De acuerdo con información preliminar, el operativo estaría relacionado con la detención de más agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Por séptima ocasión, juez determinó que Francisco Rouvroy Ceballos lleve un proceso en libertad por el delito de homicidio; la justificación es que siguen esperando la determinación del juez de amparo. “No hay autoridad ni juez sin precio”, fue la advertencia que, aseguran los familiares de la víctima asesinada, recibieron; hoy exigen justicia y temen represalias
Sicarios irrumpieron en una vivienda en el municipio de Tecate, donde frente a sus familiares asesinaron a Isaí de 26 años con un disparo en la cabeza. Horas después un hombre fue “levantado”, torturado y asesinado, su cuerpo presentaba la mutilación de los dedos del pie.
42 kilos de fentanilo y 7 de heroína fueron asegurados por autoridades federales en Tecate cuando eran trasladados hacia Mexicali. Los tripulantes dijeron pertenecer al Cártel de Sinaloa.
El operativo de seguridad, encabezado por la SEDENA y con la participación de los tres órdenes de gobierno en San Felipe, contará con alrededor de 200 elementos desplegados en el puerto.
Las políticas públicas, redadas y reforzamiento de seguridad tanto en suelo mexicano como estadounidense, han provocado que los llamados polleros vean como todo un desafío cruzar a grupos de migrantes que solicitan sus servicios, quienes pagan hasta 20 mil dólares por ser trasladados desde Tecate o Mexicali hasta la puerta de su familiar en suelo norteamericano. Algunos pagan en efectivo, otros aceptan traficar con droga en la espalda para pagar parte de lo solicitado
Tres armas largas, dos armas cortas, 19 cargadores, más de 2 mil cartuchos útiles de diferentes calibres, así como tres miras telescópicas para armas y un telescopio, fueron decomisados al detenido en el puente de “El Chaparral”.
Comerciantes y ambulantes denuncian: piden desde 2 mil pesos por mes. Criminales amenazan con levantarlos, generar incendios o asesinarlos. Policías, con multas o sanciones por no integrarse a “programa de protección”
