En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el espionaje legal en delegaciones estatales de la FGR aumentó casi 700%. En cambio, las peticiones para intervenir comunicaciones en la investigación de crimen organizado se mantienen en los mismos parámetros. En tres años, en Baja California Sur se hicieron 526 pedimentos para interceptar llamadas y analizar comunicaciones. Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada no transparenta el tipo de delitos ni entidades que investiga. Pocos resultados y uso político, advierte en el uso de esta herramienta legal el investigador de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso
Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha incrementado casi en 700 por ciento las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas en las delegaciones estatales del país, en la investigación de delitos del fuero federal, sólo aumentó el 3% en las peticiones para intervenir dispositivos tecnológicos en las pesquisas ligadas en contra de la delincuencia organizada.
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Así queda de manifiesto en la comparación de este tipo de acciones llevadas a cabo por la dependencia encargada de la procuración de justicia, entre los últimos tres años del sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto, y los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Información que se encuentra plasmada en un documento de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la FGR.
La Coordinación de Supervisión y Control Regional muestra información estadística que destaca que, entre 2016 y septiembre de 2021, el Ministerio Público de la Federación ha presentado al Poder Judicial 3 mil 746 solicitudes para intervenir comunicaciones privadas, de las cuales mil 197 han sido formuladas por las delegaciones estatales de la FGR en la mayoría de las entidades federativas, y 2 mil 549 han corrido a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.
Francisco Jiménez Reynoso, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera positiva la gestión que efectúan las autoridades para utilizar las herramientas legales contempladas en la Constitución mexicana y en las leyes secundarias, como el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) y la Ley de Seguridad Nacional (LSN), entre otras.
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Sin embargo, para el doctor en Derecho, pese a que ha incrementado la utilización de este medio jurídico y que la Guardia Nacional (GN) ya está operando este sistema a través de sus atribuciones, no se han podido obtener resultados contundentes en contra de la criminalidad que campea en el país. Y lamentó que el aumento en solicitudes de intervención de comunicaciones no sea propiamente en contra de miembros de organizaciones criminales dedicadas a la delincuencia organizada.
“Por el momento vemos que hay un empoderamiento, un robustecimiento de la delincuencia organizada a lo largo y ancho del país, que van mermando el poder y la gobernabilidad de las autoridades constitucionales. Los vacíos de poder que va teniendo el gobierno los va ocupando la delincuencia organizada, y eso trae como consecuencia una lucha fratricida en la que se enrolan miles de mexicanos, y entre ellos, entre los sicarios que contratan, convencen o someten, hay menores de edad que lamentablemente están cayendo en ese mundo nefando”, asegura el jurista.
NÚMEROS SIN RESULTADO
De acuerdo con la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la FGR, entre 2016 y 2018 (sexenio de Peña Nieto), las fiscalías especializadas en Materia de Delincuencia Organizada y de Derechos Humanos, solicitaron mil 260 acciones para intervenir comunicaciones telefónicas, contra mil 289 peticionadas entre 2019 y 2021 (administración de López Obrador), lo que significa apenas un 3% más entre un periodo y otro, para esclarecer delitos como lavado de dinero, secuestro, robo de vehículos, robo de hidrocarburos y desaparición forzada, entre otros.
El mismo documento refiere que las delegaciones de la FGR, en pesquisas por otros delitos federales diversos al crimen organizado, presentaron sólo 135 solicitudes para interceptar mensajes y actividad tecnológica de intercambio de datos durante la segunda mitad de la administración peñista, contra mil 062 peticiones de intervención en los tres primeros años de la actual administración gubernamental, lo que refleja un crecimiento superior al 700%. Aunque en ambos periodos, las acciones fueron de menos a más.
