En Tijuana, las parejas de presuntos narcotraficantes o damas independientes, reclaman la devolución de bienes asegurados por la FGR. Ruth Serrano Corona, esposa de Benjamín Arellano Félix, solicita le devuelvan una propiedad en la colonia Cacho Sur, asegurada desde 1993. A Socorro León Ojeda, indiciada desde 2004, le tienen congeladas ocho cuentas bancarias y ahora consigue un amparo para que la autoridad le resuelva. Una mujer pide que SEIDO le reintegre su residencia asegurada en investigaciones a célula de “Los Jabalíes” del Cártel de Sinaloa
Por lo menos tres mujeres, en representación de sus propios intereses o de algún tercero, luchan jurídicamente contra la Fiscalía General de la República (FGR) para recuperar bienes inmuebles asegurados de 26 años a la fecha, por presuntas actividades de tráfico de drogas ilícitas, delincuencia organizada o lavado de dinero en Tijuana.
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Así lo confirmó ZETA en los tribunales federales de Baja California, donde estas damas han reclamado el aseguramiento que diversas agencias ministeriales realizaron de forma “precautoria”, pero al día de hoy no han resuelto las averiguaciones correspondientes ni el destino que habrán de tener los bienes en poder de autoridades administrativas.
Entre quienes han interpuesto juicios de amparo para buscar la devolución de las que, aseguran, son sus propiedades, se encuentra Ruth Serrano Corona, esposa de Benjamín Alberto Arellano Félix “El Min”, actualmente recluido en una prisión federal de Estados Unidos, donde purga una condena de 25 años por cargos de crimen organizado y lavado de dinero.
Otra que se dice afectada por la actuación del Ministerio Público federal es Socorro León Ojeda, a quien fuentes periodísticas vinculan al viejo Cártel de Guadalajara, coaligado con el finado presunto narcotraficante José Contreras Subías en la década de los ochenta. Desde hace poco más de 15 años, la FGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le tienen aseguradas ocho cuentas bancarias, sin siquiera haber ejercido acción penal en su contra, ni descongelado sus activos.
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La más “nueva” de las quejosas es Deyanira Quinceno Córdoba, a quien la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), le aseguró una residencia a mediados de 2016, con el argumento de que el inmueble es producto o instrumento de delitos relacionados con la organización delictiva denominada “Los Jabalíes”, célula dependiente del Cártel de Sinaloa en esta frontera.
Hasta el momento ninguno de los reclamos ha tenido una resolución definitiva en Juzgados, siendo la señora Quinceno quien lleva la delantera, al haber obtenido un juicio de amparo para efectos de que el Ministerio Público federal deje sin efecto el aseguramiento de una casa en la Zona del Río Tijuana y se reponga el procedimiento para que se analicen debidamente las constancias de la indagatoria y se determine nuevamente sobre la procedencia o no de la medida cautelar.
LA MUJER DEL “MIN”
Pese a ser esposa de un capo, Ruth Lizeth Serrano Corona es una mujer alejada de los reflectores. Nada que ver con las consortes de diversos narcotraficantes. Siempre evitó a los medios de comunicación, pero tras la detención de su marido en marzo de 2002 en Puebla, y su posterior encarcelamiento en el penal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez, tuvo que protestar con familiares de otros reclusos ante las restricciones de visita para Benjamín Arellano Félix.
Fue efímera su aparición en público para reclamar un horario más amplio de visitas, después desapareció del mapa. En 2004 señalaron al “Min” de mangonear la disciplina de la cárcel federal asociado con Osiel Cárdenas Guillén, preso líder del Cártel del Golfo, y en abril de 2011 fue extraditado a la Unión Americana. De la esposa ya no se supo más.
En mayo de 2019, Ruth Serrano se hizo presente en los tribunales para reclamar actos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de la FGR. Su demanda fue radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales de Tijuana.
El acto reclamado es “la inconstitucionalidad e ilegalidad del aseguramiento precautorio y disposición respecto del bien inmueble de mi propiedad identificado como Lote número 4, de la manzana 3, colonia Madero Sur (Cacho), Zona Centro de esta Ciudad”. Los hechos datan de 1993, semanas después de registradas las primeras investigaciones del homicidio del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de ese año, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
A Serrano Corona de Arellano le fue concedida primero la suspensión provisional y posteriormente la de carácter definitivo para que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten materialmente otros actos” en tanto se resuelve el juicio de garantías.
De acuerdo con la escritura pública número 101,034 de fecha 18 de septiembre de 1987, pasada ante la fe del Notario Público Número 2 de Tijuana, el inmueble asegurado fue adquirido por Ruth Serrano a la señora Gloria Macías Corona de Muriel.
Ruth Serrano reclama propiedad en la Colonia Cacho.
En el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Baja California, destaca que el aseguramiento del inmueble deriva del expediente 1384/1993, emitido por un agente del Ministerio Público federal, adscrito a la Dirección de Control de Bienes Asegurados, de la entonces Procuraduría General de la República, relacionado con una investigación de un hecho presuntamente ilícito.
