Un grupo de jubilados estadounidenses, quienes fueron desalojados de sus viviendas en San Luis Gonzaga porque los pagos de renta que entregaron a su entonces abogado, Carlos Castillo Gutiérrez, no fueron depositados a la empresa arrendataria, mantienen una denuncia por fraude contra el actual funcionario municipal
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“Estoy vendiendo todo lo que tengo. Estoy en un gran lío. Me siento una mierda. No puedo dormir. No he podido pensar bien”, admite Carlos Enrique Castillo Gutiérrez frente a un grupo de estadounidenses, en un vídeo grabado en agosto de 2015, dos años antes de que ocupara un cargo en el gobierno municipal de Ensenada.
Tras haberlo contratado como su abogado en un juicio civil que evitaría un aumento en las rentas que pagaban en el poblado de San Luis Gonzaga, los norteamericanos fueron desalojados de sus hogares cuando la empresa arrendataria Punta Final, los demandó por falta de pago.
El dinero, según consta en averiguaciones previas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fue entregado por medio de cheques y trasferencias bancarias a Castillo para que éste depositara las rentas mediante diligencias de consignación en los Juzgados, pero la empresa no lo recibió.
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Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Uno de los cheques pagados al funcionario. Arriba, Carlos Enrique Castillo acompañado del alcalde, Marco Antonio Novelo en su toma de protesta como jefe de ZOFEMAT.
Por este motivo, Carlos Enrique Castillo Gutiérrez, actual jefe de la Zona Marítima Federal (Zofemat) en Ensenada, enfrenta cinco denuncias por fraude que suman 86 mil 475 dólares, esto es un millón 470 mil pesos al tipo de cambio actual.
El altercado que se muestra en el vídeo ocurrió antes de la presentación de las denuncias.
El sitio es la Cervecería Costa Azul, fundada por Castillo y ubicada en El Sauzal. Los afectados confrontan al hoy funcionario municipal, quien admite no tener el dinero que le entregaron, pero les pide tiempo para conseguirlo y pagarles.
“No tengo la cantidad exacta para reponerles… la única manera es vendiendo mis propiedades. Lo puse en venta (el terreno), te enseño los papeles donde está en venta, está en el Cañón de la Piedrera, en Tijuana”, afirma.
Caren Campbell, hija de uno de los afectados, le reclama “Me mentiste, Carlos, en el teléfono cuando nos estaban desalojando, me dijiste que no sacara mis cosas porque tenía un amparo”.
“Voy a pagarles y reponerles el dinero, no quiero lidiar con esto. Voy a depositar directamente en sus cuentas, la única manera en que puedo salir de este lío es empezar con unos y luego otros porque no tengo todo el dinero”, dice Castillo con voz lastimosa.
El vídeo, grabado por la abogada Rosa María Gómez Guzmán, quien acompaña a los estadounidenses, finaliza cuando Castillo se da cuenta de la grabación y con un “no voy a salir en el vídeo”, le exige que detenga la filmación.
“Le dimos toda nuestra confianza”
Los afectados, todos jubilados estadounidenses y de la tercera edad, rentaban predios a la compañía Punta Final, algunos desde la década de los setenta y otros más desde los noventa. En los terrenos sobre la costa del Golfo de California, en el poblado de San Luis Gonzaga en el municipio de Ensenada, construyeron sus viviendas.
Sin embargo, en 2009, dos años después de que la propiedad fue adquirida por Kevin Choi, se les notificó un incremento del 300 por ciento en el costo de la renta. Como resultado, un grupo de vecinos contactó al abogado Carlos Enrique Castillo Gutiérrez para obtener asesoría legal.
Los recibos que Castillo entregaba a sus clientes resultaron falsos.
Según las declaraciones ministeriales de los denunciantes Douglas Hasselo, Martin Geraldine Lorraine, Steven Doman, John Gerstenberg y Donald Briggs, los testimonios que rindieron a ZETA, así como la propia declaración de Castillo, el abogado les aconsejó iniciar una asociación civil para organizar su defensa legal.
El 7 de julio de 2009, ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Enrique Castillo Gutiérrez se registró como apoderado de la asociación civil Punta Final Homeowners Association, presidida por Melvin J. Snider, con Roger Martin como secretario y John Gerstenberg como tesorero.
Gerstenberg relata que, desde un principio, el abogado solicitó 2 mil dólares a cada uno como pago por sus servicios y para gastos de los juzgados.
