“La China” espera traslado

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Edición Impresa Martes, 28 Agosto, 2018 01:00 PM

Luego de confirmarse el amparo otorgado en 2017 a Melisa Calderón para que sea regresada al penal de La Paz, se desconoce cuál será su destino. Su traslado al Cefereso 16 en Morelos en 2016, fue considerado violatorio de derechos fundamentales. Autoridades carcelarias justificaron que era urgente “actuar” porque la reclusa era líder de sicarios del grupo Los Dámaso y requería medidas especiales de seguridad. El órgano administrativo desconcentrado de las prisiones evalúa si es conveniente regresarla  a BCS, a otro penal o que se quede en Morelos

Aunque el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en La Paz, Baja California Sur, confirmó desde el 24 de mayo último el amparo concedido por un juez federal a Melisa Margarita Calderón Ojeda “La China”, para que sea trasladada del penal femenil de máxima seguridad de Morelos al penal de La Paz, la medida entró en un compás de espera.

Melissa Margarita Calderón “La China”

Así lo informaron fuentes judiciales a ZETA, luego de advertirse que en la fase de ejecución de la sentencia del juicio de garantías, “se presentó una controversia sobre los términos en que debe ser cumplida la ejecución de amparo”. Debido a lo anterior se ordenó la apertura del “incidente de cumplimiento sustituto para determinar la designación de un nuevo centro penitenciario en el que deberá compurgar la pena que le fue impuesta o permanecer en el Centro federal en el que se encuentra la quejosa actualmente”.

El referido incidente se abrió a finales del mes de julio, pero debido a que las notificaciones se tienen que realizar vía exhorto por la distancia entre Baja California Sur y Morelos, es fecha en que no se efectúa la audiencia incidental, en la que en su caso serán recibidas las pruebas que las partes lleguen a ofrecer. Después se admitirán alegatos y se dictará la resolución correspondiente.

Las intenciones de Melisa Calderón -que en trámites legales aparece como “Meliza”- de volver al Centro de Reinserción Social femenil de La Paz, se vieron entorpecidas en las últimas semanas ante la insistencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y autoridades penitenciarias, de implementar medidas ante el riesgo que ese traslado implica para esa prisión y su población privada de libertad.

Precisamente dentro del incidente promovido por el gobierno sudcaliforniano, el juzgador federal valorará lo que, tanto autoridades como la quejosa, tengan a bien manifestar de acuerdo a sus intereses legales.

Como se informó en su oportunidad, “La China” fue trasladada el 23 de marzo de 2016 de la cárcel paceña al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Femenil Número 16, donde actualmente se encuentra, pues la autoridad responsable solicitó enviar a la interna a un penal federal, ya que “requería medidas especiales de seguridad, pues no cubre los lineamientos para su permanencia en el Centro de Reinserción Social de La Paz, toda vez que se identifica como líder de sicarios del grupo delictivo ‘Los Dámaso’, extensión del Cártel de Sinaloa, que opera en la entidad”.

Según la petición, Calderón Ojeda pretendía realizar “acciones tendentes a vulnerar y desestabilizar el orden, disciplina y seguridad del centro de reclusión, y poniendo en riesgo su vida, la de las demás internas, la de la visita y la del personal que labora en la institución penitenciaria”.

Fue la madre de “La China” quien promovió el juicio de amparo al expresar en su demanda que la joven fue excarcelada del Cereso de La Paz “y fue sacada del Estado vía aérea”, pese a que estaba a disposición del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con motivo del auto de formal prisión dictado el 17 de diciembre de 2015 en la causa penal 344/2017 por el delito de homicidio calificado y “donde desahogaba pruebas en su favor a fin de acreditar su inocencia en los hechos que se le imputan”.

Según las investigaciones federales y militares, la célula delictiva de “La China”, quedó desarticulada tras la captura de su novio y cómplices, únicamente está pendiente de caer la cabecilla de esta agrupación de Los Dámaso.

