Conductores de Uber reportan por lo menos seis
detenciones de miembros de esa empresa que
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han sido brutalmente bajados de sus autos,
golpeados e insultados por agentes del Ministerio
Público. Entre octubre y noviembre se
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interpusieron 80 quejas ante la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos en contra de
instituciones de seguridad por abuso policiaco,
lesiones y privación ilegal de la libertad. El
gobernador Carlos Mendoza Davis reconoce haber
platicado con el procurador al respecto, con éxito
“en algunas investigaciones que se han hecho”
“Sólo pude ver dos unidades, un pick-up y un automóvil blanco, la mayoría traía el rostro cubierto, me pararon y me apuntaron con el arma, me bajaron y me dieron dos cachetadas. Me pegaban en los pies, pero pues ahí no se notan las marcas, me quitaron todas mis pertenencias y esculcaron el auto, la verdad me preocupé porque no hice nada y me bajaron a la fuerza”, declaró Juan Manuel, un conductor de la plataforma Uber en La Paz.
Sin deberla ni temerla, los choferes son sometidos, arrestados y tirados al suelo para revisar las unidades; las lesiones, las agresiones verbales y las malas condiciones en que dejan los vehículos, nadie las quita, aunado a las amenazas en caso de abrir la boca, “porque te va a ir mal”.
El trabajo de prevención de delitos de alto impacto, está justificado en la búsqueda de droga y armas, y es cuando policías ministeriales abusan de las insignias para golpear y detener arbitrariamente a conductores de Uber.
“A mí me bajaron a la fuerza, se me cerraron y me gritaron que me bajara, una vez abajo yo les decía qué traían, no me respondían, sólo me hablaban con groserías y que me callara a la chingada; me preguntaban dónde está la droga y les decía que qué droga y me cacheteaban. Me pusieron un pie en la espalda y esposas apretadas, me voltearon el carro patas arriba y no encontraron nada”, denunció Alberto “N”.
“Después de ese incidente me voy de inmediato a mi casa, el carro tuvo que pasar por él el del otro turno, me sentí ultrajado, pero no soy el único: hay seis compañeros más que han sido agredidos por ministeriales, ellos en busca de ‘narcos’, supongo, pero no justifica cómo llegan y te tratan, abusan de la gente y quizá hasta inocentes tengan detenidos”, refirió el chofer.
Con la publicación del criterio de interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la legislación procesal penal nacional, “se abrió un enorme boquete al bloque constitucional de protección a los derechos fundamentales de los residentes del territorio nacional, pues se otorga el aval a las fuerzas de seguridad pública para inspeccionar arbitrariamente a personas y vehículos. Ya no se requiere la existencia de una orden judicial previa para ello, será suficiente que a criterio del agente de la fuerza policial, en el caso exista una ‘sospecha razonable’ o flagrancia”, refiere el abogado penalista Arturo Rubio Ruiz.
Agentes de seguridad demandan un trato digno de los superiores, pero son ellos los primeros en violar los derechos humanos de las víctimas
En el último mes, conductores de Uber reportaron por lo menos seis detenciones de compañeros que han sido brutalmente bajados de sus autos, golpeados e insultados, para al final simplemente recibir una disculpa.
“Bastará la aplicación de un criterio subjetivo para violar impunemente el derecho humano a la presunción de inocencia, la privacidad, la intimidad y la libertad de tránsito. El nuevo paradigma otorga a la fuerza policial una facultad propia de regímenes totalitarios y arbitrarios y significa un grave retroceso en el proceso de construcción de un Estado democrático en el cual los derechos fundamentales cuentan con máxima protección jurisdiccional y exigencia legal de respeto irrestricto”, remató el abogado.
No sólo choferes han sido agredidos, hay múltiples casos de brutalidad policial. Durante los meses de octubre y noviembre hubo 80 quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, gran parte en contra de instituciones de seguridad por abuso policiaco, lesiones y privación ilegal de la libertad.
“Así como en el siglo pasado se estandarizó el justificar una detención por ‘actitud sospechosa’, ahora se pretende burlar la exigencia convencional y constitucional, con la premisa ‘sospecha razonable’, que al igual que su predecesora, carece de parámetro objetivo de evaluación. Pareciera una maquinación entre los poderes para ‘justificar’ con una perorata oficializada, las detenciones arbitrarias. Y es que resulta más sencillo enarbolar esta ‘legitimación’, que ocuparse de capacitar a las corporaciones para privilegiar la investigación técnica científica y respetuosa de los derechos humanos”, lanzó Rubio Ruiz.
