Dadas las circunstancias de violencia e inseguridad que se vive en estados como Guerrero y Michoacán, cientos de personas están optando por salir de sus hogares para encontrar alternativas de vida en Estados Unidos. En ese andar, supuestos abogados y funcionarios públicos de aquellas entidades federativas han visto en la necesidad una forma de lucrar con ellos, vendiéndoles la falsa idea de obtener fácilmente
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Los secuestros, homicidios, levantones y cobros de piso comenzaron a ser cotidianos en la vida de Jorge -quien decidió nombrarse así por seguridad- cuando tenía 19 años y vivía en su natal Nueva Italia, población enclavada en la zona de “Tierra Caliente” en Michoacán, región que ha sido artífice para grupos del crimen organizado como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, entre otros.
En el transcurso de la “Guerra contra el Narcotráfico”, impulsada por el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el temor de Jorge fue creciendo y un día le mataron a su padre “por no dejarle a la maña un rancho pequeño que él tenía”; también a su mejor amigo por “no pagar cobro de piso”.
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Aspecto de la Garita El Chaparral
Desesperado y con la responsabilidad de dos hijos de 10 y 8 años de edad, Jorge buscó alternativas para salir de ahí. Pensó en resguardarse en otra entidad federativa, en contratar un “coyote” para cruzar hacia Estados Unidos, pero terminó aceptando la oferta de un supuesto abogado que le prometió encontrar asilo político en el país vecino.
Pagó 45 mil pesos al “abogado” por unos papeles que le entregó y salió rumbo a Tijuana con sus dos hijos y esposa. Llegó el viernes 13 de julio y se encontró con otro “abogado” a quien pagó 25 mil pesos por una “orientación” para presentar argumentos a la hora del juicio, pero solo les dijo que se anotaran en una lista que entregó a otra persona y se fue. Ya no supieron más.
Un caso que autoridades migratorias de Michoacán y Tijuana consideran como “una nueva modalidad para lucrar” con los migrantes, basada en venderles la falsa idea de obtener fácilmente el asilo político en Estados Unidos, situación que ha incrementado con el constante arribo de migrantes a la frontera.
CASOS DE LUCRO IDENTIFICADOS EN MICHOACÁN; PARTICIPAN FUNCIONARIOS
José Luis Gutiérrez Pérez, secretario del Migrante en Michoacán, tiene identificados los casos de abogados que han lucrado con los connacionales y ha detectado a funcionarios de ayuntamientos que han participado “recomendando” la idea de solicitar asilo, expidiendo cartas y certificados que “avalan” la situación de “perseguidos”.
Mujer de Michoacán aguarda su turno afuera de la Garita El Chaparral.
Algo muy grave, considera, porque tanto a su Estado como a Tijuana les genera una problemática mayor con las deportaciones, al incrementarse y requerir de mayor cooperación y recursos para atenderlos.
“Hemos iniciado pláticas con los presidentes municipales, para que su síndico, secretario y directores municipales de atención al migrante tomen estas cosas con mucha seriedad, porque además no es su atribución ni incumbencia; crean muchas falsas expectativas en las personas”, dijo.
DESDE 2016 INCREMENTÓ PETICIÓN DE ASILO
Tras el primer arribo de haitianos a Tijuana en mayo de 2016, quienes solicitaron asilo político a Estados Unidos, ha sido constante la llegada de mexicanos a la frontera con la misma intención.
Para José María García Lara, director del albergue Juventud 2000 -ubicado en la Zona Norte de Tijuana-, el flujo migratorio de estos centroamericanos sentó un precedente también en los connacionales, quienes han visto en la petición de asilo una forma legal y más segura de ingresar a la Unión Americana; una forma en que ya no se corre el riesgo de perder la vida tratando de cruzar el cerro o el desierto, incluso de ser secuestrados.
Esta noción generó un considerable incremento de migrantes mexicanos desde entonces, que se agravó en mayo del presente año; más de 2 mil 500 -la gran mayoría mujeres con niños- se han registrado en ese periodo en el Instituto Nacional de Migración (INM) –actualmente alrededor de mil 200 en espera- para controlar el ingreso hacia Estados Unidos, donde están recibiendo alrededor de 30 personas diariamente, de los cuales el 80 por ciento son de Guerrero y Michoacán, estados ubicados entre los diez con más homicidios en México: mil 302 y 729, respectivamente, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública -dependiente de la Secretaría de Gobernación- compartidos el 23 de julio de 2018.
HUYEN DE LA VIOLENCIA EN SUS COMUNIDADES
Lesly -quien también decidió nombrarse así por seguridad- es una de las tantas personas que han llegado de Michoacán a Tijuana. Actualmente ella y sus cuatro hijos están en el albergue Juventud 2000, a la espera que le toque su turno para presentarse en la Garita El Chaparral e ingresar para pedir asilo en Estados Unidos.
A ella también le mataron a su padre hace más de diez años en su natal Apatzingán, cuna del narcotráfico en Michoacán. Después mataron al papá de uno de sus hijos y a su hermano lo tenían secuestrado hasta que pagaron por el rescate y lo liberaron. A dos de sus vecinos un día los levantaron y uno de ellos apareció descuartizado en un tambo de basura, del otro no se sabe nada. El día que se le entrevistó -miércoles 25 de julio-, Lesly se enteró que unas vecinas de entre 13 y 15 años fueron asesinadas, aunque desconoce los motivos.
Esas fueron sus razones para huir del lugar donde creció, con la intención de alejar a sus hijos de ese ambiente y brindarles mejores oportunidades de desarrollo, escuela y trabajo.
