El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) informó el 11 de agosto de 2026 la apertura de un expediente de acusación formal contra cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por narcoterrorismo, tráfico de drogas y tráfico de armas de fuego, en un caso que expone una operación internacional para intercambiar fentanilo y metanfetamina por armamento militar destinado a México.
Los acusados son Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”, de 63, y José Miguel Alvarado Morales, de 23. Los cuatro mexicanos fueron detenidos en República Checa en junio de 2026, después de que autoridades estadounidenses y europeas investigaran negociaciones para adquirir armas y artefactos explosivos que serían enviados desde ese país europeo a territorio mexicano.
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Según la acusación, en febrero de 2026 López Velasco y Díaz Jiménez negociaron la compra de ametralladoras y artefactos explosivos de origen europeo para emplearlos en actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y militares en México. El arsenal negociado incluía distintos tipos de ametralladoras, lanzagranadas, morteros, municiones y otros pertrechos militares.
El mecanismo de pago formó parte de la operación criminal señalada por las autoridades estadounidenses: los acusados ofrecieron fentanilo y metanfetamina introducidos a EE.UU. para su distribución a cambio del armamento.
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El expediente detalla los papeles atribuidos a cada acusado. López Velasco actuaba como representante de un integrante de alto rango del CJNG; Díaz Jiménez era traficante de fentanilo y contaba con un laboratorio clandestino en México; Gaxiola López fungía como intermediario en operaciones de narcóticos y armas, mientras que Alvarado Morales representaba a otro miembro de alto nivel de la organización criminal.
La investigación internacional también se vinculó con operaciones contra la producción de drogas sintéticas en territorio mexicano. El 12 de junio del mismo año, autoridades mexicanas desmantelaron en Zapopan, Jalisco, el laboratorio de opioides sintéticos atribuido a Díaz Jiménez, según el DOJ.
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El fiscal federal Gregory W. Kehoe anunció la apertura del expediente por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas de fuego. Las autoridades estadounidenses formularon cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material a una organización terrorista, importar drogas y traficar armas contra varios de los acusados. Todos enfrentan penas que podrían llegar a cadena perpetua si son declarados culpables.
López Velasco y Alvarado Morales fueron extraditados a EE.UU. y comparecieron ante un tribunal federal en Florida, donde quedaron detenidos. Díaz Jiménez y Gaxiola López permanecen en República Checa mientras continúa el proceso de extradición.
En la investigación participaron la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), autoridades de República Checa y dependencias mexicanas, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal y la Secretaría de Marina (SEMAR). La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Oficina de Asuntos Internacionales del DOJ también intervinieron en las detenciones y extradiciones.
El caso expone una dimensión transnacional de las operaciones atribuidas al CJNG, organización que EE.UU. considera una organización terrorista extranjera: sus presuntos integrantes habrían buscado aprovechar las redes de distribución de drogas en territorio estadounidense para obtener armamento europeo y trasladarlo a México, donde, según la acusación, sería empleado contra rivales y fuerzas de seguridad.
El DOJ solicitó además el decomiso de las ganancias derivadas de las actividades señaladas en el expediente. Las autoridades estadounidenses aclararon que la acusación constituye únicamente una imputación formal y que los cuatro acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