FABRICAN CULPABLES
“Por qué se hizo esta injusticia con mi hijo, me dicen las madres; vinimos hace aproximadamente un año, un año y medio, varias personas estuvimos aquí mismo parados cuando estaba el anterior procurador, y pues que se nos iba hacer justicia, no se hizo, el licenciado Carlos Mendoza, nuestro gobernador sí sé que le dio instrucción frente a nosotros al anterior procurador, de que revisara los expedientes. El procurador manda un oficio o algo así, al pueblo, con el delegado y que suba al Facebook a toda la gente que se estaba quejando”, asegura Gemima Hernández, de la asociación civil Sólo por Ayudar, respecto a la presión que tuvo Erasmo Palemón Alamilla Villeda de los ciudadanos, para que desistieran al ser evidenciados y recibir amenazas por parte de cuerpos de seguridad.
La encomienda de éstos, así como de ministerios públicos y jueces en la Zona Norte del Estado, en las comunidades de Guerrero Negro y Santa Rosalía en Mulegé, ha sido muy clara: “meter chamba” a costa de inocentes.
“Nunca se les hizo justicia, presentamos con ellos y presentamos las IFE, las quejas, las pruebas de corrupción, de funcionarios de la Zona Norte que pedían dinero a las personas y frente al procurador presentamos a esas personas, señalando ‘él me pidió esta cantidad’ al licenciado Rogelio Gámez, ‘uno de ellos es ese licenciado’ señalándole de frente, y hasta ahorita nada; cuando pasamos al presidente del Tribunal, licenciado Daniel Gallo, el asunto, resulta que se extraviaron esos expedientes esas quejas”, recordó la activista.
Tan claro ha sido el abuso de los servidores públicos que se encargan de la justicia, que en el caso de José Alejandro Lucero López, recluido en el penal de Santa Rosalía primero por secuestro agravado y por complicidad, fue inculpado por otro delincuente, como si éste fuera el líder de la banda. Audiencias después, llegaron con el testigo para declarar en su contra.
Fotos: Cortesía.- Juan Bautista Moyrón Echeverría, encargado de Despacho Presidencia CEDH / Gemima Hernández de la Asociación Sólo por Ayudar presentó 11 expedientes a trece internos del CERESO
“Me encuentro recluido en el Cereso de Santa Rosalía Baja California Sur por el delito de secuestro agravado, y después de dos audiencias por el delito de encubrimiento, el detalle es que el afectado a mí no me involucra en los hechos”, dijo el afectado José Alejandro
La señora Gloria Smith también alzó la voz, pues afirma que su hijo fue obligado por policías ministeriales a declararse culpable por un delito agravado que no ocurrió como tal.
“Mi hijo estuvo preso por un delito que sí cometió, pero no fue tan grave como dicen los ministeriales, a mi hijo lo golpearon, le quemaron sus genitales, y después de tres años salió con beneficio, pero los agentes lo acosan y molestan”, expuso.
Esta serie de injusticias han sido denunciadas ante el procurador, el Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura y a la fecha no hay atención.
Debido a las denuncias, la representante de Sólo por Ayudar ha sido amenazada y víctima de atentados en su contra, como quedó establecido en el expediente NUC: GN/285/2017.
“A mis niños pequeños les fueron, en patrullas, a tomarle fotografías, todo eso está asentado en la amenaza, intimidando con mensajes, me quemaron parte de mi casa, hay muchas cosas que he sido víctima y el señor procurador tiene por enterado muchas de estas, yo desde ahorita digo que si algo me llegara a pasar a mí o mis hijos, responsabilizo totalmente a las autoridades ministeriales de Guerrero Negro y a algunas de Santa Rosalía, principalmente al licenciado Rogelio Gámez”, denunció Gemima Hernández.
Acusado por múltiples delitos, según el Ministerio Público Rogelio Gámez y el Juez Mixto de Primera Instancia, Martín Mendoza López, Jesús Antonio Hernández Cordero fue imputado por cinco delitos bajo los expedientes 253/2014; 282/2014; 685/2015; 277/2014; y 263/2014. Aunque la Defensoría de Oficio dijo que era inocente, el resultado fue el mismo.