En ese entonces, la asociación estaba conformada por casi 40 personas, pero solamente 16 aceptaron la propuesta de Castillo, quien les aseguró que, por medio de un juicio civil, lograría la reducción de la renta.
Entre las credenciales que el abogado presentó para convencer a los jubilados, estaba su acreditación como perito traductor del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“Creímos que era alguien importante y le dimos toda nuestra confianza”, comenta Gerstenberg.
Los denunciantes, ahora representados por el abogado Juan Antonio Raygoza Medina, explican en sus declaraciones que Castillo “sugirió no pagar el aumento del arrendamiento argumentando que era ilegal”.
No obstante, entre 2010 y 2011, según las testimoniales de los cinco denunciantes, Castillo les informó que comenzaría a depositar los montos de renta de los predios mediante diligencias de consignación en el Juzgado Mixto de Paz en Ensenada, mientras se conciliaba el precio del arrendamiento.
Por medio de cheques y depósitos bancarios hechos a nombre de Castillo en cuentas estadounidenses, como una del banco Wells Fargo, o bien del tesorero -quien comprobó los subsecuentes pagos al abogado-, los estadounidenses cubrieron el pago de sus rentas bajo el entendimiento de que este dinero era depositado directamente en el Juzgado.
“Hemos ganado. No van a tener que pagar más de renta, van a pagar lo mismo”, relata Gerstenberg que Castillo les aseguró.
No era cierto. Entre agosto y octubre de 2012, fueron notificados de una demanda en su contra por parte de la empresa Punta Final por falta de pago, la cual derivó en un juicio sumario de desahucio, es decir, los estadounidenses fueron expulsados de sus viviendas.
Cuando los afectados encararon a Castillo, éste les contestó “que él se haría cargo de la situación (…) Los ofendidos le siguieron depositando diferentes cantidades de dinero”, se explica en los escritos de denuncia.
Pero la situación empeoró. El 7 de agosto de 2014, personal del Juzgado Mixto de Paz de San Quintín llegó a las viviendas para expulsar a los estadounidenses tras informarles “que no se habían pagado las rentas desde el mes de marzo de 2012”, establece la denuncia.
Algunos de los expulsados, como Roger Martin y Douglas Hasselo, tenían afectaciones en la salud que empeoraron después del desalojo.
A pesar de que Castillo no llegó en el momento del desalojo, les aseguró que se trataba de una ilegalidad. En septiembre, les pidió más dinero para promover amparos y así recuperar tanto sus casas como sus pertenencias que fueron sacadas del lugar.
Los estadounidenses continuaron pagando a Castillo. Explican que como extranjeros y ante el desconocimiento de la Ley, creyeron en lo que les decía y no buscaron otras opiniones legales.
Esto cambió en 2014, cuando contrataron a la abogada Rosa María Gómez Guzmán, quien tras hacer revisiones en el Juzgado Mixto de Paz, no encontró registros de depósitos de renta, algunos casos desde 2012, en otros de 2013 y 2014.
Las denuncias ante la procuraduría se interpusieron en 2015 y 2016. Además, afirman los denunciantes, hay otros afectados que no presentaron las demandas ante la PGJE porque no radican en California y les resulta complicado seguir un proceso legal a distancia.
Afectados dicen haber recibido recibos falsos de Castillo
Como parte de las pruebas que los denunciantes aportaron, está una serie de recibos que presumen falsos, los cuales Castillo les entregó como prueba de que las rentas estaban siendo depositadas en los Juzgados dentro del juicio civil contra la empresa arrendataria.
Los afectados, jubilados estadounidenses, perdieron su patrimonio.
A simple vista, los documentos parecen ser expedidos por un tribunal debido a la colocación del texto, los espacios, la tipografía y otros detalles como un sello con la fecha.
En uno de ellos, dirigido al “C. Juez Mixto de Paz de este partido judicial en Ensenada, Baja California”, Castillo Gutiérrez firma como apoderado legal de John Gerstenberg, uno de los ahora denunciantes, para “exhibir billete de depósito bueno por la cantidad de 15,269.14 pesos (…) por concepto de rentas correspondientes a los meses de enero a junio de 2014”.
Sin embargo, en el documento no hay sello de recibido por parte del Juzgado Mixto y, a decir de los abogados de los afectados, tampoco se localizó en el expediente de la demanda que refiere.
