Lic. José Antonio Guevara Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) ¿Está usted trabajando en contra del bienestar social? Permítase leer con atención las siguientes líneas que redacto para Usted y el Organismo que dirige, en especial dedicado al caso de “Tortura” sucedido en Baja California, México, en contra de los acusados: Orlando Santaolaya Villarreal, alias “El Chuletas”, y Ramiro Ramírez Martínez, alias “El Rambo”, miembros reconocidos de la organización delictiva formada por ex policía municipal Ángel Jácome Gamboa, alias “El Kaibil”, quien a su vez trabajaba para Teodoro García Simental “El Teo”. Personajes conocidos en la comunidad por sembrar el terror y el temor entre los ciudadanos, delincuentes de naturaleza agresiva, faltos de honor y de moralidad, asesinos, secuestradores, seres indolentes ante el sufrimiento humano, mismos personajes que Usted y su Organización se dieron a la tarea de dejarlos en libertad, por las razones que fueren, poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos mexicanos y de cualquier individuo que ose cruzarse en su camino. Dichos sujetos en conjunto con demás miembros de la banda criminal a la cual pertenecieron han sido acusados del homicidio del Agente Ministerial Marco Antonio Vicencio Rojas, entre tantos otros delitos y homicidios, ocurrido en 2008, mi Señor Padre, quien fue atacado por un comando armado con armas largas cuando se dirigía del trabajo a casa en Rosarito, Baja California, recibiendo al menos 14 disparos que desfiguraron su rostro, sus manos, su torso y el carro particular en el que se transportaba, acabando abruptamente y de manera violenta con su vida, la vida de un hombre de 42 años, padre de familia, sustento único de su esposa e hijos, persona amada por todos los que le conocieron, por ser un agente ejemplar, quien al momento de morir cumplía 24 años al servicio de la comunidad, primero en el Estado de México y después en Baja California, quien en su larga carrera participó arduamente en la captura de varios delincuentes, personas que enferman nuestra sociedad, personajes como los defendidos por su Organización. Agente y persona intachable fue despedido con honores y reconocimiento a su labor, por la Subprocuraduría de Playas de Rosarito; “El subprocurador General de Justicia del Estado, Rafael González Cervantes, manifestó que durante el tiempo que Marco Antonio Vicencio Rojas estuvo trabajando en la ciudad se desempeñó de una manera honesta y limpia (sic.)”. Aunque este reconocimiento no repara mi dolor, ni el de mi familia, ante la pérdida de persona tan importante, si establece una línea muy clara entre un ciudadano que trabaja para el bien de la sociedad y un delincuente que la empobrece y acribilla. Es precisamente por estos hechos que me siento realmente indignada, pisoteada y afligida por la intervención de La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), quienes tan arduamente han puesto su empeño y su tiempo en exigir la liberación de tan aberrantes individuos: “Los organismos que llevaron el caso ante el Comité de Tortura de la ONU dijeron que se trata de la primera ocasión en que el Comité contra la Tortura declara la responsabilidad de un Estado parte por no haber atendido satisfactoriamente la solicitud de medidas provisionales para evitar daños irreparables (sic.)”. ¿Está Usted tomando en cuenta todas aquellas personas que hemos sido Víctimas Colaterales de los delitos cometidos por sus defendidos y quienes nunca hemos recibido compensación alguna, nos hemos visto privados de nuestros seres queridos, quienes murieron de forma violenta en manos de personas cobardes, viviendo entre el miedo y la incertidumbre de lo que sucederá al momento de que estos individuos se reintegren a la sociedad? ¿Tiene Usted acaso presente los derechos humanos y civiles de Marco Antonio Vicencio Rojas, que fueron violentados a causa directa de sus hoy defendidos, y no solo los derechos humanos de un par de civiles delincuentes, secuestradores, torturadores y asesinos que pudieron haberse violentado al momento de su detención, personas que al momento de su aprehensión, se les encontraron mil 662 cartuchos, 20 armas, 278 cargadores, dinero en efectivo, vehículos y equipo táctico? Marco Antonio Vicencio Rojas tenía derecho a la vida, y le fue arrebatado este derecho, su esposa y sus hijos tenemos derecho a una vida digna, a vivir libres de violencia en nuestras calles, a la labor competente de nuestras autoridades y a que los organismos que nos defienden no nos hagan un mal, dejando en libertad a personas que en otros países con leyes más desarrolladas serían expuestos a la pena de muerte. ¿Qué labor ha realizado su Organización en la aberrante escena de la privación ilegal de la vida y la libertad de víctimas y víctimas colaterales que sucumbieron en manos de Orlando Santaolaya Villarreal, alias “El Chuletas”, y Ramiro Ramírez Martínez, alias “El Rambo”? Nosotros, las víctimas directas e indirectas de sus defendidos somos quienes necesitamos apoyo, comprensión y solidaridad. Para finalizar, reitero mi desaprobación contundente en la intervención que se ha realizado por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) para incurrir en la liberación de Delincuentes desfavoreciendo la dignidad y seguridad de las verdaderas víctimas directas e indirectas que hemos sucumbido ante la violencia generada por integrantes de Organizaciones Delictivas que operan diariamente en nuestro País y exponiendo al resto de los ciudadanos al peligro diario al reintegrar estos individuos en nuestra sociedad. Hago de su conocimiento que la presente carta será enviada a diversos medios de comunicación para su difusión. Familia Vicencio
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