En el podcast hablamos sobre los feminicidios en Baja California y la impunidad en los casos; sobre la silumación de contratos por 7.2 millones por la Fiscalía de Bonilla y disminuyen las extradiciones con AMLO.
La última vez que se le vio a Francisco Vega de Lamadrid, el último gobernador panista de Baja California, fue en una red social. Específicamente, protagonizando un TikTok, un video compartido en la red social de origen chino que se centra, precisamente, en la divulgación de videos cortos por parte de los usuarios.
De repente la calle Misión de San Ignacio, a la altura del entronque con Bulevar General Abelardo L. Rodríguez, se cierra de tanta unidad blindada, tripulada por escoltas de seguridad armados que protegen a ex funcionarios de la Fiscalía General del Estado, que se reúnen en las oficinas privadas del ex fiscal Guillermo Ruiz Hernández.
Poco menos de 150 mil pesos mensuales es lo que cobra la esposa del ex fiscal Guillermo Ruiz Hernández, por el arrendamiento del inmueble que albergará las oficinas de la Oficialía Mayor de Tijuana, dirigida por Rocío López Gorosave, la cual también fue funcionaria en el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, WTC Tijuana
La salida de Hiram Sánchez Zamora de la fiscalía central, es el inicio del fin para los emisarios del abogado Guillermo Ruiz Hernández, pues prácticamente todos los perfiles serán removidos de las fiscalías especializadas y regionales, salvo por algunas contadas excepciones
Los excesos del fiscal Guillermo Ruiz Hernández fueron evidentes en los dos años de su gestión, pues hizo lo que quiso con el presupuesto, sin importar el destino que -en teoría- debería darse al recurso.
*El dirigente del PAN en Baja California consideró que Ruiz Hernández no dio certeza “en materia de procuración de justicia”. Ante la dimisión del abogado, ex candidato del PBC exigió que próximo titular de la FGE “no sea amigo del gobierno en turno”
Más que la definición de una política pública para el combate a la inseguridad rampante que prevalece en Baja California, uno de los estados con mayor incidencia de homicidios a nivel nacional, la realidad es que la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha vuelto una lucha de poder que -en caso de concretarse- derrumbaría uno de los pilares más fuertes de su antecesor Jaime Bonilla Valdez.
Pretendían gastar 5.2 millones de pesos en libros y 4 millones más para mantenimiento de edificios, entre ellos, el ubicado en el World Trade Center de Tijuana, el cual es un edificio rentado.
Después de reconocer que cada uno de los cinco municipios tiene territorios entregados a grupos criminales en los que la autoridad no está cumpliendo, el fiscal general de Baja California, Juan Guillermo Ruiz Hernández, asegura que la institución a su cargo está haciendo su parte: “Creo que si seguimos como vamos, podremos lograr un Estado con menos homicidios. Somos de los únicos estados que se vive con paz”.
