Diarios de Ensenada, Baja California, publicaron el martes 15 de julio de 2014 en internet, la declaración del director de la Comisión de Servicios Públicos, Arturo Alvarado, con una foto donde mostraba una amplia sonrisa mientras aseguraba -por segunda ocasión en lo que va del año- que se había solucionado el problema de abasto de agua en ese municipio. Mientras, en las redes sociales, los ensenadenses reclamaban su gesto de alegría cuando los usuarios debían esperar hasta tres días por agua, desvelarse para bañarse a las doce de la noche, o esperar la madrugada para llenar cubetas de agua para la higiene de la casa. Un día antes, en la página de Facebook de la misma Comisión, pero en Tijuana, el reclamo era: “¿A qué hora regresa el agua en Playas?”. Y el domingo 13 de julio fueron: “¡Aún no hay agua en la colonia Francisco Villa!”, “¿Sí llegará en la madrugada?”, “Queremos agua y respuestas que sean verdaderas de cuándo regresará el agua en Los Altos. Por favor”; o “A qué horas regresa el agua en la Herrera, y por qué no avisaron el domingo”. Señores del actual gobierno del Estado, y de las Comisiones de Servicios Públicos en particular: la realidad es que pueden seguir tramitando la obtención de premios nacionales -logrados porque en otros estados los ciudadanos están peor-, también pueden continuar ordenando y publicando notas favorables en periódicos a los que manipulan, pero está claro que eso no va a mejorar los servicios, ni reducir las quejas justificadas de los usuarios. Menos aún, evadir el hecho de que la corrupción, la falta de mantenimiento y visión de largo plazo, regresaron a muchos usuarios bajacalifornianos a las crisis de servicios de agua potable que se vivían en los años ochenta. Si bien, pueden justificar los funcionarios actuales que ellos no generaron este problema, por Ley están obligados a resolverlo, además, la historia ha demostrado que es posible. Ocupado en la falta de infraestructura y el efecto negativo en el desarrollo económico, el primer gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel (1989-1995), dedicó una buena parte del presupuesto y sus esfuerzos en dotar a la zona costa del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado, el cual era limitadísimo y deficiente en la zona urbana, e inexistente en las áreas pobres de Tijuana y Rosarito. Ante la perspectiva de que “santo que no es visto, no es venerado” sabía que su obra enterrada podría no significarle los mismos votos o simpatías electorales, pero consideró que abatir el problema del agua era prioritario para el crecimiento del estado y sus habitantes. Para los bajacalifornianos, el problema es que eso fue hace 25 años, y los gobernantes siguientes -vamos por el quinto- no han tenido la misma visión a largo plazo. Desde entonces, los funcionarios estatales se han dedicado a usar las redituables Comisiones Estatales de Servicios Públicos como cajas chicas -solo Tijuana tiene 600 mil cuentas y el 70 por ciento paga con puntualidad- a las que nada más les sacan, sobre todo en jornada electoral, pero no le invierten, ni siquiera de manera adecuada al mantenimiento. Acaso consiguen créditos para pequeñas plantas u obras de reposición, trabajos que saben, no han resuelto el enorme problema, porque finalmente su interés ha sido llevarse una comisión del 20 o más por ciento, solo adjudicando esos contratos a algún concursante en específico. “El primer paso para su solución reside en la aceptación plena del problema tal como es, en su magnitud y gravedad implícita, con transparencia y sin temores derivados de intereses políticos o de cualquier otro tipo, más allá del bien común de los ciudadanos”, se lee en un trabajo del problema del agua en Baja California, presentado por el Instituto de Estudios Legislativos del Congreso local. “Enfocar el problema en su contexto amplio, sin anticipar soluciones a la ligera, tan comunes a nuestra idiosincrasia política”, agrega. La gente en las Comisiones de agua, sabe que el manto acuífero del Cañón de Doña Petra – donde esta semana abrieron un segundo pozo en Ensenada- y los demás pozos conocidos, están sobreexplotados, y es cuestión de tiempo -poco- para que empiecen a sacar arena. Por ello, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid está obligado, ya, a plantear una solución integral, a identificar y trabajar en las fuentes de agua factibles a corto, mediano y largo plazo. Sea otro acueducto, la desalación, transferencia de agua del Río Colorado -combatiendo el desperdicio de agua de riego en el valle de Mexicali-, el aprovechamiento de ese 80 por ciento de agua tratada que se regresa al mar. Supervisar las cuentas públicas de las Comisiones y hacer más eficiente el sistema de cobro, abatir el rezago, pero con programas serios, más allá del populismo de la promesa de campaña del “Borrón y Cuenta Nueva”, al que solo respondió el 25 por ciento de los deudores en el caso de Tijuana. Y por qué no, analizar el cumplimiento al Artículo 115 constitucional que da a los ayuntamientos, entre otras facultades, la de administrar las Comisiones de agua. Al final, lo que urge es que el gobierno deje de fingir que el problema no existe, que le hable a la gente con la verdad, que no administren los organismos del agua como jugosas arcas abiertas y cumplan con su obligación de resolver el problema de un abasto que decrece diariamente, ante el crecimiento poblacional.
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