Desde que el ataque a Inés García Ramos, reportera y editora, se denunció públicamente en el interior de las páginas de Semanario ZETA, autoridades y organizaciones civiles han documentado e iniciado investigaciones contra los implicados, especialmente contra los dos estadounidenses identificados como agresores. Se trata de Len Newcomb, quien acompañó a la audiencia en los juzgados federales en Tijuana el 9 de julio a Fernando Benítez Álvarez del Castillo, abogado de Andrew Tahmooressi, ex marino estadounidense preso por ingresar ilegalmente a México 3 armas (entre ellas un rifle de asalto y una escopeta) además de 457 cartuchos útiles la noche del pasado 31 de marzo. Len Newcomb y Antonio (“Tony”) Pérez, a quien presentó a los reporteros como su supuesto escolta y también ex militar, agredieron a la reportera de ZETA verbal y físicamente. García Ramos ha documentado y publicado las impresiones en las versiones en el caso de Tahmooressi y su equipo de defensa. De hecho, el 9 de julio, día del asalto (ver SORTILEGIOZ, edición ZETA No. 2101) Antonio Pérez fue detenido a una cuadra de los juzgados por agentes de la policía municipal luego de ser denunciado. Newcomb, de 64 años e investigador privado en Estados Unidos, a pesar de ser identificado frente los agentes policiacos “escapó” en estado de ebriedad. Anteriormente el norteamericano se identificó como parte de la defensa de Benítez y en páginas internet aparece como socio y colaborador de Phil Dunn, otro de los abogados estadounidenses del ex marino preso en Baja California. Ante la posible omisión de los policías municipales el día del acontecimiento – al no detener al agresor de García – y pese que el acoso fue recurrente, la sindicatura de Tijuana ha iniciado una investigación contra los agentes. Mismos que recibieron la denuncia ciudadana por propia voz de la reportera y se negaron a actuar. Resalta en la investigación abierta por Sindicatura, los policías municipales ubicados en los juzgados federales, y otro uniformado a quienes García acudió desde el momento de las agresiones. 
Este último, explicó el Secretario de Seguridad Pública, no actuó debido a que se encontraba desarmado. Alejandro Lares explicó: “La persona o reportera que solicitó el apoyo fue con un elemento del grupo especial que no estaba armado. Es la información que tengo en el reporte, es que andaban armados, obviamente él desarmado no puede ir a enfrentarse a una persona armada”. Sin embargo, fotografías en manos de ZETA, dan muestra que el agente táctico de quien se asegura estaba desarmado, en ese momento portaba un arma de fuego identificada como Beretta, PX4 de calibre 9 milímetros. Lo que sí confirma Lares es que el supuesto escolta y ex militar de Estados Unidos estuvo preso: “lo que tengo entendido que son norteamericanos, que me digan cuál es su labor y qué realizaban en los juzgados. Uno de los sujetos, se presentó ante el juez municipal y se llevó una sanción administrativa y fue presentado ante la Estancia Municipal de Infractores”. El jueves 17, se llevó a cabo la primera audiencia en Sindicatura bajo el número de expediente 534/2014. Fernando Benítez, abogado de Tahmooressi, se comunicó vía telefónica para deslindarse de Newcomb y su acompañante. Aseguró que él, solo respondía por sus actos y que el norteamericano no era parte de su equipo. Sin embargo, Benítez no negó que Len Newcomb esté contratado por el abogado Phil Dunn o por la familia de su cliente. Organizaciones nacionales e internacionales han mostrado su interés y su apoyo a ZETA y han entablado acciones, exigiendo que la agresión a periodistas y en particular a Inés García no quede impune. También el senador Marco Antonio Blásquez, presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, contactó a la reportera a través de una llamada telefónica para hacerle saber que en el Senado ya se tenía conocimiento de la situación y que en caso de requerirlo, también podía intervenir la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas. Artículo 19, una organización de Derechos Humanos que trabaja documentando y denunciando las agresiones a los profesionales del periodismo, ha emitido una “alerta” ante el caso de Newcomb. Además de estar investigando y denunciando a nivel internacional el caso. Otro de los acercamientos con ZETA fue de la asociación CIMAC, Comunicación e Información de Mujer, quienes trabajan documentado las agresiones a mujeres periodistas en todo el país, agresiones que tienen que ver desde cuestionar la vida personal de las periodistas, hasta las agresiones de tipo sexual, desapariciones y asesinatos. Anayeli García Martínez, integrante de la organización, explica: “Hemos encontrado que a las compañeras les cuesta mucho hacer denuncias, porque cae un estigma sobre ellas, estas agresiones son muy comunes en el gremio periodístico, y luego se cree que por ello no hay que denunciarlos, por esto hay un sub registro de datos”. La activista describe el panorama: “Muchas compañeras no se ven como víctimas de violencia y agresiones, y quienes finalmente, quienes se deciden hacer este tipo de denuncias públicas o judiciales finalmente se encuentran con la falta de credibilidad a su palabra, el hecho de que si se abren investigaciones nunca concluyen con una investigación expedita o mucho menos con una sentencia. Y quedan en la impunidad”. En un comunicado de prensa, el Partido Movimiento Ciudadano en Tijuana, también condenó los hechos: “la cobarde agresión que sufrió Inés García de parte de este sujeto (Newcomb), así como la complacencia de las personas que acompañaban a este ebrio personaje y que de ninguna manera nosotros como organización política y miembros de la sociedad podemos tolerar”. Por su parte, Rodulfo Figueroa Pacheco, delegado federal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) reveló que incluso personal de la dependencia acudió en la búsqueda de los agresores para revisar su situación migratoria. “Se fueron –informa Figueroa–. Hasta donde sabemos (los agresores) no han vuelto a venir. Le informamos al abogado Fernando Benítez que no podían entrar al territorio americano de forma irregular”. El funcionario federal, asegura que el investigar privado y su presunto escolta, “ya no estaban en territorio nacional cuando acudimos”. El “recordatorio” que se le hizo el delegado federal a Fernando Benítez, se le explicó “que las personas, incluida la mamá de Tahmooressi que cuando vengan a visitar al procesado tienen que hacerlo en forma regular. Tienen que traer un pasaporte de viaje válido y registrar su entrada al país mediante una forma migratoria múltiple”. Sobre Newcomb y su escolta presentado ante el juez calificador y quien igualmente se encontraba en estado de ebriedad, el encargado de migración en el Estado detalló: “Cualquier persona que venga a trabajar a territorio nacional tiene que hacerlo con un permiso de trabajo. En este caso, donde yo sé no solicitaron permiso para realizar actividades remuneradas en territorio nacional”. ZETA realizó una petición al Consulado Americano en Tijuana, para saber si a raíz de lo denunciado públicamente, dado que se involucran ciudadanos americanos ingresados a territorio nacional, había iniciado algún protocolo o investigación, algún reporte u opinión sobre los hechos. Textualmente, ésta fue la contestación: “en respuesta a tu petición, el Consulado General de los Estados Unidos no tiene ningún comentario al respecto”. Abogados de ZETA, junto con el apoyo de las asociaciones de defensa a la libertad de expresión darán seguimiento e integrarán las denuncias pertinentes.
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