Juzgadores y administrativos adscritos
a los Centros de Justicia de Mexicali,
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levantaron la voz para denunciar las
cargas excesivas de trabajo y las
condiciones de los inmuebles en los que
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se desempeñan. De los 2 mil inicios que
llevaban a cabo en 2010, la PGJE remitió
en 2018 más de 6 mil, y se espera que el
presente año concluya con 7 mil 100
juicios. Para la diputada Victoria Bentley
y el abogado penalista Benjamín Almanza,
es un indicio del “colapso” del Sistema
Acusatorio Adversarial
A casi nueve años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en Mexicali, los datos arrojan que estaría al borde del “colapso”, si no es que ya llegó a ese nivel. De los 2 mil casos que recibían en 2010, en 2018 quedaron registrados 6 mil 219 inicios, y, según las estimaciones de los primeros meses, este año se superará la barrera de los 7 mil, lo cual debe ser atendido por 21 jueces.
Dichos datos fueron obtenidos en un documento de diez páginas, fechado el primero de abril con número de oficio SJPO/126/2019, el cual fue firmado por 21 jueces y un funcionario administrativo del Centro de Justicia Penal en Mexicali. El destinatario es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Salvador Ortiz Morales, y la finalidad consiste en exigir atención urgente a lo que ocurre en las salas penales de la Capital del Estado.
A resumidas cuentas, los 21 jueces firmantes expusieron las condiciones desfavorables y prácticamente de abandono que ha sufrido la implementación del NSJP, tanto en personal como en infraestructura, por lo que requieren la habilitación de por lo menos seis jueces más de turno vespertino especializados en juicios orales, donde se ha dado el principal rezago, pues la mayoría de los encargados de la impartición de justicia en la Capital de Baja California, son del área de Control.
Para la diputada Victoria Bentley Duarte, el NSJP está “colapsando” y responsabiliza a la falta de atención que otorgó el Estado para el otorgamiento de recursos, pues pese a que el trabajo se acumula en los Juzgados, los recurso económicos se mantienen al mismo nivel.
Por su parte, el abogado Benjamín Almanza, aseveró que el “colapso” del sistema es una consecuencia de la mala política criminal que reflejan las autoridades, y aunque consideró que se requiere más dinero para solucionar el problema inmediato, el anuncio del Gobierno Federal no luce prometedor en ese sentido, pues la tendencia indica que recortará los presupuestos.
LA QUEJA FORMAL
Aunque los 22 funcionarios judiciales son respetuosos, los datos proporcionados dejan en evidencia una severa falta de atención por parte de los magistrados, consejeros, diputados y del Poder Ejecutivo, quienes a fin de cuentas, son los responsables de todo lo administrativo, económico y procesal que existe en el Poder Judicial.
El documento de diez hojas está firmado por el administrador judicial Marco Pérez Núñez; el juez coordinador Fernando Serrano; los jueces Ruth Esperanza Álvarez Fuentes, Gerardo Aceves Salazar, Ana María Elías González Rosas, Sara Perdomo Gallegos, Luciano Angulo Espinoza, Héctor Cortez Peña, María de los Ángeles Espinoza, Patricia Moreno Galván, Sandra Sofía Rubio Díaz, Dora Leticia Contreras Salazar, Gerardo Anguiano Ceja, Manuel Guillermina Cuevas Tapia, Cenaida Tafolla González, Hilda Maritza Morales Mercado, Rocío Margarita Arce López, Bernardino Ahumada González, Salvador Montoya Gómez, Ricardo Mendoza Ortega, Alma Angélica Duarte Orozco y Juan Salvador Morones Pichardo, quienes solicitan atención urgente al tema.
En la exposición de motivos, refieren que cuando se implementó el NSJP en 2010, se prometió que la carga laboral incrementaría solamente el 3 por ciento, lo cual ocurrió durante los primeros años hasta llegar a 2014, cuando se dispararon los casos.
Aunque no lo establece, el cambio de administración en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue el factor determinante, ya que la política de mediación se redujo sustancialmente y las judicializaciones comenzaron a incrementar.
Según la tabla expuesta por los jueces, de los 2 mil casos que recibían en la pasada administración, en 2014 iniciaron 3 mil 575, para 2017 subió a 5 mil 162, y para 2018 aumentó a 6 mil 219; las mismas estimaciones sugieren que se alcanzarán los 7 mil 100 para 2019, lo que representaría una cifra del 200% más de lo planeado.
