Si los funcionarios públicos leyeran el artículo 8º de la Constitución seguramente en la República Mexicana se evitarían un mundo de marchas, plantones y destrucciones al equipamiento público. Y quizá en CDMX las vallas que rodean el Palacio Nacional ya no serían necesarias, como se han vuelto definitivas en tiempos de la 4T. Antes que la convirtieran en residencia personal del presidente en turno, era un orgullo recorrer sus pasillos y disfrutar de las obras pictóricas y museos que ahí estaban. Ojalá lo regresen al público.
Desde la secundaria sabemos que el octavo constitucional obliga a funcionarios y empleados públicos a respetar el derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la república. A toda petición deberá recaer un acuerdo de la autoridad a quien se haya dirigido.
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Un grupo de ciudadanos ha presentado el 1 de junio, en la Coordinación de Gabinete de Mexicali, una petición de audiencia a la gobernadora. El asunto es urgente, pues se trata de activar el Consejo Estatal de OSC que ordena la Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social. El mismo que fue paralizado, por cuenta del entonces gobernador Bonilla, en el Tribunal de Justicia Administrativa. Un Consejo que funcionó desde el 2001, integrado por consejeros ciudadanos y gubernamentales. El primero que funcionó en la república.
Para los que critican el pasado, muchos de los hoy funcionarios brincaron al grupo Morena para, quizá, recuperar derechos perdidos en sus propios partidos. El Consejo hoy paralizado, exige transparencia, rendición de cuentas y distribución equitativa de los apoyos financieros que anualmente se deben destinar a los OSC. Desde este gobierno la decisión ha quedado en manos de quien ocupó la Secretaría de Bienestar, Netza Jáuregui. Acaba de salir, seguramente regresará. Ojalá que antes, la gobernadora conceda la reunión solicitada.
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Nota 1. Idealmente, todos los legisladores del actual Congreso local deberían leer la Ley mencionada. Pues debe cumplirse; ahí está reunida la experiencia, el trabajo y el mejor ejemplo de que cuando se quiere, ciudadanía y legisladores pueden trabajar uniendo coincidencias. Eso sucedió para dar vida a esa Ley de Fomento. Dos legislaturas y más de 200 dirigentes de la Sociedad Civil trabajaron juntos por esa ley.
Nota 2. No se duda que esa petición a la gobernadora presentada el 1 de junio, ni siquiera le haya llegado. Hay funcionarios que no funcionan o se toman atribuciones que perjudican a sus jefes.
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Nota 3. Entre tanto tirador para los relevos, ojalá traigan propuestas por la unidad entre ciudadanía y gobierno. Baja California ganaría.
Luz Elena Picos es directora de Red Social de Tijuana.
Correo electrónico: [email protected] www.lagacetaredsocial.com
