A ver, cada uno de los 25 diputados locales en Baja California cobra al mes 94 mil pesos – más 575 mil para gestión social, módulos, etcétera–, tratándose de un regidor, por ejemplo los de Tijuana, reciben 76 mil pesos cada 30 días, y son 15 igual que en Mexicali. Ahora súmele los 10 de Rosarito, los 10 de Tecate, y los 14 de Ensenada, 64 empleados municipales del pueblo con diferentes salarios pero todos bien pagados.
De acuerdo a las constituciones, leyes y reglamentos internos, la función de estas dos figuras, que por el puro costo no tienen derecho a ser decorativas, es la de representar a los ciudadanos, sus necesidades, y generar un equilibrio al interior de los poderes ejecutivos encargados de crear las políticas económicas, sociales, urbanísticas y de seguridad que definen el estancamiento o el desarrollo de una comunidad.
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Son a quienes cada uno de los miembros productivos de una sociedad les cede su voz y voto para que participen, ojo, “activamente”, en la toma de decisiones de la administración pública. Y su energía debe manifestarse con mucho más que su asistencia a las sesiones y la manifestación del voto.
Las diversas regulaciones exponen entre los deberes y obligaciones frases como “analizar la política”, “análisis y discusión”, “analizar y dictaminar”, y los temas son variados “legislación, hacienda y administración, seguridad pública, desarrollo urbano, servicios públicos” y demás que resulten necesarias.
Todas las decisiones de estos órganos colegiados deben ser con un “previo examen, discusión”; las más importantes están relacionadas con el manejo de los recursos, revisiones de cuentas públicas, leyes de ingresos, presupuestos de egresos, ampliaciones de recursos, transferencias, y aprobación de endeudamientos, o la evaluación de los resultados de la gestión financiera, la comprobación de que lo que se presupuestó se gastó en lo que fue acordado y votado.
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Esto viene a colación porque apenas transcurrió la primera semana de diciembre, 2016 aún no concluye y a ninguno de los poderes ejecutivos en Baja California les salieron las cuentas y los responsables de vigilar el gasto les están autorizando deudas a todos.
La glosa del cuarto informe de gobierno acaba de pasar, todos los funcionarios del gobierno del licenciado Francisco Vega fueron aplaudidos, felicitados por la mayoría de los recién estrenados diputados y ahora resulta que la perfección se perdió porque les falta dinero para terminar el año.
El Gobernador anunció que va a pedir una línea de crédito de 200 millones de pesos a corto plazo para cerrar el ejercicio fiscal 2016, ¿qué pasó entonces? ¿No hicieron bien las estimaciones? ¿En qué gastaron? ¿Quién es el responsable? ¿La inflación? ¿Le debe la federación? ¿Por qué si no le paga a la UABC el dinero resultó insuficiente? Y ya que estamos con dudas, ¿qué pasó con los 2.8 mil millones de pesos que pidió prestado, cómo los gastó y cuándo?
Pero en esta retahíla de preguntas lo más transcendental es saber si a los encargados de cuidar los pesos y centavos les importa lo suficiente como para investigar, analizar, examinar y discutir. Y conste que no se trata de que rechacen cuanta solicitud llegue del gobernador o los alcaldes, pero están levantando el dedo a favor sin reparos.
Como ya se está haciendo una peligrosa costumbre en la historia reciente (30 años), todos los alcaldes recién llegados dicen que encontraron las arcas vacías, señalan a sus antecesores, dicen que van a acusar a los responsables –hasta ahora el único alcalde sometido a juicio es Francisco Pérez Tejada en Mexicali y apena inició el proceso–, y al final quien termina pagando las deudas es Juan pueblo, en préstamos bancarios otorgados al estado o los municipios.
Todavía más abrumadora es la actitud de los panistas en el endeudado ayuntamiento de Tijuana encabezado por Manuel Gastélum “El Patas”, a quien su mayoría azul le aprobó pedir 490 millones de pesos adelantados de las participaciones, solicitar una línea de crédito por 200 millones y requerir otro crédito por 600 millones de pesos para usar en el próximo trienio.
Pero además les negaron a los regidores de oposición el derecho de tener 48 horas más para analizar si el endeudamiento de este tamaño era la única posibilidad o si no había otros caminos. Se puede otorgar el beneficio de la duda porque se conocen los extraños movimientos administrativos de los antecesores, pero la evidencia es que los ediles de oposición no les permitieron hacer su trabajo, y menos funcionar como equilibrio.
En Mexicali igual se aprobó deuda, Ensenada va por la misma. Es más, en conferencia de prensa el Gobernador les aconsejó en general, pedir mínimo 200 millones de pesos para sortear el fin de año.
Cierto hay una crisis económica, pero a los poderes ejecutivos se les paga por hacer el trabajo de administrar y a los regidores y diputados por vigilar que lo hagan de manera correcta, y dado el cúmulo de préstamos y administraciones aparentemente “fraudulentas” o mínimo ineficientes, se está haciendo tarde para que los representantes del pueblo, legisladores y ediles actúen con responsabilidad, que no sirvan de comparsas, y si tienen justificación en esta danza de los millones, expliquen ante los ciudadanos, su toma de decisiones.