Sorprende el hecho de que sea la delegación de la FGR en el Estado de Baja California Sur la que más solicitudes haya formulado en la materia, 526 en los últimos tres años, contra ninguna petición en los finales del sexenio anterior. La distancia con el segundo lugar, que es la Delegación Veracruz, es abismal, ya que apenas suma 100 pedimentos en seis años casi completos, equilibrados entre los periodos comparados. Zacatecas, entidad en conflicto, es tercero con 76 solicitudes, sólo ocho de estas en la recta última de la administración pasada.
La lista sigue con el Estado de México, 69 peticiones; Sonora, 62; Tlaxcala, 52; Puebla, 50; Guanajuato, 35; Oaxaca, 33; y Baja California en décimo sitio, con 26 solicitudes de intervenciones de comunicaciones privadas, que no sólo son líneas telefónicas móviles o convencionales, también informaciones, audio, video y archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real.
En el caso de BC, la actividad de la Delegación Estatal de la FGR (ex PGR) fue casi nula entre 2016 y 2018, cuando sólo sumaron tres peticiones del Ministerio Público federal ante los órganos jurisdiccionales; en tanto que, a partir del sexenio lopezobradorista y la administración estatal de Morena en la entidad, las solicitudes de intervenir comunicaciones fueron 23, aunque la información no refiere qué tipo de delitos se investigaron. En contraste, hay delegaciones estatales que en los seis años no tuvieron un solo pedimento ante jueces, como Jalisco y Tamaulipas.
EL USO POLÍTICO
La información aportada por la Fiscalía General de la República no está desagregada bajo el Criterio 03/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, donde se establece que no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información y por ello se desconoce en qué estados, qué tipo de investigaciones, contra qué delitos, cárteles o personajes de la delincuencia organizada se han formulado las 3 mil 746 solicitudes de intervención de comunicaciones por parte de la FEMDO y la FEMDH.
En esa opacidad de la dependencia federal, podrían aparecer las pesquisas que no figuran en delegaciones como Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, con graves problemas de inseguridad y violencia por el accionar de cárteles como los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, Los Zetas, Guerreros Unidos y Los Viagra, por citar algunos.
El hecho de que se hayan elevado las solicitudes para intervenir comunicaciones privadas en las delegaciones de la FGR y no por parte de la fiscalía encargada de enfrentar al crimen organizado, es interpretado con suspicacia. “Vemos desgraciadamente, en México, que la política de nuestro país no se lleva con la ética que esto merece, sino que hay políticos que se manejan prácticamente como capos y eso demerita la función política de nuestros gobernantes, definitivamente”, asevera el doctor Francisco Jiménez Reynoso.
Para el investigador udegeísta no resulta extraño que algunas de las acciones de espionaje legal autorizado tengan como escenario algunos estados que en este año que concluye tuvieron actividad electoral: Baja California, Querétaro, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, por mencionar algunos, cuyos indicadores muestran una tendencia al alza en las solicitudes ministeriales para que jueces otorgaran la medida de intervención de comunicaciones.
El entrevistado no descarta que detrás del aumento de acciones emprendidas para espiar de parte de las delegaciones de la FGR, esté detrás la mano de la delincuencia: “Creo que también influye la inteligencia y la logística que tienen los grupos criminales que podrían, en mi opinión, influir en las solicitudes, porque dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, y bueno, probablemente los mismos grupos delincuenciales están utilizando las herramientas, los instrumentos legales -constitucionalmente hablando- para mermar el potencial de sus contrarios. No descarto que tengan eventos de esta naturaleza”.
Finalmente, Jiménez Reynoso expresó que la GN cuenta con más de 40 atribuciones y facultades para actuar en casos como la intervención de comunicaciones privadas, por lo que ya es tiempo de ver resultados en contra de la delincuencia organizada, y de una vez por todas, reclutar a esos miles o millones de mexicanos que “se encuentran en una extrema necesidad y que buscan de alguna manera subsistir, y que no es suficiente el esfuerzo gubernamental, y por ello quien gana terreno en la delincuencia organizada, que va captando cada vez más simpatizantes”.
