La gobernadora delega responsabilidades políticas, administrativas y operativas a sus personas de más confianza. Con frecuencia las decisiones generan conflictos al interior de la administración
Durante el mes de enero solo están garantizadas las atenciones y consultas básicas para los policías de Tijuana; cirugías y tratamientos especializados quedan suspendidos para más de dos mil policías.
Además de ser trabajador estatal, presuntamente se le relaciona con el tráfico ilegal de cigarrillos de Estados Unidos a México, el cual se distribuye en pequeñas tiendas y negocios de la localidad.
En el XXIV Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Montserrat Caballero Ramírez, se han otorgado al menos 83 bases sindicales a trabajadores el mismo día de su alta en la nómina del Municipio, sin contemplar a trabajadores de confianza que se encontraban a la espera, en algunos casos hasta 15 años.
El gobierno de Baja California ya denunció por despojo a quienes se han apoderado de ocho mil 854 metros cuadrados que estaban en posesión de la escuela primaria Benito Juárez No. 2 en la colonia Ojo de Agua, en Tijuana
Daniel Cervantes Torres, padre de Daniel Ramsés Cervantes Aguilar, director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, es el propietario de la clínica Internacional de la colonia Pueblo Nuevo, donde se llevó a cabo una labor de parto sin energía eléctrica, por lo que médicos tuvieron que usar celulares para alumbrar.
La familia de la oficial mayor, Rocío López Gorosave, mantiene un litigio por 2 mil 115 metros cuadrados (m2) de terreno patrimonio del Gobierno del Estado, ubicados a un costado de Ciudad Deportiva en Ensenada.
Poco menos de 150 mil pesos mensuales es lo que cobra la esposa del ex fiscal Guillermo Ruiz Hernández, por el arrendamiento del inmueble que albergará las oficinas de la Oficialía Mayor de Tijuana, dirigida por Rocío López Gorosave, la cual también fue funcionaria en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, WTC Tijuana
Elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGSPPPYTM) de La Paz, recién jubilados, denunciaron que las autoridades municipales se niegan a darles el finiquito que les corresponde por ley.
