El ulular de patrullas fue la constante ese sábado 7 de enero en Rosarito, Baja California, tras el operativo encabezado por la policía federal para desalojar a los manifestantes quienes durante cuatro días y medio –desde la noche del 2 de enero–, habían permanecido en “un bloqueo pacífico” de la salida vieja de la planta de PEMEX, ante el aumento del 20 por ciento a la gasolina.
Pacíficos también los ciudadanos que se plantaron a la entrada de la estación La Rosita en Mexicali por el alza de la gasolina, y los que desde el domingo 8 de enero han marchado a la Aduana de Tijuana y liberado el paso de Estado Unidos hacia México. Tranquilas también las marchas de la Célula 686 que el fin de semana pasado recorrieron la zona costa por la corrupción de los diputados y la aprobación de la Ley de aguas y el aumento en el precio de este líquido. Y quienes han abierto el paso de las casetas de cobro a manera de protesta.
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Contrario a lo ocurrido en otros estados de la República, los comercios en ninguno de los cinco municipios bajacalifornianos fueron víctima de los saqueos, aunque no faltaron los incitadores anónimos que a través de las redes sociales invitaron a robar, o mintieron hablando de saqueos en diversas tiendas.
No, los bajacalifornianos no atendieron a provocaciones vulgares, porque su lucha, y su indignación era…es, genuina, racional y con fundamento, contra el aumento de la gasolina, el agua, la luz, que desencadenará los incrementos en otros productos y la inflación.
“Es que no se trata de eso”, respondió con desespero una de las manifestantes reprimidas en Rosarito, “…queremos que le bajen a la gasolina y lo pedimos de manera pacífica”.
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Pese a que la mayoría de los manifestantes pugnaban por la no violencia y el respeto a su derecho para reclamar un mejor gobierno, funcionarios no corruptos y un precio más bajo del combustible el agua y la luz, en Rosarito todo se salió de control la mañana del 7 de enero cuando los agentes encabezados por el comisario de la policía federal Pedro Hernández, tras recibir una negativa ante la petición de que se retiraran, marchó lentamente con sus hombres sobre los manifestantes y los empezaron a levantar contra su voluntad.
Se escucharon las voces de gente que gritaba “No, no, no, esto es pacífico” mientras algunos hombres detrás del grupo de manifestantes empezaron a lanzar piedras y sillas, en medio quedaron los que querían las cosas en paz, algunos huyeron del tumulto, otros –los menos–, presos de la adrenalina también reaccionaron con violencia
Luego un hombre que usó el pick up de una empresa para embestir a la barrera de policías que había desalojado a los manifestantes –12 fueron heridos oficialmente–, en la huida en reversa le pegó a otros tres manifestantes, pero esa parte se ignoró. Un solo hombre fue el victimario, pero el Presidente Enrique Peña aprovechó y amenazó en plural al movimiento: “Los responsables de esta agresión desmedida responderán ante la Ley”.
De esa manera unos cuantos oportunistas, algunos resentidos que vieron una forma anónima de desahogar sus frustraciones contra la autoridad –y aseguran algunos infiltrados–, afectaron un movimiento con un origen cien por ciento legítimo en su reclamo.
Porque el Presidente Peña puede dar otras 10 veces el mismo discurso, diciendo que el aumento de precio de la gasolina es por el incremento en el extranjero, ese argumento se vino abajo cuando “el Departamento de Energía de Estados Unidos reveló en un informe publicado en su página de internet (http://bit.ly/1hkXoaQ), que el precio de las gasolinas en aquel país, tuvo en 2016 el nivel más bajo desde el año 2004”.
Igual se derrumbó la excusa de que el gasolinazo era la medida que se debía tomar, cuando a la pregunta de ¿qué hubieras hecho tú?, los diversos sectores empresariales, y especialistas le respondieron con decenas de propuestas, como lo de adelgazar su nómina y bajar sueldos, reducir cargas fiscales o usar los excedentes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El hecho de que una parte del sector empresarial no haya firmado, porque no se le permitió participar en su elaboración y se lo presentaron de última hora, sumado a lo dicho por el líder de la CTM Carlos Aceves, al recordar que eran propuestas hechas dos años atrás en la Comisión de Productividad que no llevaban soluciones a las mesas de los trabajadores, dejan claro que el bautizado “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” no es siquiera una mínima parte de la solución.
Lo que deja evidenciado que en este problema de escalada de precios que apenas empieza, el reclamo ciudadano sigue más legítimo que nunca, y explica por qué tras los desalojos en Rosarito y Mexicali, los manifestantes están examinando la forma de organizarse, incluso buscan asesoría legal para continuar esta lucha en Baja California, sin violencia, lo dejaron claro, le temen al gobierno de Peña y no quieren darle pretexto para que “los desaparezca” como a los jóvenes de Ayotzinapa. Y lo mismo sucede en por lo menos 29 de los 32 estados mexicanos.
Esta vez, reprimir y desalojar, ofrecer justificaciones imprecisas, inventar soluciones engañosas, no parece ser suficiente, todos los mexicanos afectados por los aumentos de los precios en todos los servicios y los productos, exigen que los sacrificios empiecen en la onerosa nómina de los gobiernos, por los funcionarios a quienes por cierto es el pueblo quien les paga también la gasolina, habrá que seguir este movimiento que sigue en gestación.