Esto no ha venido acompañado de presupuesto ni de incremento de personal, pues el NSJP en Mexicali se inició con apenas 18 jueces de control y ninguno de juicio oral. En la actualidad se contabilizan 21 jueces, los cuales prácticamente atenderían alrededor de 300 casos por año, lo que ha provocado una saturación en las 15 salas con las que se cuenta.
De manera paralela se requieren transcriptores, administrativos de ingreso de causa y notificadores. Estos últimos tienen que entregar hasta 24 documentos diarios, lo que resulta prácticamente imposible, retrasando los juicios sobre todo cuando las personas no se encuentran.
En la queja también reclaman las condiciones de los edificios, como ejemplo señalan el mantenimiento que no se ha dado a los aires acondicionados de los Centros de Justicia.
Como solución, el grupo inconforme solicitó el apoyo de seis jueces más, además de uno extra especializado en ejecución, cuyo trabajo se enfocaría al turno vespertino, lo que permitiría sacar adelante el trabajo que se encuentra en este momento. Sin embargo, reconocen que para un funcionamiento óptimo, requerirían algunos más.
Agregaron que durante los primeros meses del año en curso se han registrado 49 juicios orales, de los cuales un porcentaje considerable se agenda después de las tres de la tarde.
NSJP ESTÁ “COLAPSADO”: ABOGADO
Para Benjamín Almanza, abogado especialista en materia penal, el sistema acusatorio está “colapsado” debido a la alza incidencia delictiva que se registra en la Capital del Estado. Esto ha provocado un retraso importante en los juicios, lo cual termina siendo contradictorio con el NSJP.
Para el penalista -quien también es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas-, la culpa no es del sistema, sino de una mala política criminal que se ha implementado en Baja California, la cual queda exhibida a través de la saturación de Juzgados.
Agregó que el sistema es benévolo, pues permite llevar muchas acusaciones en libertad y brindar segundas oportunidades. Sin embargo, esto se ha tomado como un pasaporte para volver a delinquir.
Es por ello que las dos aristas para solucionar el problema consisten en dotar de mayores recursos para las salas penales por parte del Congreso del Estado, y definir una política criminal orientada a la educación y el combate a las adicciones.
A dichas soluciones, Victoria Bentley Duarte, recién afiliada al grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, sumó la socialización de la mediación como manera de solucionar conflictos, y así no llegar a juicio oral, pues de continuar con esa dinámica, la situación sería insostenible.
Aunque remarcó que el Poder Ejecutivo no ha facilitado mayores recursos, invitó al magistrado presidente, Salvador Ortiz Morales, a solicitar una ampliación presupuestal, recabando dichas exigencias de los operadores del sistema.
“Desde que se presentó dijo que había ciertas áreas de jueces; necesitamos nuevos Juzgados Familiares y Juzgados Mixtos, y esto obviamente no se ha dado porque el presupuesto de Gobierno del Estado es muy corto, de mil millones, cuando ellos pedían mil 400 millones de pesos”, asentó la diputada.
Como medida urgente, el Poder Judicial debería buscar la manera de apoyarse en el refinanciamiento de la deuda para adquirir alguna cantidad de recursos extraordinarios, con el objetivo de reforzar sus puntos débiles.
En su opinión, no solo se trata de los Juzgados penales, sino los civiles, los cuales requieren cuatro más, además de habilitar mixtos en diversas partes de Baja California. Sin embargo, parece que no habría modificaciones a su favor.
PREOCUPA POSIBLE COLAPSO DEL NSJP: SALVADOR ORTIZ
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Salvador Ortiz Morales, se sumó a la inconformidad de sus representados: “Yo había propuesto tres nuevos jueces como mínimo para Mexicali, porque es el Partido Judicial que se inconformó, ocupamos más notificadores, otros cinco por lo menos y personal que apoye a los jueces, como en la tarde cubrir y dar más respuestas. Entiendo la situación, ahorita veíamos educación y salud, pero también pediría que volteáramos al ver el tema de justicia. Ocupamos más recursos para atender mejor”, aseveró el funcionario, reconociendo además que los aumentos anuales al presupuesto de justicia han sido minúsculos.
La situación ha llegado a tal grado que documentaron casos de personas que estuvieron detenidas con una medida cautelar de prisión preventiva, pero fueron liberados porque no se había podido dar inicio a sus juicios. Sin embargo, llevan el proceso judicial.
Entonces debieron realizar modificaciones en los tiempos y la forma de administrar las audiencias para que esto no volviera a ocurrir.
Según Ortiz Morales, en próximas semanas solicitarán una ampliación presupuestal al Congreso del Estado, para la cual aún no tienen cifra, ya que los estudios no han concluido.
