Entre enredosos trámites burocráticos, reducido personal, falta de información, poco criterio por parte de funcionarios y descuidos de permisionarios, dependencias municipales encargadas de verificar e inspeccionar establecimientos han quedado rebasadas. A diario, operan bares que laboran fuera del horario permitido, surgen basureros clandestinos, se inician construcciones de casas, edificios incluso fraccionamientos, se colocan antenas de radiocomunicación, y todo sin tramitar la licencia o permisos correspondientes, ni cumplir medidas de seguridad mínima, aprovechando de entrada que el ayuntamiento tiene pocos inspectores. Conforme a estimaciones del departamento de bomberos existen por lo menos 25 mil establecimientos irregulares que operan en Tijuana. Como ejemplo de la discapacidad material, la Dirección de Administración Urbana de Tijuana, tiene a su cargo, entre otras responsabilidades, la expedición y renovación de licencias para los 800 espectaculares registrados en la ciudad. Para ello, cuenta con solo tres inspectores. Su titular, Ana Lilia Loaiza declaró que en la actual administración municipal, se han clausurado 15 anuncios de este tipo y otros 30 se encuentran con un proceso jurídico abierto por infringir el reglamento de rótulos, anuncios y similares en cuestiones como licencias vencidas, falta de pólizas de seguro o el pago nulo de predial. En el tema de espectaculares pirata, ni se meten. Otro caso es el de la Dirección de Bomberos de Tijuana. Responsable de emitir las certificaciones de medidas de seguridad atiende un padrón de casi 25 mil establecimientos con apenas siete inspectores. Revisan con base en una lista diaria, pero solo pueden supervisar los comercios registrados, si en las rondas detectan un negocio que funciona de manera irregular, la instrucción oficial es hacer nada, porque “no tienen facultades”. Pascual Núñez, subdirector técnico de la Dirección de Bomberos en Tijuana explicó que con seis inspectores, emiten hasta 2 mil 500 trámites al mes, entre nuevas certificaciones de seguridad y revalidaciones. El número de peritos en bomberos es todavía menor, tres; ellos atienden las solicitudes para abrir un nuevo negocio y su labor consiste en la revisión de condiciones de seguridad, colocación de extintores, botiquín de primeros auxilios, señalamientos y salidas de emergencia hasta la revisión de instalaciones eléctricas para confirmar su correcto funcionamiento. Para estas labores existe un calendario que cubre las 9 delegaciones, y agregan operativos especiales en ciertos establecimientos de gran concurrencia como bares y centros nocturnos. Pero igual son insuficientes. Sobre la posibilidad de ampliar su número de inspectores, el subdirector técnico aclara, se trabaja en un plan para impartir la capacitación necesaria a bomberos y pasen a formarse como inspectores. Estos trabajadores laboran bajo un horario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, más aquel que bajo guardia, se encuentra las 24 horas del día para atender algún caso de emergencia. El capitán Núñez explicó que su Dirección también recibe denuncias ciudadanas, hasta tres al mes, por anomalías en negocios, pero sobre todo de basureros clandestinos, puntos considerados de alerta por la facilidad de incendio. “Acudimos a los predios, si localizamos al particular, le emitimos una sanción o bien, le pedimos que realice la limpieza del terreno, hasta los canalizamos a Obras Públicas, si requieren apoyo porque hemos tenido casos de incendios generados en estos sitios, principalmente cañones por la acumulación de basura o derrame de combustible”, refirió. 
