El Registro Agrario Nacional (RAN) negó al Comisariado Ejidal de Ojo de Agua la inscripción del acta de asamblea celebrada el 11 de octubre de 2015, siendo ésta en la que fueron elegidos los actuales integrantes de la mesa directiva.
Ejidatarios expulsados por oponerse a lo que aducen se trató de malos manejos y engaños por parte de la anterior mesa directiva, encabezada por Manuel López Gurrola, exhibieron a ZETA el documento en que se da constancia del fallo contrario a los representantes de este centro poblacional.
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El RAN motiva su resolución señalando el incumplimiento al artículo 25 de la Ley Agraria, que dispone que la convocatoria para asamblea debe publicarse con al menos 8 y no más de 15 días de anticipación a la realización de la misma.
El documento, expedido el 19 de enero de 2016, da cuenta de otras irregularidades: en primer término, señala acerca de la mención de la expulsión de 11 ejidatarios en una asamblea anterior a aquella en que se llevó a cabo la elección, que el acta de dicho evento tampoco se encuentra registrada, por lo que su no participación en el proceso de elección compromete la validez del mismo.
Por último, se comenta la falta de coincidencia entre la lista de asistencia de ejidatarios y del escrutinio de los votos emitidos, siendo que se registró la asistencia de 59 personas, mientras que se contabilizaron 61 sufragios. 49 se emitieron a favor de la planilla roja y 12 fueron considerados nulos, sin especificarse la razón por la cual no se validaron estos últimos.
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Por este motivo, los actos y acuerdos que la mesa directiva en funciones, integrada por Armando Eduardo Vázquez como Comisario, Secretario Francisco Lohr Peralta y Javier Jiménez Grajea como Tesorero, no contarían con validez jurídica, más allá de que los ejidatarios sancionados impugnaron su expulsión, misma que se ventila en el juicio agrario 209/2015, lo mismo que la anulación de la elección de nuevo comisariado en el expediente 364/2015.
Sobre este último expediente, al no existir intento de conciliación entre los inconformes y la nueva mesa directiva, comentaron a ZETA esperar sentencia en próximos días. En las prestaciones demandadas no solo se pide la anulación de la elección, sino los acuerdos que tome esta mesa directiva.
Los ejidatarios inconformes fueron expulsados para evitar que éstos tuvieran una participación activa en el proceso de elección de nueva mesa directiva. Ellos se han acercado a ZETA en distintas ocasiones, señalando que procuran salvaguardar los intereses del Ejido, mismo que según la anterior mesa directiva, deberá entregar el 47.5 por ciento de la superficie total del centro poblacional al abogado Fernando Gómez Chávez y al ingeniero Rafael Tamaura, por concepto de honorarios prestados al Ejido.
Las actas de asamblea en que supuestamente los ejidatarios habrían dado su consentimiento a realizar dicho pago a ambos profesionistas, también fue impugnada por los inconformes, teniendo conocimiento el Tribunal Superior Agrario, con sede en Ensenada, siendo el expediente 151/2014.
