Oficialmente, los estadounidenses Mercedes Becerra y Johnny Lewis Hartley fueron detenidos y “rechazados” por personal del Instituto Nacional de Migración (INM) en la Garita de San Ysidro, en la Puerta Este de entrada a Tijuana, al mediodía del 9 de agosto.
Existen documentos que acreditan que estando del lado mexicano en el punto de internamiento, “por no tener documentación” -pasaporte, documento de identidad o tarjeta de turista conocida como Forma de Migración Múltiple (FMM)-, primero les negaron el acceso a territorio nacional mediante una “carta de rechazo”, procedimiento establecido en la Ley y reglamento de Migración.
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Después, en segunda inspección, solicitaron apoyo a la Aduana para que pasaran por la máquina de Rayos X la mochila que llevaba la pareja, en ese punto localizaron el cadáver de una menor de cuatros años de edad, así que el INM los retornó y entregó a las autoridades de Estados Unidos.
En el punto de cruce utilizado por la pareja, diariamente ingresan un promedio de 25 mil a 30 mil personas, dado que la capacidad de despliegue del INM no es grande, no todos son revisados. “Por su perfil y su actitud”, a Lewis Hartley -un hombre tatuado, muy delgado, con vestimenta tipo pandilla-, le pidieron su pasaporte y no lo traía. Mostró una licencia, pero no fue suficiente.
La falta de documentos fue la causa de rechazo de Lewis y ha sido el motivo para impedir el ingreso a México de otros mil estadounidenses -aproximadamente- por parte del INM en Tijuana en lo que va del año. Así que el argumento es que los regresaron a Estados Unidos por no tener identificaciones válidas para el gobierno mexicano, no por ser presuntos asesinos.
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Tampoco por ingresar a México de manera ilegal un cuerpo, menos por tratar de aprovechar la impunidad que reina en Tijuana e intentar usar el municipio como tiradero de cadáveres, lo cual pudieron haber logrado si hubieran cruzado en auto, donde no les piden documentos. Todo fue porque no traían papales.
Ahora, pese a que el retorno de los presuntos delincuentes se trató como una acción migratoria, ese martes 9 de agosto, cuando el del Servicio de Administración Tributaria descubrió el cadáver, llamó a la Procuraduría General de la República y fueron atendidos por el delegado Pedro Jesús Torres Salazar, quien incluso analizó la opción de trasladar el caso como homicidio a la Procuraduría del Estado, donde la repuesta fue que podrían actuar como coadyuvantes, pero al ser detectado el delito en terrenos federales, era asunto de la PGR.
Esto significa que sí analizaron tener responsabilidad en la investigación del traslado del cuerpo, pero decidieron evadir. De hecho, al final, desde el INM identificaron la presencia del delegado de la PGR solo como mera “asesoría”.
Tres abogados consultados por ZETA consideraron que ante la incertidumbre jurídica, las autoridades inmiscuidas no siguieron ni leyes ni protocolos, enfrentados a una hipótesis de algo que no es del día a día, se lavaron las manos y se supeditaron, decidieron entregar a Estados Unidos para ahorrarse el largo proceso. Así se ahorraron trabajo, el escándalo mediático, y trasladaron la responsabilidad a las autoridades norteamericanas.
Aseguraron que el delegado Torres Salazar debió iniciar un expediente e investigación en México, dado que la Ley General de Salud contempla el delito de disposición ilícita de cadáveres, y el Código de Baja California los delitos contra el respeto a los muertos y normas de inhumación y exhumación. Evidentemente parte del proceso debía ser el largo trámite de la extradición de la pareja para ser investigados y procesados por el posible homicidio de la menor en Estados Unidos.
Pero no, en un país donde todo se puede y las leyes en lugar de aplicarse se interpretan, los delitos penales se atienden con acciones migratorias.
La pregunta es ¿qué hubiera sucedido si en lugar del cadáver de una menor hubieran encontrado en la mochila de los estadunidenses 2, 10 o 20 millones de dólares? Los abogados respondieron que los hubieran entregado a la PGR y se hubieran quedado en México.
Pero en la Garita de San Ysidro, la respuesta en el INM fue que si le hubieran pedido documentos y nos los trajera, y no hubiera pedimento judicial en México, tanto el portador como el dinero se hubieran regresado a Estados Unidos. Usted qué cree.
