Subastan bienes del “Teo” y “El Muletas”

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Edición Impresa lunes, 3 diciembre, 2018 01:00 PM

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes anuncia subasta de un inmueble relacionado con “El Muletas” en el Ejido Matamoros, valuado en 2 millones 140 mil 956 pesos. En junio pasado fue subastada otra propiedad en la colonia Río Tijuana, en casi 2 millones de pesos. En próximo evento comercial se incluirá la residencia asegurada en 2010 al “Teo”, en La Paz, BCS. Las alhajas decomisadas a Carlos Gamiño “El Karateca” también fueron vendidas en subasta de julio último

Hace casi cuatro años, un juez federal declaró procedente la acción de extinción de dominio en contra de casas y terrenos afectos al presunto narcotraficante Raydel López Uriarte “El Muletas”. Hace cinco años, el mismo juzgador desapoderó a Teodoro García Simental “El Teo” y sus testaferros de un inmueble en Baja California Sur. A tanto tiempo de distancia, el Gobierno Federal -hoy dueño de los bienes- apenas les da destino a través de sus subastas mensuales.

De esa manera, un inmueble que perteneció a presuntos testaferros del “Muletas”, en el Ejido Matamoros en Tijuana, fue anunciado durante octubre en la subasta que habrá de realizarse dentro de unos cuantos días; en tanto que otro lote será anunciado en fecha próxima y se tiene el dato que otra propiedad ya fue vendida en julio pasado.

Por su parte, la residencia asegurada al “Teo” tras su captura en La Paz a principios de 2010, también será incorporada a las ofertas del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), luego de varios meses de tardanza en el avalúo correspondiente, aunque por el momento se guarda en el sigilo el monto que deberán ofrecer los postores.

De las alhajas incautadas y que fueron “ganadas” a Carlos Gamiño González “El Karateca”, también en procedimiento de extinción de dominio, autoridades dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron que fueron subastadas en julio último y encontraron compradores.

Estos datos de los presuntos miembros del Cártel Arellano Félix (CAF) que perdieron sus juicios de extinción de dominio se conocieron luego que el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Ciudad de México, requiriera a las diversas dependencias implicadas en administrar los bienes que pasaron a ser propiedad gubernamental y de darles destino.

Foto: Archivo.- Raydel López Uriarte, “El Muletas”

Y es que sí los procedimientos de extinción de dominio son tan escasos como lentos, el destino final de los bienes muebles, inmuebles y productos financieros de los que se desapodera a la delincuencia organizada es incierto, y las sentencias dictadas hace ya varios años aún no son ejecutadas en su totalidad, pues la mayoría de los bienes no tienen un acomodo definitivo.

De los cientos de bienes subastados por el SAE -organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios-, sólo unos cuantos los transfiere la Procuraduría General de la República (PGR) como activos que son instrumento, objeto o producto de delito.

 LAS PROPIEDADES DEL “MULETAS”

La finca anunciada en subasta y que perteneció a Raydel Rosalío López Uriarte o sus testaferros, es la ubicada en la calle 7, número 47, Lote 1, manzana 32, Zona Urbana, Ex Ejido Matamoros en Tijuana. Consta de terreno y construcción. Fue incluida para su venta en la Licitación Pública de Bienes Inmuebles (subasta a sobre cerrado) LPBI 10/18, cuya convocatoria se publicó el 8 de octubre reciente.

Las instalaciones y obras complementarias del inmueble tienen una superficie de terreno de 1,582.00 metros cuadrados y 335.40 metros cuadrados de construcción. El precio base de venta está tasado en 2 millones 140 mil 956 pesos y la convocatoria tiene como fecha de fallo el 26 de octubre de 2018.

Entre las bases se menciona que debió aportarse un anticipo del 25 por ciento del precio total de la venta a más tardar el 1 de noviembre y la liquidación del 75% restante se saldará antes del 14 de enero de 2019.

El juez especializado en extinción de dominio requirió al coordinador jurídico de Bienes Inmuebles del SAE para que informara sobre las acciones que se han realizado para la venta del inmueble en mención y de otros dos relacionados con la sentencia 4/2013, donde se decretó la adjudicación de los bienes en favor del Gobierno Federal.

