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viernes, febrero 23, 2024
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De secretario y directores de seguridad

El doctor y alcalde de Tijuana Jorge Astiazarán fue efectivamente electo para tomar decisiones a nombre de los tijuanenses, pero eso no significa que la gente no merezca explicaciones. Y en este momento la ciudadanía requiere ilustración respecto a la salida del Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, y la designación del ingeniero industrial y policía, José Luis López Medina.

No se trata de defender a Lares, su inmadurez y ausencia de liderazgo para satisfacer las expectativas y necesidades de seguridad de Tijuana quedaron evidenciadas muy temprano en su administración. Pero sí saber por qué lo dejó 2 años al cargo y solo hasta nueve meses antes que concluya su mandato decide removerlo. Acción que parece más para proteger al ex funcionario con delirio de persecución –por aquello de los intereses oscuros que dice, llevaron a su salida–, que para velar por la seguridad de los tijuanenses.


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También merece una justificación fundada y motivada la anunciada designación de López Medina con un currículum más corto que el de su antecesor, 12 años de servicio donde sus más destacados logros son su paso como jefe en la Presa Rural y más de 3 años como director del Instituto de Capacitación y Adiestramiento Profesional (ICAP).

Aunque en su favor vale recordar que tiene un reconocimiento al “Valor Heroico”, luego que en marzo de 2012 mientras realizaba compras en una tienda, dos ladrones ingresaron armados y amenazaron a los presentes, incluido el hijo menor de este agente quien desenfundó su arma y sometió a los rateros.

Como apagafuego, en mayo de 2015 fue designado director de la Policía Comercial para suplir a Antonio Oviedo, quien en el proceso de regulación de este grupo de uniformados,  estaba enfrentado con su tropa. Y ahora, si José Luis López Medina obtiene los votos del Cabildo será quien cobre los 110 mil pesos mensuales como Secretario de Seguridad de una de las ciudades más violentas de México.


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¿Qué lo hace confiable? ¿Qué garantiza su eficiencia, su efectividad? ¿Cuáles son las garantías de sus cualidades de liderazgo? ¿Qué se sabe de su capacidad y entereza? Si el doctor Astiazarán sabe, está obligado a hacerlo público para darle a su gobernados un poco de certeza.

José Luis López Medina está llegando al cargo con un escenario de sangre por delante. Cárteles del narcotráfico enfrentados por el control territorial que solo en lo que va del año  2016, ha generado 71 asesinatos violentos en enero y 60 más en febrero.

En este contexto, lo mínimo que merece es el beneficio de la duda, y el voto de confianza, sin embargo, los meses que le quedan, y la inseguridad que mantiene a los tijuanenses al punto del hartazgo no le concederá mucho tiempo, está obligado a mostrar desde el primer momento la inteligencia, mano férrea y don de mando que le permita controlar la corrupción policíaca que parece ha retornado a la corporación de manera abierta y escandalosa.

Con Policías apoyando a criminales o delinquiendo, será imposible que combata de manera efectiva a las mafias, y el cambio de titular en la Secretaría habrá servido de poco o nada.

Ahora, “…si ves las barbas de tu vecino cortar pon las tuyas a remojar”, el crecimiento de la incidencia delictiva; particularmente tratándose de homicidios, ha detonado también de manera particular en los municipios de Tecate y Rosarito, los funcionarios que intentan desplazar su responsabilidad hablan del “efecto cucaracha” y culpan al escenario que sucede en Tijuana. Sin embargo, el crimen no puede avanzar sin el apoyo de las autoridades y corporaciones corruptas en cada municipio.

En Tecate desde el año pasado, en más de dos manifestaciones públicas la ciudadanía ha pedido la destitución del director de policía, Juan Bartolomé Lam, mientras sus jefes son señalados de presuntas ligas criminales y sus agentes de abusones, extorsionadores y torturadores. El alcalde César Moreno ha dicho que lo removerá, pero no ha confirmado cuándo será.

Joaquín Antonio Olea, el Director de Seguridad de Playas de Rosarito, prometió depurar a la policía, pero ahora el municipio ha sido golpeado con la realidad del incremento de las ejecuciones sin que sus agentes hagan detenciones. Además que sigue sin liberarse de la marca que le dejó haber permitido que se grabara el video del narcocorrido de “El Americano” con personal, equipo, y en las instalaciones de la corporación rosaritense.

En Ensenada se dan balaceras con menores asesinados –la más reciente en el palenque Póker–, aparecen cadáveres con evidencias de violencia, y el director de seguridad, Enrique Villarreal Montemayor, de quien pocos recuerdan su nombre, procura desaparecer de la escena. Desde principios del año pasado, el Colegio de Abogados Independientes y de Opinión Libre de Ensenada, A.C., solicitó su renuncia, pero la ausencia de resultados parece no importarle al alcalde Gilberto  Hirata Chico.

En Mexicali la corporación que encabeza Alejandro Monreal, también ha tenido señalamientos de parte de delincuentes que los acusan de colusión en actividades de narcomenudeo, pero sus dichos no han tenido eco en la sociedad.

Golpear ciudadanos o extorsionarlos, cometer delitos con criminales o pasarles información de operativos, son formas de corrupción policiaca que fueron harto conocidas entre 2006 y 2010; nunca se han terminado, pero los hechos muestran que la incidencia se está detonando en forma escandalosa, no hay municipios ni zonas seguras, así que los alcaldes están obligados a tomar medidas si no quieren continuar defraudando la confianza de sus electores.

Autor(a)

Rosario Mosso Castro
Rosario Mosso Castro
Editora de Semanario ZETA.
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