“Se están fabricando culpables, definitivamente tenemos pruebas de eso, no estamos hablando por hablar, tenemos las quejas, las pruebas y comprobadas. A Jesús Antonio Hernández Cordero en la parte de arriba aparecen algunos números de expediente de él, son cinco. Los dos primeros, de acuerdo con su defensora de oficio, lo tuvo que absolver, dice la defensora de oficio, porque se lo dijo a su hermana y a su familia, porque no había ningún elemento en contra de ese muchacho; el segundo, lo tuvo que reclasificar porque no había elementos en contra de ese muchacho, los últimos tres están por la misma situación”, planteó Hernández.
El enjuiciado envió una carta al procurador Daniel de la Rosa Anaya, argumentando haberse encontrado “en Mexicali trabajando, cuando me trasladan a Guerrero Negro por delitos cometidos en 2014 y 2015. Es totalmente falso, de 2013 a 2017, estaba cumpliendo delitos en sumarios, la propia defensora de Oficio manifiesta atropello total a mis derechos”.
La representante de Sólo por Ayudar reiteró:
“Los inocentes totalmente están dentro, créame, tengo años en esta área, le aseguro que un 60 por ciento de los presos son inocentes, incluyendo gente que sí es culpable por otros delitos, pero irónicamente no está por esos delitos que hicieron, están por otros más grandes que no hicieron, no cometieron, se los pusieron estando dentro, así cómo los van a cometer. Principalmente hay gente que no tiene a nadie en la vida, que viene del interior de la República y están solos, algunos hablan hasta dialectos”.
Otro de los casos es el de un empleado de oficina de un centro de rehabilitación en Guerrero Negro, acusado por golpear y dar muerte a un interno, cuando ni siquiera tenía contacto con ellos. Se trata de Daniel Alexis Camacho, con número de expediente 141/2017.
El homicidio se cometió tras un castigo, en el que amarran pies y manos a los internos agresivos, los empiezan a golpear y los dejan por muchas horas o un día entero; “el muchacho muere porque le dan una patada mal, lo ven los que estaban ahí en la área, de los que están en guardia, Alexis Camacho era de oficina, él no tenía nada que hacer allá, él comprobó su inocencia, lo llevó ante el juez Martín, quien dijo ‘no puedo porque es mi criterio’”, manifestó Hernández.
El abuso de la fuerza por agentes de seguridad, homicidas y narcomenudistas están libres
Lo peor de todo es que “lo sentenciaron a 12 años de prisión y está ahí, apeló, ¿sabe qué contestó el juez? ‘No se preocupe señora Gemima, váyase a apelación, ya sabe que ahí va a salir’, eso no es justo”.
Algunos de los internos del penal que buscan que sus casos sean revisados y enviaron una carta a las diversas autoridades, incluido el gobernador Carlos Mendoza, son Franco Urubuei Sandoval Murillo y Gibrán Martín Romero Castillo, expediente 11/215; Juan Gabriel Urías Fuerte y José Alejandro Lucero López (14/2016); Alexis Daniel Camacho Contreras (141/2015); Gabriel Alejandro Madrigal Romero (20/2015); Narciso Ernesto Megua Romo (44/2015); Emilia García Amador (170/2011); Miguel Ángel Hernández Molina (178/2013); Gustavo Alonso Martínez López (122/2015); Antonio Limón Morales (67/2015); Víctor Manuel Gómez (120/2015); y Jesús Antonio Hernández Cordero (253/2014, 282/2014, 685/2015, 277/2014 y 263/2014).
MÁS FUERZAS DE SEGURIDAD
“La idea de crear la Guardia Nacional, implica que todas las fuerzas de Policía Federal, más la Policía Naval, más la Policía Militar, se conviertan en integrantes, lo que está ocurriendo es que se están reorganizando todas esas fuerzas para ponerlas bajo un mismo mando y redistribuirlas”, explicó el gobernador de BCS, Carlos Mendoza Davis, al instalar la Mesa de Seguridad del 7 de diciembre y presidida por el Ejecutivo del Estado y representantes de todas las fuerzas de seguridad en la entidad; así como el coordinador de programas federales, Víctor Castro Cosío. Durante.