Así como ella, personas que tienen una situación complicada en sus comunidades están viendo como una alternativa migrar hacia Estados Unidos, pero ya no se van por el cerro; optan por pedir asilo político y justificarlo con las pruebas de que en sus ciudades es “imposible vivir”, como bien lo señalan tanto funcionarios como activistas.
Situación que consideran, se debe contrarrestar aminorando la violencia que existe en estos estados, como Michoacán, donde Gutiérrez Pérez, titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), asegura que si bien “no está totalmente resuelto el problema de la inseguridad en el Estado, hay un avance tangible” que pretende incrementarse con la puesta en marcha del despliegue “Operación Limpieza”, donde participan más de mil elementos federales y estatales para reforzar los municipios de Apatzingán, Buenavista, Gabriel Zamora, Múgica, Nuevo Urecho, Parácuaro y Tepalcatepec, entre otros, de donde salen principalmente los migrantes con destino a Tijuana.
RESALTAN VACÍO DE INFORMACIÓN
Lo que autoridades migratorias resaltan que en este caso se debe contrarrestar, es la información errónea que en la mayoría de las ocasiones se comparte de voz en voz y genera una especie de “teléfono descompuesto”: el 96 por ciento de solicitantes de asilo son rechazadas y eso genera un caos porque los migrantes aquí se acumulan, y las deportaciones hacia los estados se incrementan.
Aunado a que conlleva a que ya no solo existan personas en sus estados que lucren con los migrantes con la falsa idea del asilo fácil, sino que surgen redes de estafadores entre una entidad y otra, como el caso de Jorge, en el que al parecer las personas que le vendieron la idea del asilo estaban relacionadas tanto en Michoacán como en Tijuana.
Un problema que temen se pueda potencializar en ambos lados y les complique aún más las cosas, como también lo han considerado algunos líderes de asociaciones pro migrantes consultados por ZETA, debido a que creen que en ello puede incluso inmiscuirse el crimen organizado o “coyotes” que antes operaban de una manera, pero ahora pueden recurrir a esta forma fácil de hacerse de dinero.
BUSCAN CONVENIO PARA RESARCIR LA PROBLEMÁTICA
Con esos parámetros, tanto la Dirección Municipal de Atención al Migrante en Tijuana como la Semigrante en Michoacán, plantearon la posibilidad de signar un convenio de colaboración para contrarrestar la problemática y coadyuvar en beneficio de los migrantes -en este caso- michoacanos, acción que esperan replicar con la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales
La mayoría de solicitantes de
asilo son mexicanos y sin mérito: EU
Michael Bars, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), explicó a ZETA que en los últimos años las solicitudes de asilo se han “disparado” en general, debido a que la mayoría de los migrantes saben que pueden “explotar un sistema dañado para ingresar a Estados Unidos, evitar su expulsión y permanecer en el país”. La mayoría de ellos con reclamos “sin mérito o fraudulentos”.
Detalló que hasta antes de 2013, aproximadamente uno de cada 100 extranjeros que argumentaba tener “temor creíble” de regresar a sus países de origen y buscaba asilo en el país vecino, ahora uno de cada diez reclama un “miedo creíble”, lo que significa que estas peticiones han aumentado mil 700 por ciento tan solo en el periodo de 2008 a 2016.
Uno de los problemas que ellos han detectado es que “se ha corrido la voz” y cada vez más inmigrantes ilegales solicitan asilo para acceder a su país, únicamente para obtener autorización de trabajo.
Tal situación les ha generado un retraso para atender las 315 mil solicitudes que tienen pendientes, la mayoría de migrantes mexicanos, debido a que el tiempo de espera actual para una decisión de asilo es de aproximadamente dos años o más.
Por lo tanto, argumentó que “todos los medios, de acuerdo con la Ley actual, están sobre la mesa para proteger la integridad de nuestro sistema de inmigración de aquellos que buscan explotarlo, empantanando el proceso y socavando a los solicitantes que sí son legales”.
Benjamín Prado, coordinador del Programa Fronterizo Estados Unidos-México, Comité de Amigos, manifestó a este Semanario que desde la instrumentación de la Política Cero del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han estado violando los acuerdos internacionales en materia de migración, sobre todo al negar el asilo a personas que tienen posibles casos sobre violencia doméstica, por pandillas o crimen organizado.
Aunado a esto, se han estado endureciendo algunas medidas como el hecho de que, a quienes ya enfrentan un proceso de asilo en algún centro de detención, los están dejando encerrados en esos lugares sin condiciones adecuadas mientras duran sus casos, los cuales, como también señaló Bars, pueden durar hasta dos años o más.
Por estos motivos varias organizaciones han estado demandando al gobierno estadounidense, para parar este tipo de prácticas, como los casos de los niños separados, debido a que en esta franja fronteriza entre Tijuana y San Diego, la mayoría de los detenidos se encuentran en el centro de detención de Otay Mesa.
Aunque todavía no es un hecho, sabe que se han planteado algunas propuestas como en un futuro eliminar estos centros de detención para que las solicitudes de asilo se hagan desde el exterior del país. Además, se están implementando medidas más estrictas al momento de sopesar las afirmaciones de los solicitantes de asilo.
de Guerrero, el otro Estado que también aporta gran cantidad de personas.
Convenio que se enfocará principalmente en temas de colaboración y atención en general para, en caso de ser deportados, ver el traslado a sus ciudades de origen, coadyuvar en cuanto a la tramitología de documentación, resguardo de los derechos humanos, protección y seguridad, entre otras cosas que requieran las personas. asilo político en el país vecino
