La clase política mexicana no destaca por sus capacidades tanto como por ser producto de sus conexiones, padrinazgos, negociaciones, acuerdos. Vaya que al gobierno, a las entidades de legislación, justicia, supervisión, no siempre llegan los más preparados, sino los mejor conectados… o los “amigos de”.
Ejemplos hay muchos y en todos los gobiernos. En el ámbito nacional, así como en su momento el Presidente Enrique Peña Nieto llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dos abogados ciertamente preparados, pero sin carrera judicial que los avalara para dicho encargo, como fueron Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, de igual forma el hoy mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador sentó hace unos días en una silla de la Corte a la abogada Yasmín Esquivel Mossa, quien sin negarle la preparación -fue magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, entre otros cargos-, llegó a su posición actual por ser amiga del Presidente. Además, es esposa de José María Riobóo, uno de los principales asesores de López Obrador, y una de las mentes detrás de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.
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No nos equivoquemos, si en este país en el Senado de la República hicieran verdaderamente su trabajo al entrevistar a quienes reúnen los requisitos para ser nombrados miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá de sus nexos de amistad con quienes encabecen el Poder Ejecutivo, ni Medina, Ortiz o Esquivel, serían ministros.
Pero a los personajes que concentran el poder les gusta “poner”, designar representantes de su ideología o intereses en áreas fuera de su alcance jurídico, pero dentro de su círculo de poder marcado, en este caso, por el presidencialismo que aun con Movimiento Regeneración Nacional, se respira en este país.
En Baja California la situación no es distinta. La diferencia en estos momentos es que con el gobernador al final de su sexenio, y ante las pobres condiciones en que tiene las finanzas del Estado y a la propia administración pública, Francisco Vega de Lamadrid no es más el todopoderoso, ni trae el Congreso a su servicio como en los primeros años de su administración. Ya no tiene la capacidad para “poner” a su antojo a personas en cargos de la administración pública de Baja California.
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Esa “facultad” la comparte con quienes debe negociar para, en algunas áreas, “salirse con la suya”. Por ejemplo, si lo que busca es impunidad, habrá de pactar con quien lo sucederá en el cargo. Si lo que quiere es quién le cuide la espalda una vez fuera del gobierno, negociará algunos nombramientos con los actuales diputados.
En esa condición se encuentra hoy la administración de Baja California. A propósito, para negociar y repartirse posiciones, están acordando entre partidos y gobierno cuatro designaciones: Auditor Superior del Estado, Fiscal General del Estado, Comisionado de los Derechos Humanos, y una magistratura -por lo menos- en el Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
En ese contexto, con un disminuido gobernador a quien persigue el estigma de la corrupción y la mala administración, ya se han repartido las posiciones. A saber, dicen que a la diputada priista -por alguna razón que solo ellos conocen- le corresponde “poner” a quien será responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Así, aun sin conocer quiénes reunirán los requisitos de la convocatoria, quién será a la luz de las entrevistas públicas y la experiencia profesional, la persona mejor preparada, Ríos señalará con el dedo y “pondrá” a quien suceda a Melba Adriana Olvera.
Atender la convocatoria y acudir a las entrevistas, será un espectáculo montado para cumplir con la forma de la designación, que quedará a capricho de una diputada que pronto dejará de serlo, pero seguirá manteniendo un coto de poder al tener en su haber el “yo te puse” en la CEDH, que le servirá para colocar a allegados o lucrar con los derechos humanos, afectando a una institución que debería -como lo está ahora- ser dirigida por una persona cuyo único interés es servir.
En el mismo sentido, aseguran que quien “pondrá” al próximo magistrado del Tribunal Superior de Justicia, será el diputado panista Carlos Torres Torres, porque así se acordó en la insana negociación legislativa y gubernamental. Así las cosas, dicen que quienes han atendido la convocatoria y aprobado los exámenes, bien podrían ir dejando de sentir nervios por si serán considerados o no, a menos que se llamen Marcelino y se apelliden Zepeda Berrelleza, pues tal es el nombre de quien está en las querencias del diputado Torres para convertirse en magistrado.
A cambio de “ceder” esas posiciones, el disminuido gobernador está intentando apropiarse de los nombramientos de Auditor Superior y Fiscal General del Estado, pues con ello pretende asegurar la tranquilidad futura al comprar impunidad, “poniendo” en esas posiciones a aliados que no lo persigan por los malos manejos financieros, los desvíos de recursos y los actos de corrupción por los que ha sido señalado tanto por integrantes de la sociedad civil como por la Auditoría Superior de la Federación.
El “yo te puse ahí” tiene un costo, pues resulta en impunidad, en poder corruptor para quien “pone” y en compromisos para quien es “puesto”.
Desafortunadamente para el ejercicio del gobierno y la independencia de los poderes que conforman el Estado, las negociaciones basadas en la corrupción, sea para ocultarla o para utilizarla como moneda de cambio, los procesos de selección para integrar organismos autónomos o de otros poderes, son una farsa.
Las decisiones basadas en el “yo te puse ahí” laceran a las instituciones e impiden que los mejor preparados lleguen para beneficio de los ciudadanos. Podrían pensar que con el voto se elegiría mejor para que esto no suceda, pero vaya, pasa con el PRI, con el PAN y ahora con Morena. La única solución parece la de siempre: la denuncia ciudadana, la manifestación de la sociedad civil.
