales de Investigación dependientes de la Procuraduría General de la República, los cuales manifestaron que andaban en mi búsqueda con el propósito de cumplimentar varias órdenes de aprehensión libradas en mi contra por Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales”, aseguró “El Nalgón”.

En Estados Unidos, Villareal Heredia fue sentenciado en 2008 por una Corte Federal de San Diego, California, a una pena de 30 años de cárcel como culpable de traficar cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos, ordenar algunos homicidios y pagar millones de dólares en sobornos a las autoridades. También fue condenado a pagar una multa de 5 millones de dólares. Previamente se declaró culpable de operar una sociedad destinada a hacer inversiones para lavar dinero proveniente de la venta de drogas. Su jefe, Javier Arellano Félix, con quien se le detuvo, también se declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua.

Otros juicios de amparo promovidos en favor del “Nalgón” contra órdenes de captura están pendientes de resolución.

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