Eliminan orden de aprehensión contra socio mayoritario de Altisa, abogado acusa de corrupción a agentes del MP y a Subprocurador

Foto: Archivo.- Brandon, sobreviviente del accidente de Altisa, ocupa ayuda de por vida.
 
Ezenario lunes, 15 abril, 2019 01:00 PM

Recientemente se dio a conocer que a petición de dos agentes del Ministerio Público, una Jueza de Control, Leticia Larrañaga, eliminó una orden de aprehensión girada contra Víctor Eduardo Sevilla, socio mayoritario de la empresa de transporte masivo Altisa, por un accidente que cobró la vida de 11 personas en el año 2016.

Jorge Escárcega, abogado del joven Brandon Morelos –sobreviviente del accidente-, afirmó que interpondrán una demanda por corrupción y/o negligencia contra las agentes del ministerio público, María Magdalena López García y Marcela Sandez Tello, esta última quien pidió “con el favor de Dios” se eliminara la orden de aprehensión en contra de Sevilla, porque ahora ya estaba dispuesto a pagar el daño.

“Con todo el respeto que se merece, pero el señor Subprocurador es un doble cara, dice una cosa y hace otra. Él fue personalmente al tribunal a ver el amparo (de Víctor Sevilla), ¿Quién hace eso?”, sostuvo Escárcega.

Añadió que es sabido que a una figura moral o empresa no se le puede meter a la cárcel, es por esto que la orden de aprehensión que se desprendió del caso estaba girada contra el socio mayoritario de Altisa.

Acusó que el Subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Álvarez Mendoza, es responsable de actos de corrupción, dado a que tiene información de que el funcionario mantiene una dinámica de pagar a los agentes del Ministerio Público por actuar de manera que se favorezca a ciertos personales, como es el caso de Sevilla.

El día de la audiencia, que se realizó de manera extraordinaria el pasado 12 de marzo, de haber sido voluntad de las abogadas la Jueza de Control hubiera tenido que pedir la reparación del daño, “y no estamos pidiendo más que lo que marca la Ley que es el mínimo para cada víctima, y en el caso de Brandon es el salario mínimo de un trabajador, porque él ya no se va a poder mantener por sí mismo”, dijo.

Y continuó: “Y esto lo hicieron por dos cosas, puede ser negligencia, o puede ser corrupción”, afirmó que procederán legalmente en contra de las fiscales que solicitaron retirar la orden de aprehensión.

Hasta el momento, argumentó que Sevilla no les ha ofrecido ningún tipo de compensación, ni le han visto intención de reparar el daño más allá del depósito 300 mil pesos para los familiares de una de las víctimas y le escuchó decir en los tribunales que los afectados “están pidiendo las perlas de la virgen”.

Por su parte el mismo Subprocurador, Álvarez Mendoza, declaró que este es un caso único en Baja California y en el país, ya que no existe un precedente a nivel nacional donde se proceda penalmente contra una empresa como tal.

“Este es uno de los únicos asuntos, en los que a nivel nacional, se ha ejercitado acción penal en contra de una persona moral. Incluso éste es un tema novedoso que vino en el 2016 con una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales”, dijo.

Anteriormente no era posible proceder penalmente en contra de una empresa, añadió, y en esta ocasión se hizo con el fin de avanzar en materia de impartición de justicia.

“En el caso de Sevilla se libra una orden de aprehensión, no tanto como persona física sino como representante de una persona moral. En este tipo de delitos no se busca la cárcel porque no se puede encarcelar a una empresa”, añadió.

Lo que sí se busca, afirmó, es que se compense el daño causado a las 11 víctimas fatales, monto que asciende a 800 mil pesos aproximadamente, y el gasto relacionado con el tratamiento médico de Brandon.

Admitió que se han visto lentos en conformar la carpeta de investigación contra Altisa, precisamente por ser el primer caso que realizan en contra de una empresa y porque los delitos a los que faltó la empresa son de tránsito, que terminaron en víctimas fatales incluyendo al chófer de la unidad.

Desconoce por qué Altisa esperó 2 años para tratar de llegar a un acuerdo con los deudos, por lo que ahora toca verificar que cumpla en los tiempos estipulados y que se entregue lo correspondiente por Ley a cada víctima o a sus familiares.

Fue el 12 de octubre de 2016 cuando la unidad 290 de la empresa Altisa transitaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario del bulevar García, en el fraccionamiento KeCasas, para impactarse contra otro vehículo lo que derivó en el fallecimiento de 11 personas y la invalidez física de un joven que quedó parapléjico, así como otras personas lesionadas.

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