Lo novedoso en estas nuevas mesas de seguridad es la participación de la sociedad, representada en estos casos por nuestro amigo el contador Fabricio González como representante de la sociedad civil y por el encargado de despacho de la Comisión de Derechos Humanos, que habrán de dar seguimiento y por supuesto aportar desde su perspectiva, las voces que son necesarias hacia situaciones encargadas de la materia de seguridad”, refirió Mendoza.
En el marco de dicha instalación, se habló de ciudadanos que han tomado justicia por propia mano tras ser víctimas de robo, y tras una minuta aprobada en el Senado de la República, existe la posibilidad de que pueda haber prisión preventiva a quien incurra en el delito de robo.
“El Senado de la República aprobó una minuta donde se incorporaron una serie de conductas delictivas en el catálogo de delitos que admiten la prisión preventiva, en el Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio, de corte garantista, la lógica es que la gran mayoría de los procesos se sigan en libertad y no en privación de la libertad como ocurría antes, pero en esta corrección se están construyendo nuevos delitos que van a permitir prisión preventiva durante el proceso. Es una medida que lleva simpatía y atiende la situación que se está viviendo en el país”, declaró el mandatario estatal.
Respecto a la Guardia Nacional, confirmó que aún no se tiene conocimiento de su operación, sin embargo, reiteró que en Baja California Sur hay un número suficiente de elementos de Fuerzas Armadas.
“He estado platicando con el Procurador sobre estos casos, y hemos tenido éxito en algunas investigaciones que se han hecho”, puntualizó.
MINISTERIALES, LOS MÁS VIOLENTOS
De cerca se revisan los temas de abuso policiaco en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en BCS, precisamente la institución que más ha sido denunciada es la Policía Ministerial por diversas acusaciones como “privación ilegal de la libertad” en los meses de octubre y noviembre; el Ministerio Público va de la mano, con 17 abusos denunciados contra la Ministerial y 10 de parte del MP, 27 quejas de 73 en los últimos dos meses. Esto es, 37% de las violaciones a los derechos humanos las cometen estas dos ramas de la justicia.
“Actualmente tenemos varias quejas, unas 40, 50 quejas relacionadas con abusos de autoridad, detenciones arbitrarias o ilegales de parte de policías, ya sea de la Municipal, Estatal o Ministerial del Estado; de estas tres corporaciones, la de mayor número de quejas es la Policía Ministerial”, refirió el encargado de despacho de la Comisión, Juan Bautista Moyrón.
El más recurrente es la desaparición forzada, que lamentablemente las corporaciones de los tres niveles son acusadas de cometerlos, además de privar de la libertad, incomunican a la víctima y retienen contra su voluntad.
Familiares detenidos arbitrariamente e inculpados por delitos que no cometieron
“Cuando se excede no en el uso de la fuerza y no hay motivo aparente para hacer la detención, a lo mejor no hay un delito flagrante, no hay una falta administrativa y el policía llega a detener a la persona sin tener ningún elemento para hacerlo, ahí se puede estar configurando un abuso autoridad y si lo trasladas a otro lugar, o se puede estar dando lo que es la detención arbitraria o ilegal; no puede ser legal porque no tiene ningún fundamento no para hacerlo”, indicó Moyrón.
La Comisión reconoce que no se han empleado los procedimientos adecuados para detener a presuntos responsables, es cuando se cometen las violaciones a los derechos y por ende, se entorpece un caso.
“Tenemos quejas relacionadas con desaparición forzada de personas, ahí pueden ser elementos de las tres corporaciones antes mencionadas, que se da el caso de que se prive de su libertad durante unos días y no se le dé ninguna información a los familiares, ha sido una de las quejas más comunes, sobre todo en agosto, julio, fue cuando mayor queja recibimos de personas detenidas así. Claro que las familias se encontraban muy preocupadas de no saber dónde estaban sus hijos, sus hermanos o padres de familia”, remató.
POLICÍAS, CON PERMISO DE VIOLENTAR LA LEY
“En cuanto a las recomendaciones, desafortunadamente ahorita la comisión no cuenta con un área enfocada se las recomendaciones, cada visitaduría, ya sea general o regional, se encarga de hacer las recomendaciones, ese punto lo estoy revisando ahorita con el Consejo de la Comisión para que podamos hacer un área de recomendaciones, que se un área específica, que pueda hacer el proyecto, la recomendación y el seguimiento a éstas”, detalló el encargado de despacho de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
Entre abusos de poder, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas y lesiones, todas ante el amparo de la Ley, suman 60 denuncias.