De esa forma, la Coordinación de Comercialización de Bienes Inmuebles, dependiente del organismo descentralizado, informó que de acuerdo con respuesta de la Coordinación de Postventa, ya fue vendido el inmueble localizado en  la Avenida Río Mississippi número 61, sección 6472, Paraíso del Río, Tercera Etapa, también identificado como lote 61, manzana 49, Colonia Zona Río Tijuana. La venta se realizó en la Licitación Pública LPBI 05/18 del 1 de junio de 2018, cuya postura original fue de un millón 979 mil 667 pesos.

Sobre el tercer bien inmueble relacionado con “El Muletas” y que se localiza sobre la calle Circuito Misión San Miguel sin número, y/o Circuito Misión San Juan Capistrano, lotes 46 y 47, manzana 132, Fraccionamiento Misión del Mar en Rosarito, Baja California, el SAE informó al juzgador que “ya se encuentra comprometido para venta, por lo que será incluido en algún evento comercial”; es decir, en próxima subasta.

Si bien, los inmuebles señalados no eran propiedad de López Uriarte, ex jefe de células del Cártel Arellano Félix (CAF), sus dueños o prestanombres permitieron que en ellos se realizaran actividades delictivas. Además, durante los cateos realizados en 2010 luego de la detención del “Muletas”, se localizaron dentro de los domicilios armas de fuego, cartuchos, dos paquetes con marihuana, 16 vehículos, caballos y otros objetos que resultaron fruto del crimen organizado.

En este caso, el Ministerio Público actor demostró la existencia de un hecho ilícito que se vincula con los inmuebles afectos al juicio, mientras los demandados, a quienes correspondía desvirtuar esa ilegitimidad, no aportaron elementos probatorios eficaces para ello. El 6 de noviembre de 2014 se decretó la procedencia de la extinción de dominio, resolución confirmada en segunda instancia el 27 de enero de 2015.

 LA CASA QUE FUE DEL “TEO” EN LA PAZ

Durante su aprehensión, ocurrida en 2010, a Teodoro García Simental “El Teo” le fueron asegurados 400 mil pesos en efectivo y una residencia en La Paz, Baja California Sur. Ambos bienes los “perdió” por la procedencia del juicio de extinción de dominio 9/2012 en el Juzgado especializado en la materia en Ciudad de México y único, con cobertura en toda la República Mexicana.

La finca es la ubicada en el número 710 de la calle Pez Vela, lote 24, manzana 101-013-113, Colonia Fidepaz. Tanto el dinero como el inmueble pasaron a ser propiedad del erario federal por sentencia dictada el 12 de agosto de 2013 y confirmada por un Tribunal Unitario en Materia Civil el 22 de noviembre siguiente. A la fecha permanece bajo custodia del SAE.

Intrigado por el destino del bien, desde mediados de año, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, solicitó al coordinador jurídico de Bienes Inmuebles del SAE, informar qué ha pasado con la propiedad. La respuesta mes a mes, era que la Coordinación de Valuación de dicho organismo ya realizaba los avalúos correspondientes. Después de la demora, se sabe que del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales ya entregaron los dictámenes del inmueble, aunque no ha trascendido el valor.

El juzgador está enterado que los dictámenes de la finca de la calle Pez Vela fueron entregados a su vez a la Coordinación de Comercialización de Bienes Inmuebles, por lo que volvió a requerir al coordinador jurídico de Bienes Inmuebles para que -a la brevedad- informara al órgano jurisdiccional “las gestiones relativas a la enajenación del bien raíz materia del presente juicio, lo anterior, para estar en oportunidad de proveer lo relativo al cumplimiento de la ejecución de la sentencia definitiva”.

Cuando el 1 de agosto de 2012, el Ministerio Público federal ejercitó la acción de extinción de dominio ante el juez de distrito especializado en contra de Diego García Simental, también conocido como Eduardo y/o Teodoro García Simental “El Teo”, también fueron demandados dos empresarios, presuntos prestanombres.

