La mayoría de Ustedes, amables Lectores, no lo saben porque de los resultados de su trabajo nada se sabe, pero el licenciado Francisco E. Postlethwaite Duhagón es, desde julio de 2017, secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en Baja California; y el contador Carlos Padilla Villavicencio ocupa, desde septiembre de 2016, la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California.
En teoría, ambos deberían funcionar como una especie de fiscales anticorrupción, pero parece que ninguno ve nada, o ve muy poco.
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La contraloría tiene la obligación de “consolidar una Administración Estatal, transparente, honesta, eficaz y eficiente, fortaleciendo los procesos de prevención, vigilancia, auditoría y verificación de programas, proyectos, servicios, rendición de cuentas y desempeño de los servidores; a fin de generar un ambiente de confianza entre el gobierno y la población”.
Y el órgano fiscalizador definido como una entidad “…con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones (…) para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y particulares, cuando manejen recursos de origen público…”.
Se trata de cuidarles las manos a los funcionarios corruptos, a los que acostumbran pedir dinero para una cosa y usarlo en otra, a inflar los precios, a beneficiar a sus compadres, a desviar los recursos, y para colaborar en esa función están los regidores y los diputados, por eso se han buscado herramientas para ampliar la participación en Congreso y cabildos de partidos de oposición, pero estos tampoco parecen ver lo que sucede a su alrededor.
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A finales de 2017, la diputada Eva María Vásquez Hernández declaró en Ensenada que el Congreso había negado 14 cuentas públicas por falta de armonización contable, adeudos en pagos de impuestos federales, Issstecali, por documentos alterados, falta de claridad en los ingresos o en los egresos. Aseguró que se ordenaron investigaciones, pero no se supo más.
En el Estado, todos cobran sueldos, todos presumen que trabajan, pero al final resultó ser que es la Auditoría Superior de la Federación, el órgano técnico fiscalizador del Congreso federal, a 3 mil kilómetros de distancia, quien tiene que informarnos a los bajacalifornianos de los malos manejos de nuestro gobierno. Cumple con su trabajo a pesar que lleva 61 días sin titular, por la irresponsabilidad de los diputados federales que están politizando el nombramiento.
En el reporte entregado por este órgano técnico federal el 20 de febrero, se “observó” por irregularidades cometidas en más de 98 mil millones de pesos de recursos transferidos a estados y ayuntamientos en 2016 en todo el país. Mil 432 millones de pesos correspondían al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid cuando el actual candidato a diputado, Antonio Valladolid, fungía como secretario de Finanzas.
Se trata de más de mil millones de pesos del dinero de los bajacalifornianos, cuyo destino se modificó y no se aclaró en tiempo y forma ante el órgano técnico, pero a nadie parece inquietarle como para investigar, preguntar o pedir cuentas; ni a los diputados, ni a los regidores, organismos empresariales o representantes de la prensa. Basta con la negativa del gobernador y su afirmación de una conciencia limpia, para que las preguntas se acaben.
Pero no se trata de palabras, autorreconocimiento y autoelogio; la administración del gobernador Vega de Lamadrid está obligada a aclarar, peso por peso, los desvíos y los subejercicios detectados. Aprovechar que el gobierno auditado está en funciones y puede responder, o como asegura, solventar, o en su defecto, resarcir las irregularidades.
Pero además, diputados, regidores, el contralor, el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, los síndicos, los grupos organizados, todos aquellos que no cumplen con su trabajo, están obligados a vigilar y a fiscalizar, pero de verdad y a la voz de ya, no solo al Estado, sino a los ayuntamientos, para que Baja California no termine convertida en la fuente de ingreso de funcionarios voraces como César Duarte en Chihuahua, Andrés Granier en Tabasco, Armando Reynoso en Aguascalientes, o Javier Duarte en Veracruz.
