Los excesos del fiscal Guillermo Ruiz Hernández fueron evidentes en los dos años de su gestión, pues hizo lo que quiso con el presupuesto, sin importar el destino que -en teoría- debería darse al recurso.
Desde la renta del edificio del World Trade Center en Tijuana, cuyo costo mensual fue de 4 millones de pesos (el contrato termina en diciembre), hasta las contrataciones y los sueldos de sus allegados. Según la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), dentro de la Fiscalía General del Estado de Baja California se encontraban los sueldos más onerosos de la administración pública, algunos superando el emolumento del propio ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, e incluso, el del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
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Para dimensionar los sueldos, el mandatario federal percibe mensualmente 162 mil 041 pesos, y su amigo Jaime Bonilla se llevaba 51 mil pesos cada treinta días.
Sin embargo, Carlos Alberto Flores, comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), percibió a partir del mes de septiembre 169 mil 251 pesos mensuales por dirigir las dos policías del Estado. Extrañamente, su salario en el mes de junio era de 89 mil 999 pesos, pero decidieron incrementarlo de una forma desproporcionada -casi el doble- por órdenes del fiscal general.
Hablando del ex titular de la FGE –renunciado tras la fragmentación de la Súper Fiscalía-, su salario mensual también tuvo un incremento, pasando de 99 mil 999.92 pesos en junio, a 102 mil 569.11 pesos a partir de septiembre. Es decir, “El Titi” ganaba más que su compadre Bonilla.
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Se desconocen los extraños motivos del favoritismo de Ruiz Hernández hacia Carlos Alberto Flores, pero parece ser una cercanía muy estrecha para que de forma injustificada le ofrezca un salario tan alto -incluso superior al suyo-, teniendo pobres resultados en materia de seguridad.
Extrañamente, funcionarios como el fiscal central Hiram Sánchez Zamora -el hombre de mayor confianza de Ruiz Hernández- tuvo un menor aumento salarial cuando pasó de 89 mil 999 pesos al mes, a 92 mil 268 pesos, según los datos oficiales de la misma PNT, de los cuales ZETA mantiene resguardo.
Ese ligero ajuste también se vio reflejado en el salario de la visitadora Claudia Elena Meza de la Toba, quien de los 59 mil 999 pesitos cada 30 días, subió a 61 mil 408 pesos, cifra no muy sustancial, pero significativa al darse a punto de concluir la administración.
Otro extraño caso, el del fiscal Gilberto Osvaldo Jiménez Topete, titular del área especializada en Atención de Delitos de Tortura, con un salario de 61 mil 408.23 pesos en un cargo que no debería existir en el ámbito estatal, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ese tipo de delitos son de facultad exclusivamente federal, por lo que las áreas especializadas locales en esa materia, deberían quedar sin efecto.
Los despilfarros del ex fiscal Ruiz Hernández siempre contrastaron con López Obrador, quien, a diferencia del bajacaliforniano, asumió la Presidencia de México disminuyéndose el sueldo, especialmente en un periodo de austeridad. Mientras que el abogado tijuanense incrementó salarios y permitió que uno de sus funcionarios ganara más que el propio Comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual resulta absurdo y una ofensa no sólo para los fieles creyentes de la 4T, sino para los agentes estatales que constantemente denunciaron la falta de dinero para viáticos, gasolina y demás.
