El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este miércoles que destituyó por corrupción al Juez Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien, además, actuó en contra de constancias y errores inexcusables en el caso del grupo de cuatro jóvenes denominados como “Los Porkys”, acusados de pederastia y abuso sexual en contra de la menor Daphne Fernández.
“Como lo ha sostenido el Consejo de la Judicatura Federal, y su presidente el ministro Arturo Zaldívar [Lelo de Larrea], el compromiso ante la sociedad es de cero tolerancia y combate a la corrupción […] Por ello, en la sesión del 20 de febrero de 2019, el Pleno resolvió destituir a un juez de Distrito del estado de Veracruz por corrupción, actuar en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia”, informó el órgano encargado de la vigilancia de los jueces y magistrados federales.
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#Comunicado El @CJF_Mx destituye a Juez Federal por corrupción. Las decisiones jurisdiccionales deben generar un cambio social mediante sus precedentes, jamás estar sujetas a intereses particulares o económicos. Cero tolerancia de este colegiado y su Presidente @ArturoZaldivarL pic.twitter.com/vVmDwJruzS
— CJF (@CJF_Mx) 20 de febrero de 2019
González Hemadi fue el primer Juez federal en ser suspendido para ser investigado en el país. Esto ocurrió dos días después de emitir una sentencia que fue cuestionada públicamente, luego de que concedió un amparo a Diego Cruz Alonso, al estimar que no existen elementos para sostener un juicio por el delito de pederastia en su contra.
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Entre otros argumentos, el entonces juez manifestó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz no acreditó diversos elementos del delito de pederastia, como son el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual.
En aquella época, el CJF recalcó a través de un comunicado, que que la resolución dictada por el juez en el amparo 159/2017 concedido a Cruz Alonso, este podía ser aún sujeto de revisión por un Tribunal Colegiado de Circuito, y no implicaba la libertad del solicitante.
El 29 de marzo del 2017, González Hemadi había pedido dejar el caso de Enrique Capitaine Marín, otro de los involucrados en la violación de la menor de edad Daphne Fernández ocurrido en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz, acontecida el 3 de enero de 2015.
El juzgador federal emitió una resolución para no continuar el amparo promovido por Capitaine Marín contra el auto de formal prisión, ya que manifestó su inconformidad por las referencias despectivas hacia él y su familia, ya que a través de las diversas redes sociales los usuarios lo han denominado “Juez Porky”
Además, en el documento que compartió González Hemadi detalló que: “Diversos medios de han hecho una exposición masiva no sólo de mi persona sino también hacia mi esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional en mi función de juzgador federal”.
Asimismo, solicitó que el amparo de Capitaine Marín fuera turnado a otro impartidor de justicia, ya que estimaba que tras las críticas en redes sociales y medios de comunicación ya no podía garantizar la imparcialidad de su sentencia. El juez federal fue objeto del repudio e indignación en las diversas redes sociales a través hashtag #JuezPorky, que se mantuvo durante varios días como número uno en las tendencias impulsadas por los usuarios.
El 18 de enero del 2018, Marisol Barajas Cruz, Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz -quien en abril de 2017 reemplazó al juez González Hemadi tras ser suspendido-, resolvió que hay pruebas suficientes para mantener bajo proceso a Enrique Capitaine Marín, uno de los jóvenes acusados de pederastia en el caso de los llamados “Porkys”.
La impartidora de justicia negó a Capitaine Marín un amparo contra el auto de formal prisión en su contra y sostuvo que hay indicios de que “agredió sexualmente” a la menor Daphne Fernández, quien en el año 2015 tenía 17 años de edad.
La negativa de amparo fue notificada el 26 de octubre, y está a revisión ante un tribunal colegiado de Boca del Río desde el pasado 6 de diciembre. El fallo judicial no implica que Capitaine es culpable, pero sí legitima su permanencia en prisión mientras la juez desahoga el proceso por pederastia.
“Se desprenden indicios aptos y suficientes que hacen posible su probable responsabilidad penal en la comisión del hecho que se le imputa, operando en ese sentido la prueba circunstancial, en razón de que probablemente el amparista [Capitaine], como autor material, al ser él quien probablemente entre las 2 y 3 de la mañana del 3 de enero del año 2015, agredió sexualmente a la pasiva de identidad reservada, cuando le impuso la cópula sin consentimiento”, afirmó la juez.
Barajas Cruz también negó valor probatorio a un dictamen psicológico de julio de 2015, practicado a petición del padre de Capitaine Marín, que destaca la “calidad humana y excelentes relaciones familiares y educativas”, del joven acusado, quien sostiene que la violación es “un invento” de Fernández.
“Tal dictamen no versa sobre las circunstancias, lugar y época en que sucedieron los hechos que motivaron la causa penal de origen, pues no hay dato alguno que produzca convicción en el sentido de que los hechos sucedieron en una forma distinta a la narrada por la agraviada”, replicó Barajas Cruz.
Capitaine Marín había ganado un amparo que ordenó corregir defectos formales en el auto de prisión original, sin embargo, no fue suficiente para liberarlo de la acusación. Fue detenido el 11 de mayo en una cafetería de Torreón, Coahuila, donde se ocultaba para no ser localizado. El Juez Tercero de Primera Instancia resolvió el 18 de mayo del 2017 iniciar la etapa de instrucción en la causa que se le sigue por abuso sexual.
El joven procesado es acusado del delito de pederastia simple y podría purgar una pena de hasta 20 años de prisión. La detención ocurrió casi un mes después de que la Procuraduría General de Justicia (PGR) solicitara el apoyo de Interpol para emitir una ficha roja en 190 países, en contra de Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales y Diego Gabriel Cruz Alonso quienes habían salido del país.
Ayer miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por mayoría atraer la revisión del amparo otorgado por el Juez González Hemadi en favor de Diego Gabriel Cruz Alonso, otro de los acusados en este caso denominado de “Los Porkys”.
El amparo, que establece que no hay pruebas de que Cruz Alonso tocó a la menor “con intenciones lascivas”, ni alguna otra evidencia de que cometió delito, será resuelto en definitiva por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, en Boca del Río.
El presunto abuso sexual sucedió el día 3 de enero de 2015, en Costa de Oro, ubicado en el municipio de Boca del Río, y según acusan Daphne Fernández y su padre, fue cometido por cuatro adultos mayores de edad: Capitaine Marín, Cotaita Cabrales -quien se encuentra prófugo de la justicia, a pesar de que cuenta con una orden de aprehensión en su contra-, y Gerardo Rodríguez Acosta.
El padre de la menor, Javier Arturo Fernández Torres, aseguró en mayo del 2016, que su hija fue subida a un automóvil en contra de su voluntad: “Fue incomunicada, fue vejada, fue sometida, fue abusada sexualmente y fue violada”.
Sin embargo, los implicados en la presunta violación, rechazan haber lastimado a la joven, y al contrario, acusan al padre de ella, de haber tergiversando la información “para sus intereses personales y ahora políticos”.
Los denominados “Porkys” acusaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz acusaron a Fernández de intentar extorsionarlos a cambio del pago de 4 millones de pesos, y de que les obligó a grabar un video disculpándose por la presunta violación.
