Los cinco secuestradores mantuvieron comunicación por redes sociales son sus víctimas y al ganarse su confianza las privaron de la libertad y trataron de cobrar un rescate de 20 mil dólares.
El colectivo Unidos por nuestros Desaparecidos, convocó a una manifestación que se realizó a las afueras del edificio del Poder Ejecutivo, donde exigen respuestas y atención a sus casos por parte de la autoridad.
Bastó que un grupo de jóvenes -muchas de ellas estudiantes de diversas carreras universitarias- realizaran una protesta, para exhibir las deficiencias de la Fiscalía General del Estado (FGE). Las feministas no son el problema, sino la inoperancia gubernamental
Tras el reclamo realizado por representantes de colectivos de búsqueda el pasado domingo primero de mayo, durante el desfile del Día del Trabajo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo una reunión de trabajo y posteriormente participó activamente en una búsqueda.
Al dividir de nueva cuenta en el inicio de la administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Secretaría de Seguridad Pública de la Fiscalía General del Estado, entre otras áreas, la Academia de Policía -es decir, la formadora de elementos policíacos para todas las corporaciones de Baja California- quedó en la facultad de la Secretaría de Seguridad comandada por el General en el retiro, Gilberto Landeros.
“No vamos a permitir que delincuentes estén realizando acciones en detrimento de las instituciones, o de las cabezas de las mismas. No vamos a permitir, que, en sus actividades ilícitas, estén usando o mezclando los nombres de los funcionarios que no tienen que ver, que sí están cumpliendo con su trabajo y que no tienen acuerdos con los grupos criminales. Vamos a investigar hasta donde topemos”, declaró el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.
El secretario de Seguridad Ciudadana, General Gilberto Landeros Briceño, comentó que no se han tenido hechos graves o resultados que lamentar en los enfrentamientos con agrupaciones delictivas. Por su parte, el fiscal Ricardo Iván Carpio, aseveró que se inició una investigación formal sobre todas las mantas que han sido colocadas en días pasados.
Uno de los implicados dijo que fue obligado por un sujeto apodado “El Moki” o “Primo”, para ir a recoger una lona con el encargado de la caseta de Residencial Calzada, donde vive la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero asegura no tener nada que ver con el incendio de la patrulla en el Centro de Justicia de Río Nuevo.