La promovente del amparo aseguró haberse enterado del traslado de su hija a través de un periódico que refería que se buscaba “desactivar un supuesto reagrupamiento que se estaba dando en el interior del penal. Se menciona también que algunos grupos estaban tomando fuerza y para desactivarlos se decidió separar a sus integrantes para impedir el desarrollo de sus actividades o planes”.

La mujer expresó que se violaban los derechos humanos de Melisa y de ella como madre al no serle proporcionada ninguna información sobre el traslado y destino de la interna, “causándome un grave daño, además que esta situación se convirtió en una noticia o evento amarillista que fue publicado en el diario de mayor circulación en La Paz, pero amén de que dicho daño me causa un agrave agravio, temo por la vida de mi hija”.

Tras estudiar el asunto, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal a “La China” el 18 de enero de 2017 y ordenó sea trasladada de vuelta al penal de la Capital de la entidad, pues efectivamente se vulneraron los derechos humanos de la entonces procesada.

El juzgador recordó que a partir de la reforma penal de 2008, se acabó con la discrecionalidad de las autoridades administrativas tenían en torno al manejo de procesados y sentenciados, quedando dicha potestad a la autoridad judicial en la vigilancia y supervisión de todos los eventos de trascendencia jurídica de los penados.

En el expediente administrativo de la interna, el juez no halló constancias de que las autoridades penitenciarias hayan notificado del traslado al siguiente día hábil de sucedido éste al juez de la causa penal, “lo cual transgrede el derecho de seguridad jurídica de la quejosa, al tratarse de un acto desprovisto del control jurisdiccional que establece la ley para dicho acto”.

Así, el amparo se concedió para el efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, “deje Insubsistente la orden de traslado de fecha 23 de marzo de 2016 y ordene las acciones necesarias para que la accionante de amparo sea reinstalada en el Cereso femenil de La Paz”. Sin embargo, como ahora se informa, tras la confirmación del fallo, existe una controversia sobre el penal al que habrá de ser ingresada la reclusa.

Melisa Margarita Calderón Ojeda fue detenida el 19 de septiembre de 2015 en un aeródromo de Cabo San Lucas, cuando pretendía salir de la entidad a bordo de una aeronave y agentes investigadores le notificaron que contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

La chica estaba en la sala de espera de la terminal aérea acompañada de una adolescente embarazada. Al ser abordada por sus captores, no opuso resistencia, pues no llevaba ni armas ni pistoleros, pese a que se le señalaba como presunta jefa de sicarios de las Fuerzas Especiales de Dámaso (FED) del Cártel de Sinaloa. Anteriormente, había escapado en seis ocasiones cuando policías estuvieron a punto de atraparla.

“La China” está formalmente presa por su probable responsabilidad en el homicidio calificado con alevosía en grado de complicidad cometido en agravio de Humberto Juárez León “Don Maleno” el 16 de enero de 2015, en una residencia de la colonia Revolución, cuando confundieron al hombre de 54 años con su hijo José Humberto Juárez Mora “El Pollón”. Además, se le señala en otros eventos criminales ocurridos antes de 2015 en Baja California Sur.

Mantienen disputa por droga

La violencia se mantiene en el Estado. En julio, autoridades hablaban de una posible disminución del 76 por ciento en homicidios dolosos y, a unos días de culminar agosto, las cifras lucen desalentadoras.

En julio se registraron seis homicidios dolosos, en tanto que al corte de 23 días de agosto, se tienen nueve,  un 50 por ciento por encima del mes anterior, además de fuertes aseguramientos de droga y armas, lo que implica alta presencia del crimen organizado en las calles de los cinco municipios de Baja California Sur.

Desde San José del Cabo en el municipio de Los Cabos hasta Guerrero Negro en Mulegé, se han registrado sucesos que evidencian la presencia del crimen organizado.