El artículo 202 del Capítulo VII del Reglamento de Bomberos, se faculta a la Dirección para emitir sanciones por la acumulación de mezclas, pastizales y basura en lotes baldíos, ya que estos materiales pueden provocar incendios, si no dan cumplimiento a la limpieza en un periodo de 15 días. Pero en opinión del subdirector técnico –responsable de calificar las multas y determinar el monto de acuerdo al Reglamento– el verdadero riesgo de seguridad está en los negocios no registrados. Calcula por lo menos un negocio irregular por cada uno de los 25 mil registrados en el padrón de la Dirección de Bomberos al tramitar sus certificaciones de medidas de seguridad. E insiste: “nuestra intención no es recaudatoria, es ayudar a que los negocios cumplan con las medidas de seguridad para evitar siniestros u otras situaciones de peligro”. De hecho, hasta fábricas han sido clausurados debido a la falta de estas medidas. Las multas por no contar con la certificación emitida por la Dirección de Bomberos van desde los mil hasta los 300 mil pesos, dependiendo del giro, por ejemplo naves industriales, fábricas, gasolineras y expendios de gas deben pagar los montos más elevados por la naturaleza del giro. Por el contrario, si de principio el establecimiento solicita su certificación, el trámite tiene un costo entre 700 y 3 mil 300 pesos. Especial atención debe merecer para la autoridad municipal, los establecimientos con permisos para la venta de bebidas alcohólicas, quienes por reglamento pueden pagar hasta dos horas adicionales diarias, según su giro; han dejado en lo que va de la administración de Jorge Astiazarán, poco más de 3 millones de pesos. Durante la instalación de la Comisión de Regulación de Bebidas Alcohólicas, el Secretario de Gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, justificó el otorgamiento de horas extras explicando que uno de los objetivos de dicha comisión, es etiquetar el recurso para apoyo a DIF Municipal, centros comunitarios, programas sociales y de prevención, así como a los de Desarrollo Social. El director de Inspección y Verificación del XXI Ayuntamiento, José Antonio Olivas Heredia, aseguró que de forma diaria, en horario nocturno, se llevan a cabo los operativos de inspección en establecimientos con permiso para la venta de bebidas embriagantes. Del 1 de diciembre al 1 de febrero, se han clausurado 75 comercios de tal giro, y por lo menos 55 establecimientos han sido multados por distintas faltas. Entre las principales anomalías, la falta de revalidación de permisos de 2011 o anteriores, así como carencia de algunas normas de seguridad como extintores vencidos y la extensión de horario sin autorización. La multa por alguno de estos conceptos, es de por lo menos 15 mil pesos. Con una plantilla de aproximadamente 65 inspectores, dispersos por la ciudad, la Dirección de Reglamentos recorre bares y licorerías principalmente. Olivas Heredia detalló que el periodo de entrada de nuevos inspectores se amplió, debido a que esperaban a cambiar toda la plantilla de la administración pasada. “Actualmente son 80 elementos en total: 65 inspectores, y 15 personas más entre Jefes de Departamento, Jefes Delegacionales y Supervisores”. El director de Reglamentos, aseguró que no se está multando a comercios por la falta de revalidación del permiso 2013 a 2014, debido a que su vencimiento es hasta mayo. Pero hasta la fecha, 70 permisos han sido revalidados. “Solo el director califica multas” Atenciones diarias a ambulantes y permisionarios de giros distintos o calificaciones de multas a establecimientos, son las principales acciones realizadas por el director de Inspección y Verificación, José Antonio Olivas Heredia. En un horario extendido de 8:00 a 20:00 horas, aseguró que atiende en promedio a 30 personas en un día sin contratiempos, según el funcionario. Sin embargo, su versión es diferente a la del señor Francisco Javier Ragudo, tramitador de casas de cambio, quien lo denunció ante Sindicatura Social y acudió a este Semanario a exponer su caso. De acuerdo al denunciante, el 22 de enero de 2014, inspectores de esta dependencia municipal acudieron a revisar el Centro Cambiario Hipódromo –empresa cliente de Ragudo– y detectaron que el permiso de bomberos estaba vencido, por lo que emitieron una multa. Para pagarla, Ragudo debía acudir