En julio de 2019, el gobierno de Donald Trump firmó con Guatemala, El Salvador y Honduras, el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), mediante el cual el gobierno guatemalteco se comprometió a recibir a los centroamericanos deportados y distribuirlos.
Ciertamente, promover reformas constitucionales, es una de las facultades que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió usar desde la campaña, cuando anunció, entre otras, la reforma al Artículo 108 para eliminar el fuero; al 127 para que nadie gané más que el mandatario; y al Artículo 4, para dar rango constitucional a los programas sociales.
Aunque no está planteado como exigencia en la Ley de Bienes del Estado de Baja California, “la autoridad tiene que justificar el fin legítimo, debería de haber un estudio científico para ver si el beneficio que se dará a la UABC justifica el perjuicio que se le daría a la ciudadanía al mover las dependencias”, expuso el 12 de marzo ante el Grupo Madrugadores, Sergio Bravo Gibert, doctor en Derecho Constitucional y miembro certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
Con dos años de gobierno y la próxima elección encima, frente a sus contrincantes políticos, el mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, juega a los resultados a “corto plazo”. Promueve procesos que afecten a sus enemigos en lo inmediato, aunque sabe que en el largo plazo tiene pocas posibilidades de ganar.
En Baja California, las mujeres son más productivas que los hombres y con menos oportunidades, comentó el secretario de Economía Sustentable y Turismo: “De las más de 32 mil solicitudes de créditos-apoyos que recibimos para reactivarse, más del 60 por ciento fueron de mujeres”.
La teoría del Estado nos vende la idea de que la seguridad ciudadana consiste en el pacto básico entre el poder público y la población que delega su posibilidad de salvaguardar su integridad física, sus bienes y su entorno en autoridades constituidas para que se proporcione bienestar a la gente. La ciudadanía ha delegado esa facultad de hacer justicia por sí misma, incluso antes de tener uso de razón.
En mayo de 2020, tras conocerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no respaldaba la inconstitucional ambición del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para ampliar su periodo de dos a cinco años, lo que intentó solapado por el poder que despliega sobre el Congreso de mayoría morenista y los ayuntamientos -a excepción de Tecate, que votó en contra-, el alcalde electo por Tijuana, Arturo González, tuvo una gran osadía.
Víctor Escobar Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción de Baja California, explicó que los cortes de luz padecidos en diferentes puntos de los municipios bajacalifornianos, en el marco de las tormentas invernales y los vientos de Santa Ana, se deben a la falta de mantenimiento.
“No vamos a lograr ningún nivel de inmunidad colectiva en 2021”, advirtió el 11 de enero Soumya Swaminathan, científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud.
