El homicidio contra la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido en Tijuana el domingo 23 de enero de 2022, fue ejecutado por criminales organizados. Lo planearon, la esperaron afuera de la privada en la cual residía, aprovecharon cuando la comunicadora abrió con su control la puerta de acceso y usaron el tiempo que tarda en cerrar, para entrar, matarla, salir y huir.
Además, pagó 37 millones de pesos que se adeudaron desde la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien incumplió con el convenio realizado desde la administración de Francisco Vega de Lamadrid. De 2019 a 2022, el Teletón recibirá más de 87 millones de pesos.
Luego de más de dos años de litigio y por mandamiento de la justicia federal, José Ricardo Padilla Ibarra, hijo de la magistrada y ex procuradora Perla del Socorro Ibarra Leyva, ganó el juicio de amparo que interpuso contra del Gobierno del Estado, por lo que le fue devuelta la patente de notario que el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, le quitó, bajo el argumento de que fue entregada por medio de tráfico de influencias.
Durante la XXIV Legislatura de Baja California han surgido distintas iniciativas encaminadas a revertir parte de los temas que se presentaron en el anterior período de mandato y que caracterizaron la gestión de Jaime Bonilla Valdez.
Ante la falta de acciones concretas, pareciera que la administración encabezada por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, no tiene interés suficiente en responsabilizar a los funcionarios del bienio del ex mandatario y compañero morenista, Jaime Bonilla Valdez, de las irregularidades perpetradas, las cuales dejaron el erario mermado.
Plagado de irregularidades en el otorgamiento de la concesión y con una densa capa de opacidad, fue como se concretó uno de los últimos arrebatos del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez,
Más que la definición de una política pública para el combate a la inseguridad rampante que prevalece en Baja California, uno de los estados con mayor incidencia de homicidios a nivel nacional, la realidad es que la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha vuelto una lucha de poder que -en caso de concretarse- derrumbaría uno de los pilares más fuertes de su antecesor Jaime Bonilla Valdez.