“Durante la revisión a los servicios de paquetería y tráilers, ubicaron un vehículo, el cual contenía una carga que fue detectada por un binomio canófilo, el cual marcó y al hacer la revisión detallada, se encontraron 62 cajas en las cuales había bolsas con enervante, mismas que fueron puestas en la estación de la citada autoridad que determinará el tipo de droga y la cantidad exacta”, documentó Edgar Humberto Flores García, Comandante de la Tercera Zona Militar en el Estado.

De los nueve asesinatos a lo largo de agosto, cuatro han tenido lugar en Los Cabos, dos en La Paz, uno en Loreto y dos en Comondú; hasta el momento solo se ha resuelto el doble homicidio ocurrido en la invasión Vado de Santa Rosa en San José del Cabo (9 de agosto), en las calles de Octava y Novena, donde localizaron dos cuerpos sin vida; así como el homicidio de una persona del sexo masculino en el rancho conocido como “El Wereque” en Ciudad Constitución (10 de agosto), donde se detuvo a un joven de nombre Armando, de 21 años de edad.

En cuanto a órdenes de aprehensión, cuatro han sido libradas, una el lunes 13 de agosto y dos días después en contra de “tres masculinos, de 22, 37 y 48 años, originarios de los estados de Sinaloa, Veracruz y Oaxaca, respectivamente”, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado.

“En el caso de San José del Cabo, en la colonia Ampliación Vado de Santa Rosa, dos personas fallecidas por arma de fuego calibre 9 milímetros, les podemos informar que los tres responsables de ese incidente, ya obtuvimos los mandamientos judiciales. En el municipio de Comondú se nos informó de la persona fallecida, se hizo y se realizó la investigación y se obtuvo también la orden de aprehensión en contra del responsable del hecho, en ese caso ya se obtuvo la vinculación a proceso por homicidio calificado”, expresó en su momento Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado de Baja California Sur.

En cuanto a droga y armas, se contabilizan 15 detenidos, sin embargo, aun después de los últimos detenidos por homicidio el 13 de agosto, se registraron cuatro homicidios dolosos, lo que podría implicar que aún hay sicarios en las calles.

De acuerdo a la PGJE, se han asegurado 15 mil 132 dosis de droga de sus diversas presentaciones, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado cuenta de más de 115 kilos de cristal encontrados – 110 de ellos en el Puerto de Pichilingue el 15 de agosto-, los cuales eran transportados en camiones de la empresa de paquetería Baja Pack Express; el resto de la droga se localizó en cinco paquetes confeccionados.

El aseguramiento se hizo el 6 de agosto y estuvo a cargo de personal destacamentado en la 16/a Compañía de Infantería en San Ignacio, en el tramo carretero Santa Rosalía-Guerrero Negro, al efectuar una revisión a un autobús de pasajeros.

El último golpe a células de la delincuencia organizada se dio en la colonia Colosio de la comunidad de San José del Cabo el 20 de agosto, en un domicilio aparentemente vacío, al llegar los elementos de Unidad de Investigación del Delito de Homicidios, así como la Unidad Especializada en Investigación y Judicialización en Comercio de Narcóticos Destinados al Consumo Final, ejecutaron orden de cateo donde lograron asegurar:

* 244 paquetes rectangulares conteniendo en su interior un vegetal verde y seco, con las características de la marihuana

* 11 bolsas de plástico transparente conteniendo una sustancia cristalina y granulada, conocida como cristal

* Tres armas largas de fogueo

* Un arma corta calibre 9 milímetros

* Cuatro  cargadores calibre 7.62

* Diversos cartuchos útiles calibre 7.62×39.

Cabe destacar que en el domicilio no se aseguraron personas, las armas se encontraban escondidas debajo de las camas y la droga estaba cubierta con bolsas plásticas.

Con estos hechos, se demuestra que Baja California Sur continúa inmersa en la pelea entre células criminales que buscan  establecerse en el mercado de la droga, las cuales recurren a la violencia para presionar a sus rivales y disponer de mayor territorio.

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