Esta semana, mientras el país se enteraba que el capitán Alejandro Torres Joaquín había confesado en mayo, ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que siendo director de la aduana tampiqueña permitió el ingreso ilegal de combustible y sus palabras expusieron una red de corrupción entre personal de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico y la Secretaria de Marina, resultó imposible dejar de pensar en lo que sucede en el resto de los puertos.