a la dirección de Reglamentos para que ésta fuera calificada y se le asignara un importe. Eso intentaba hacer al día siguiente, el 23 de enero, cuando tuvo el roce con Olivas Heredia. Explicó que luego de haber sido despachado por una secretaria, anotar su nombre en una lista de espera y aguardar más de hora y media, decidió interceptar al director, cuando éste salió de su oficina y así obtener su firma y pagar la multa, pero el funcionario se negó porque debía asistir a una entrevista de radio. Lo siguió hasta la escalera del Ayuntamiento, cuestionándolo por la espera y solicitándole calificara su documento, pero el funcionario apenas se detuvo. Cuando le pidió asignara la responsabilidad de calificar la multa a otro funcionario, le informó que solo él hacía ese trámite, así que podía atender su asunto hasta que regresara. Ante la situación, Francisco Ragudo, interpuso una queja ante Sindicatura Social, con número de oficio 000053, en la que sugirió se habilite a un funcionario con facultades para atender tales asuntos ante la ausencia del Director y así los trámites fluyan. Y regresó el viernes 24, nuevamente para que Olivas le calificara la multa, pero le informaron que no estaba en Palacio Municipal. Ragudo regresó a las oficinas municipales el martes 28 de enero, para intentar resolver su trámite. Esta vez, esperó una hora, hasta que Olivas Heredia lo atendió. En la conversación, el Director de Reglamentos reclama al usuario haberlo denunciado y lo acusa de haberle obstruido la salida de la oficina el día de la denuncia, mientras que Ragudo lo cuestiona por haber permitido que sus escoltas lo empujaran. Entre los dimes y diretes, el denunciante le reitera su molestia al director por la espera y la desatención. Además de exhibir su descontento por la preferencia de atender su agenda personal y no sus deberes laborales en horario y espacio de trabajo. Al final del diálogo, la multa que llevaba el tramitador con número DIV/169/2014 fue calificada con 10 salarios mínimos, es decir, 672.90 pesos. Entrevistado por ZETA, José Antonio Olivas Heredia, señaló a Francisco Ragudo como “prepotente y grosero”. Aceptó que su falta de servicio en dicho caso, se debía a que en su agenda se encontraba un asunto que debía tratar personalmente en la delegación La Presa, así como la mencionada entrevista de radio. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de delegar autoridad para la calificación de las infracciones, el funcionario declaró: “Yo necesito estar en todos los temas. Si yo empiezo a delegar, al rato va pasar lo que ha pasado en anteriores administraciones que ponían lo que sea en las multas”. Sin embargo, el funcionario tampoco ofrece alternativas a los usuarios que necesitan calificar multas, y que el interesado debe aguardar a que el director tenga horario disponible y esté en la oficina. Construyen en edificación clausurada Desde agosto de 2013, se publicó en este Semanario la clausura de un edificio en miras de convertirse en un condominio sobre la calle Jesús Clark Flores en el fraccionamiento Chapultepec, Octava Sección. Esto debido a la falta de licencias municipales emitidas por la Dirección de Administración Urbana. Seis meses después y a pesar que los sellos fueron colocados desde abril de 2008, el edificio continúa en construcción. Vecinos denunciaron tanto a Administración Urbana como a este Semanario, cómo diariamente, trabajadores ingresan por la parte posterior del inmueble para avanzar en los trabajos. Desde el 26 de noviembre de 2013, el caso fue turnado a la Consejería Jurídica del Ayuntamiento para que se turnaran las acciones necesarias en contra de la familia Paullada, propietaria del predio donde se encuentra el edificio. Por su parte, Ana Lilia Loaiza, directora de Administración Urbana, refirió que cuando empleados municipales acudieron acompañados de agentes de la Policía Municipal para retirar a los trabajadores, éstos ya no se encontraban. Continúan, sin embargo, evidencia de los trabajos como los andamios y el visible avance de la edificación en los últimos meses. Aunque el XXI Ayuntamiento refiere que el caso está siendo investigado, la construcción continúa, con sellos de clausura y ante los ojos de la autoridad municipal. Inés García/Marlem Crespo.
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