Al pronunciarse sobre las acciones de la llamada patrulla espiritual, Jorge Álvaro Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), advirtió que los traslados sin consentimiento a centros de rehabilitación podrían constituir privación ilegal de la libertad y afirmó que “ahora la gente se tiene que cuidar de la policía por una detención arbitraria y también de las personas que están deteniendo en nombre de Jesús o Dios”.
El ombudsperson indicó que la comisión da seguimiento al caso de Karime, una mujer de la comunidad transgénero que fue “levantada” y anexada por personal de la Clínica Jireh, hecho documentado en un video difundido en redes sociales.
Publicidad
Explicó que el expediente fue abierto luego de que se hicieran públicos los videos, debido a la posible afectación a la integridad de Karime, y que se emitieron medidas cautelares en menos de 24 horas para salvaguardar sus derechos.
“Nosotros estamos pidiendo información a las autoridades e incluso realizamos una reunión con varias autoridades estatales con la finalidad de llevar a cabo capacitaciones a los centros de rehabilitación”, expresó.
Publicidad
Sobre los videos difundidos por la patrulla espiritual, sostuvo que cuando una persona es trasladada sin su consentimiento podría configurarse el delito de privación ilegal de la libertad.
“Cuando vemos esos videos, se presume que estamos ante un delito de privación ilegal de la libertad. Cuando una persona no quiere ir a un lado, cuando no otorga su consentimiento, se encuadra perfectamente que lo están privando de su libertad”, afirmó.
Publicidad
Explicó que la normativa federal contempla internamientos voluntarios, involuntarios y obligatorios en centros de rehabilitación, aunque cada uno debe cumplir con procedimientos específicos.
“El internamiento involuntario es cuando la persona no quiere ingresar, pero previamente debe existir un certificado médico que establezca una adicción y también el consentimiento de padres, madres o tutores”, detalló.
Agregó que en el caso de los internamientos obligatorios debe existir una orden de autoridad y seguirse el procedimiento correspondiente.
“No puedes empezar introduciéndolo y luego ir a pedir autorización”, señaló.
Ochoa agregó que el rol de la comisión ha consistido en brindar acompañamiento a personas que denunciaron haber sido internadas sin su consentimiento o sufrir violencia dentro de centros de rehabilitación, apoyándolas para presentar denuncias ante el Ministerio Público.
“Llegó una víctima hace poco más de un mes y medio que manifestó haber estado internada en este lugar y haber sufrido violencia en su contra. Se abrió un folio y se le dio acompañamiento ante el Ministerio Público para presentar la denuncia”, comentó.
El defensor de los derechos humanos consideró “extraño” que este tipo de hechos ocurran en espacios públicos sin la presencia de autoridades, particularmente cuando existen antecedentes de detenciones similares.