El juez de amparo ya solicitó de las autoridades señaladas como responsables, los respectivos informes justificados; en tanto, la quejosa autorizó para oír y recibir notificaciones en su nombre a dos personas de apellidos Durán y Peregrino.
LAS OCHO CUENTAS
A Socorro León Ojeda, las autoridades le investigan desde hace más de tres décadas y a la fecha parece que no le encuentran conducta ilícita, pues no le han ejercitado acción penal ni le resuelven la averiguación previa en la que la implican desde 2004, cuando aseguraron sus dineros disponibles en ocho cuentas bancarias en sucursales de esta frontera.
Por lo anterior, esta mujer, cuya supuesta vinculación delictiva solo se menciona en dos notas publicadas por la versión digital de la revista Proceso, acudió ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales, tras haberse cansado de solicitar a la FGR informes sobre su situación legal y la liberación de sus cuentas bancarias aseguradas.
La dama reclama de la FGR y sus fiscales, conductas omisas que le producen consecuencias jurídicas y violación de sus derechos humanos al dejar en permanente indefinición la averiguación previa desde hace 15 años, “esto es, la omisión de diligencias tendientes a resolver en lo sustancial y no de mero trámite administrativo, la determinación ministerial que resuelva lo conducente a dicha indagatoria”.
La peor parte para la quejosa, es el aseguramiento respecto de bienes de su propiedad, entre estos las referidas cuentas bancarias –tres de la institución Scotiabank Inverlat, dos de Banco Santander, una de BBVA Bancomer y otras dos de Banorte- a pesar que “he aportado los elementos de prueba que permiten acreditar la licitud de mi conducta”, relacionada con actividades financieras y los recursos monetarios hoy congelados, de los que no puede disponer.
Cuando presentó su primer juicio de amparo en 2004, la protección constitucional le fue negada porque se estimó que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de la PGR, estaba facultada para realizar el aseguramiento precautorio. Hoy, a tantos años de distancia, pareciera que la hoy Fiscalía olvidó el asunto.
Sin embargo, la unidad especializada dependiente de la SEIDO ha respondido que se ha pretendido obtener la declaración de León Ojeda en calidad de indiciada, dentro de la averiguación previa que se instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no ha sido posible su comparecencia, pues al parecer vive en Estados Unidos, hasta donde se han efectuado actuaciones.
En vista de lo anterior, el juez de amparo concedió a Socorro la protección de la justicia de la unión para efecto de que la FGR realice las diligencias necesarias y desahogo de pruebas para que resuelva en un plazo inmediato lo que ha derecho proceda, respecto del ejercicio o inejercicio de la acción penal y se pronuncie respecto del destino al aseguramiento de las cuentas bancarias.
Ante el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio Público de la Federación, un Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali, resolvió confirmar el otorgamiento del amparo a la mujer respecto a los actos precisados.
DE “LOS JABALÍES”
En diversas acciones realizadas por la entonces Procuraduría General de la República durante 2016 en Baja California y Sinaloa, fueron aseguradas residencias y vehículos presuntamente relacionados con la organización criminal identificada como Cártel de Sinaloa, concretamente con la célula llamada “Los Jabalíes”, quienes operaban en esta ciudad en actividades de narcotráfico y tráfico de migrantes.
Uno de los inmuebles cateados, y a la postre asegurados, fue el ubicado sobre Calle Canadá número 27, interior 32 del condominio River House de la Tercera Etapa del Río Tijuana. En su fachada quedó el clásico sello en calcomanía de la FGR con la leyenda “Asegurado”, dentro de la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITA/038/2012.
La persona que se ostenta como propietaria y ha presentado documentos que acreditan su dicho para reclamar la devolución del inmueble, es Deyanira Quinceno Córdoba, quien a la fecha realiza trámites administrativos y recursos judiciales para conseguir su objetivo. Lo que ha conseguido es la reposición del procedimiento de un juicio de amparo promovido ante el Juzgado Segundo especializado en la materia en Tijuana, demanda presentada desde 2017, pero que ahora pareciera comenzar de nuevo.
Deyanira reclama del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la SEIDO, FGR, la orden de cateo y el aseguramiento que se llevó a cabo el 8 de diciembre de 2016 en la referida casa, donde se localizó una bolsa negra de plástico con marihuana.
La mujer presentó como prueba de su calidad jurídica una escritura pública del 19 de julio de 2016, expedida por el Notario Público Número 3 de Tijuana, inmueble sujeto a un crédito hipotecario con la institución bancaria HSBC. Teme que sea desposeída de su propiedad y que las autoridades la enajenen, subasten, la den en comodato o se realice cualquier otro acto que le cause daños de imposible reparación.
La SEIDO confirmó la existencia del acto reclamado, pues la finca fue asegurada luego de ejecutarse la orden de cateo 354/2016 -actualmente 88/2017-III- del índice del Juzgado Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República. Ahí, un fiscal señala que es cierto el aseguramiento de una investigación “(…) que se sigue en contra de integrantes de la cédula delictiva denominada ‘Los Jabalíes’, perteneciente a la organización denominada ‘Cartel de Sinaloa’, por el delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea, cuya zona de operaciones son los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California”.
