La última vez que se le vio a Francisco Vega de Lamadrid, el último gobernador panista de Baja California, fue en una red social. Específicamente, protagonizando un TikTok, un video compartido en la red social de origen chino que se centra, precisamente, en la divulgación de videos cortos por parte de los usuarios.
En el caso de Vega, no es que haya abierto su propia cuenta de TikTok, pero sí apareció en un video descargado a la red social por parte de su esposa, la ex primera dama Brenda Ruacho, la misma que regresó casi 7 millones de pesos a la Fiscalía General del Estado de Baja California, tras haberse quedado con dinero producto de donaciones para construcciones del DIF, en cuentas personales.
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A Vega se le ve tranquilo. Barbado, vestido con una chamarra deportiva azul, en la sobremesa de una comida en el Día de San Valentín en Estados Unidos. Ni un ápice de preocupación se le asoma en la cara.
En las mismas condiciones aparece Jaime Bonilla Valdez, el ex gobernador morenista y protagonista del único periodo de dos años al frente de la administración estatal, quien la última ocasión que fue visto por el público, fue cuando -según informó su colaborador Rogelio Lavenant en redes sociales- “apareció” de “sorpresa” en uno de los programas de su grupo de medios, PSN. Exacto, fue a que lo entrevistaran en el segmento de Juan Arturo Salinas.
Muy campante, con esa seguridad de aquel que se sabe impune, Bonilla se dio de cebollazos en su medio de televisión, hablando de su vida, de su relación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de cómo está dedicado a sus empresas de tiempo completo. Y justificó que -de verdad- dejará pendiente por “unos tres meses” -parafraseó Lavenant- la posibilidad de integrarse al gabinete del Gobierno de México.
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La realidad es que a Bonilla no lo han considerado para un cargo en el gabinete federal, cuando hace unos meses él mismo informó a sus allegados que había sido designado subsecretario de Gobernación, posición, por cierto, que no existe. Entre los cercanos al Presidente de la República, les quedó claro el nivel de desesperación del bajacaliforniano para ser considerado. Es evidente, porque no tomó posesión, que ni el mandatario nacional ni el secretario de Gobernación, lo tomaron en cuenta para confirmar la engañosa estrategia de Bonilla para presionar por una posición.
Bonilla, como Vega, son dos ex gobernadores impunes.
Del panista, el de Morena prometió, gritó, arengó y amenazó, que lo metería a la cárcel una vez que tomara posesión del gobierno. No lo hizo. A lo más que llegó, que su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presentara dos denuncias: una por una “estafa” por mil 200 millones de pesos, y otra por el desvío de mil 586 millones de pesos. Pero no pasó nada, aquello terminó -como la mayoría de las denuncias entre políticos- en un show mediático.
El único caso en que avanzaron, fue en el de la ex primera dama, a cambio de no ser sometida a un juicio; devolvió casi 7 millones de pesos que se había quedado en sus cuentas personales. No más.
La Fiscalía General del Estado en el bienio bonillista la encabezaba su compadre, Guillermo Ruiz Hernández, quien en varios momentos del último sexenio panista, había sido representante e intermediario jurídico de Francisco Vega de Lamadrid, razón por la cual entre abogados y políticos, sabían que no investigaría a Vega, pues en algunas negociaciones, el propio fiscal había participado “de buena fe”.
Actualmente las investigaciones contra “Kiko” Vega siguen tan congeladas como las dejó Ruiz Hernández.
Y de Bonilla Valdez, pues está cubierto con el velo de impunidad que provee el Presidente López Obrador, quien no sólo deslindó públicamente al ex Ejecutivo estatal en la investigación que se sigue por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, sino que prácticamente con ello, mandó un mensaje al joven fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio: “No hay nada que vincule a Jaime Bonilla” con el homicidio de la periodista.
Y de los excesos en el gobierno, tarde se le ha hecho a Marina del Pilar Ávila Olmeda para informar cuáles fueron las inconsistencias e irregularidades que su gobierno y gabinete encontraron en la administración estatal heredada por Bonilla. Fuera de que se investigará el caso de la concesión de la planta fotovoltaica promovida por Bonilla, y que ahora se sabe, no fue autorizada por Energía federal, no hay denuncias contra el primer ex gobernador de Morena en el país.
Quienes sí encontraron inconsistencias en el manejo de los dineros en la administración titulada por Jaime Bonilla, fueron los auditores de la Auditoría Superior de la Federación, pues anotaron en su informe de la semana pasada, haber detectado irregularidades por al menos, mil 105 millones de pesos. Inconsistencias que, o le pasaron de noche a los colaboradores de la gobernadora Ávila Olmeda, o las descubrieron, pero voltearon la mirada hacia el lado de la impunidad. Porque no hay explicación lógica para que una instancia federal sí las detecte, y una estatal no.
Aparte, cuentan cercanos al Presidente de la República, la orden al gobierno bajacaliforniano ha sido que a Bonilla no lo investiguen. Con este amarre de manos a la gobernadora Marina Ávila, se explica la ausencia de denuncias contra la anterior administración, y la permanencia de Catalino Zavala en la Secretaría General de Gobierno, un bonillista que no ha dejado de frecuentar los círculos de los colaboradores del ex mandatario, con quienes se sienta a acordar, cada semana.
Así, los dos últimos gobernadores de Baja California, son por mucho (sin ofender a Xicoténcatl Leyva Mortera +) señalados de actos de abusos y corrupción, un par que vive en la impunidad. Política, pues.