Y es que la CEDH está impedida para emitir una recomendación, al no contar con recursos y personal suficiente. En la última semana se registró la denuncia de una ciudadana que fue privada de la libertad, “el detalle es que la única ayuda que se pudo tener fue comunicarla con sus familiares, ni siquiera una recomendación, ya que eso lleva tiempo, sin embargo, los mismos oficiales de nuevo la amenazaron y hoy vive con temor; hemos recibido a la afectada y estamos revisando su situación, desde luego no queremos que esté expuesta a algún delito, mucho menos por un servidor público. La investigación de la procuraduría también es para conocer de fondo y brindar protección al ciudadano”, respondió Daniel de la Rosa Anaya, procurador General de Justicia en el Estado.
Miembros del Consejo de la CEDH confirmaron que se pretende contar con personal única y específicamente dedicado a emitir recomendaciones y que apoye en revisar cada uno de los casos y personal en materia jurídica, con el fin de brindar la atención que el ciudadano demanda y merece.
En el desglose de quejas recibidas ante la CEDH, destaca que las policías son las que mayormente violan los derechos de los ciudadanos:
Hasta el mes de noviembre se tiene conocimiento de la recepción de 778 expedientes, los cuales están en revisión por parte de la CEDH.
LA LEY DEL MONTE EN MULEGÉ
“Estoy pasando por este caso de injusticia desde hace siete meses con mi hijo Yoani Eduardo Moreno Lázaro, que injustamente me lo acusaron. Es en contra de una menor, una violación que no se llevó a cabo, ya se hicieron las pruebas correspondientes y pues salió negativo, fue una relación consensuada, si fue así, ¿por qué tanto tiempo está mi hijo allí encerrado, detenido? No lo entiendo, las autoridades donde están, pedí auxilio a derechos humanos también, quiero el apoyo de las dependencias correspondientes, porque es una injusticia”, es la consigna de María Arcelia Lázaro González, madre de un joven que está pagando algo que no hizo.
Según la denuncia recibida, la violación no se consumó, sin embargo, la menor de 16 años no pudo decir ante el Juez que no fue violada, las propias autoridades la obligaron a desistir de cambiar su declaración.
“La joven acudió a retirar la denuncia, dijo que ellos ya no quieren saber nada, que es falso el delito. No sé quién era la jueza en turno y le hablaron, la metieron a su privado para que hiciera otras declaraciones, entonces por qué abusan de su título, para amedrentar a las personas y decirle ‘si retiras esa declaración, donde dices que, no es cierto, que él es inocente y que lo dejen libre, te vamos a meter al reformatorio, donde no vas a ver a tus padres’”, lamentó la madre del joven.
La CEDH emitió una recomendación en contra del ayuntamiento de Mulegé y su policía municipal por abusos
El detalle es que los oficiales han amenazado a la familia, por ello María Arcelia acudió al Palacio de Gobierno en busca de Carlos Mendoza Davis.
“Quiero también protección para mi familia, porque no es el primer caso de amenaza, de ultraje, de abuso de poder en Mulegé. Es en contra la injusticia no nada más de mi hijo, hoy lo hacemos por él, pero hay que ver por los que vienen atrás de las injusticias; he estado yendo a ver a mi hijo, nos damos cuenta de las personas que están injustamente encerradas, privadas de su libertad, ¿dónde está derechos humanos nacionales e internacionales y los estatales, dónde están?”, lanzó la denunciante.
La CEDH dio respuesta con una recomendación emitida al gobierno municipal de José Felipe Prado Bautista, en calidad de presidente municipal de Mulegé; así como al Teniente de Navío, José Francisco Estrada Calvillo.
El expediente CEDHBCS-VA-VIZC-MUL-005/2017 indica que José “N” y Santiago “N” fueron víctimas de violación al trato digno, violación al derecho a la integridad y seguridad personal, violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, ejercicio indebido de la función pública, detención arbitraria, retención ilegal, incomunicación, lesiones, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública.
Los elementos de la Policía Municipal responsables son Sebastián Olea Reyes, José Leyder Macías Santiago, Carlos Jesús Romero Castro y Jonathan Reyes Saldaña.
La CEDH revisa el caso de cada uno de los ciudadanos que han manifestado abusos en su contra, de ahí que se pretenda establecer el área de atención a quejas y emisión de recomendaciones y brindar atención inmediata a la ciudadanía.