Después de los estadounidenses, los negocios
En marzo de 2013, el gobierno de Baja California entregó créditos para la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Uno de éstos, por 155 mil pesos, fue para Carlos Enrique Castillo Gutiérrez y su proyecto, Cervecería Costa Azul en Ensenada.
Aunque la empresa no se encuentra registrada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, Castillo Gutiérrez aparece en diversas entrevistas y notas periodísticas como fundador y presidente de ésta. Incluso, llegó a presidir la Asociación de Cervecerías Artesanales de la Baja California.
Mientras que este año, apenas en febrero, se registró como propietario de la Vinícola Castillo-Iñiguez, en asociación con Marco Antonio Iñiguez Miramontes. Cada uno con una inversión de 50 mil pesos.
La empresa con domicilio en Ensenada, busca precisamente la realización de actos y negocios en la rama agrícola, ganadera, avícola, vinícola, industrial, comercial y de servicios, incluso la operación de restaurantes, cafés, hoteles y moteles, según su acta constitutiva.
“Cobré como abogado corporativo en Estados Unidos”: Castillo
Acompañado de su abogada Sonia Navarro, ex procuradora de Justicia en Ensenada, así como del también ex empleado de la PGJE, Hugo Salinas, Carlos Enrique Castillo Gutiérrez ofreció su versión de los hechos a ZETA.
En principio, aceptó que fue contratado por un grupo de estadounidenses “por mis servicios profesionales para diferentes cosas, para que los organizara”.
Indicó que los representó por medio de una asociación civil porque “ellos tenían una situación complicada con el arrendador, quería abusar con el nuevo contrato de arrendamiento, subir el 300 por ciento, eso estaba en contra del Código Civil de Baja California. Entonces, mi asesoría era en relación de que ellos no pagaran más de lo que deberían de pagar”.
Si este fue el fin para que se lo contrató, Castillo Gutiérrez no lo logró, ya que las rentas no fueron modificadas. “Por todo esto, cobré como abogado corporativo en Estados Unidos”, expresó, a pesar de que el proceso legal se dio en México.
“Posteriormente, tuvieron unas diferencias con el arrendador, juicios sumarios de desahucio, yo no los representé en esos juicios. Yo los representé en la demanda de amparo al final”, añadió.
Lo que sí aceptó fue su trabajo de gestión para “pagar la renta en representación de ellos, incluso a través de poderes que se me otorgaron, pagarle al arrendador. Cuando no se pudo llevar esa relación porque a él no le convenía, al arrendador, nos vimos obligados a consignar las rentas en los juzgados competentes en México”, precisó.
Sobre las acusaciones en su contra por no haber depositado estas rentas y de los ilícitos que se le acusan, fraude y delitos de abogados defensores y litigantes, contestó: “No hay ningún delito. Me solicitaron servicios, los cumplí y me pagaron”.
Por su parte, la PGJE confirmó los testimonios de los denunciantes y, sobre las averiguaciones previas 573/163/311, 1062/16/311 y 1516/16/311, indicó que se realizaron diligencias tales como declaración de testimoniales, se giró oficio a la Dirección de Profesiones del Estado, así como orden de investigación en las diferentes actas y se recabó la declaración inicial del indiciado, quien se reservó el derecho.
Ahora, funcionario de Novelo
En junio de 2017, Carlos Castillo Gutiérrez pasó de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ensenada, a la jefatura de Zofemat, dentro del gobierno de Marco Antonio Novelo, quien le tomó protesta.
La Zofemat es la franja de 20 metros de ancho de tierra contigua a la playa, y entre las responsabilidades de Castillo Gutiérrez, está la verificación del cumplimiento de la normativa aplicada al uso de esta zona. Ensenada cuenta con más de 500 kilómetros lineales de costa.
Después de despedirlo como su abogado, algunos clientes de Castillo recuperaron sus casas tras firmar acuerdos individuales con la empresa de arrendamiento para pagar las rentas pendientes, pero hubo otros que no lo lograron.
Es el caso del padre de Caren Campbell, quien cayó enfermo desde que perdió su casa valuada en más de 50 mil dólares. La mujer encaró personalmente a Castillo en el vídeo grabado en 2015.
Hoy, dos años después, pregunta cómo un abogado acusado formalmente de defraudar a estadounidenses puede dirigir una oficina gubernamental.
Y no cualquiera dependencia, sino una que precisamente se encarga de administrar la costa de Ensenada, donde Caren guarda los recuerdos de su infancia y parte de su patrimonio quedó perdido tras contratar a Castillo como su abogado.
