Un mes antes de su toma de posesión, el 26 de septiembre de 2019, durante una incineración de droga en el Campo de Entrenamiento Aguaje de la Tuna, Jaime Bonilla Valdez declaró: “La responsabilidad de la seguridad en el Estado es del gobernador”.
De una terna enviada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, por unanimidad del Congreso, el 23 de noviembre de 2020, el hankista-priista Carlos Barboza Castillo fue designado como el primer fiscal autónomo especializado de Atención de Delitos Electorales en Baja California; el 21 de abril del año en curso, 46 días antes del día de la elección, el Poder Legislativo decidió quitarle la autonomía que le había dado a la fiscalía, e integrarla al cuerpo de la Fiscalía General del Estado (FGE).
A los diputados de la XXIII Legislatura por Baja California se les puede acusar de todo, menos de falta de ambición; violentaron la Constitución y los procesos parlamentarios en varias ocasiones, solo para pisotear su autonomía, rendirle pleitesía y cumplir la voluntad del gobernador, y, aun así, buscan el favor de la ciudadanía.
Las campañas a gobernador en Baja California iniciaron el 4 de abril, lo mismo que las de legisladores federales. El 19 de abril marcó el inició de la búsqueda del voto para los candidatos a alcaldes en los cinco municipios y los aspirantes a diputados en los 17 distritos locales.
Durante poco más de 18 de los 24 meses que será gobernador constitucional de Baja California, la presencia territorial y el acceso a la información del ingeniero Jaime Bonilla Valdez no ha sido generosa y empeoró con la veda electoral.
Este 2021, ZETA informa y reitera la decisión de no aceptar publicidad-propaganda del candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon. Nuestra postura data del año 2004, cuando el dueño del Hipódromo fue postulado como precandidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y se renovó en 2007, cuando contendió también con el tricolor.
Con la premisa de manifestarse inmaculado a pesar de los dineros con origen desconocido manejados por su hermano Pío, los contratos a su prima o el millonario préstamo a su publicista Epigmenio Ibarra -entre otras varias curiosidades-, desde el inicio de su gestión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador está convertido en el vocero oficial del discurso contra la prensa.
En julio de 2019, el gobierno de Donald Trump firmó con Guatemala, El Salvador y Honduras, el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), mediante el cual el gobierno guatemalteco se comprometió a recibir a los centroamericanos deportados y distribuirlos.
Ciertamente, promover reformas constitucionales, es una de las facultades que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió usar desde la campaña, cuando anunció, entre otras, la reforma al Artículo 108 para eliminar el fuero; al 127 para que nadie gané más que el mandatario; y al Artículo 4, para dar rango constitucional a los programas sociales.
Aunque no está planteado como exigencia en la Ley de Bienes del Estado de Baja California, “la autoridad tiene que justificar el fin legítimo, debería de haber un estudio científico para ver si el beneficio que se dará a la UABC justifica el perjuicio que se le daría a la ciudadanía al mover las dependencias”, expuso el 12 de marzo ante el Grupo Madrugadores, Sergio Bravo Gibert, doctor en Derecho Constitucional y miembro certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