Desde el penal de máxima seguridad Altiplano, García Simental contestó mediante escrito que era una falacia que fuera el dueño del inmueble, consistente en casa y terreno. Dijo no tener el derecho de propiedad que se le atribuía, pues sólo disfrutaba de la posesión por arrendamiento de la finca. Sobre el dinero asegurado, aceptó era suyo, pero que tenía procedencia lícita producto de la actividad comercial de compraventa de carros a la que se dedicaba. Sus codemandados, los empresarios, no contestaron la demanda.

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En ese entonces, peritos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) estimaron que el valor comercial del bien raíz, que contaba con alberca, era de 8 millones 771 mil pesos. El juez resolvió que las pruebas aportadas por el Ministerio Público federal, básicamente las imputaciones en diversas causas penales, demostraron que el dinero y el bien inmueble “son producto del delito de delincuencia organizada, con fines de cometer delitos contra la salud”.

 

LAS JOYAS DEL “KARATECA”

Quizá el caso del presunto líder de células del CAF, Carlos Gamiño González “El Karateca”, sea el más rápido en ejercitarse acción de dominio en el mismo año de su captura. El 26 de febrero de 2016 fue atrapado por policías federales y el 16 de junio siguiente ya se había solicitado un juicio para desapoderarle en definitiva de las joyas que él y uno de sus coacusados llevaban al momento de la captura.

Las alhajas, valuadas en 255 mil 665 pesos con 25 centavos por peritos de la PGR, pasaron a manos del Gobierno Federal por sentencia dictada el 5 de enero de 2018. Y por informes recibidos por el juez de extinción de dominio, por parte del Administrador Titular Jurídico de Bienes Muebles y Abandonados del SAE, se conoció que fueron comercializadas mediante la subasta presencial SMM05/18, de fecha 31 de mayo del año en curso.

Queda pendiente de ser informado el monto obtenido de la venta de dichos bienes, ofertados a un precio inferior al valuado en 2016. Se trata de un lote integrado por cinco piezas: por una esclava Rolex de 14 quilates, un collar tipo esfera de 14K y un anillo de 14K, con peso total de 147.8 gramos, se solicitaron 31 mil 700 pesos. Un reloj Rolex modelo Oyster Perpetual Submariner, caja y pulso fabricado en acero oro amarillo, fue cotizado en 110 mil pesos. Y finalmente, un reloj Rolex modelo Oyster Perpetual/Date Just, caja y pulso en acero y oro amarillo, en una postura inicial de 36 mil pesos.

Carlos Gamiño González, quien también utiliza el nombre de Edgar Navarro Aguilar y los alias “El Cinta Negra” y/o “El Zapata”, junto con su coacusado Alan Fernando Gamiño Moreno, alegaron que los bienes asegurados eran de su propiedad y los habían adquirido producto de su trabajo, pues ambos se reputaron como empresarios transportistas con ingresos en moneda americana.

“El Karateca” declaró ser dueño de un negocio de tracto camiones por los cuales tenía un ingreso mensual que le permitía un buen nivel de vida. Sin embargo, su dicho y el de su coacusado no fueron sustentados con algún medio de prueba para acreditar que contaban con los recursos necesarios para la adquisición lícita de las joyas; por el contrario, al ser detenidos en posesión de metanfetaminas, el juez estableció que tales bienes son producto de delitos contra la salud.

El impartidor de justicia consideró que ambos estuvieron en posibilidad de  ofrecer las pruebas correspondientes, como podría ser el alta de Hacienda por la prestación de servicios de transporte, exhibir declaraciones de impuestos o constancias de retenciones de salarios, contratos de trabajo, o bien algún otro medio de convicción que permitiera establecer la licitud que alegaban.

Cabe mencionar que Gamiño González aceptó que el anillo de oro con un escudo en su parte central y en los laterales una rama, era de su propiedad, aunque precisó, no se trataba de una rama, “sino un símbolo masónico”.

Actualmente, entre las pocas propiedades obtenidas por el Gobierno Federal en juicios de extinción de dominio, destacan en subasta dos inmuebles: uno ubicado en la calle Nogal número 124 de la colonia Floresta en Veracruz, asegurada a miembros del Cártel del Golfo en 2009; y un rancho denominado “El Centenario” en el poblado de Llano Grande, municipio de Jilotepec, Estado de México, decomisado a otra organización criminal en 2011.

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