La teoría del Estado nos vende la idea de que la seguridad ciudadana consiste en el pacto básico entre el poder público y la población que delega su posibilidad de salvaguardar su integridad física, sus bienes y su entorno en autoridades constituidas para que se proporcione bienestar a la gente. La ciudadanía ha delegado esa facultad de hacer justicia por sí misma, incluso antes de tener uso de razón.
En mayo de 2020, tras conocerse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no respaldaba la inconstitucional ambición del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para ampliar su periodo de dos a cinco años, lo que intentó solapado por el poder que despliega sobre el Congreso de mayoría morenista y los ayuntamientos -a excepción de Tecate, que votó en contra-, el alcalde electo por Tijuana, Arturo González, tuvo una gran osadía.
Víctor Escobar Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción de Baja California, explicó que los cortes de luz padecidos en diferentes puntos de los municipios bajacalifornianos, en el marco de las tormentas invernales y los vientos de Santa Ana, se deben a la falta de mantenimiento.
“No vamos a lograr ningún nivel de inmunidad colectiva en 2021”, advirtió el 11 de enero Soumya Swaminathan, científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud.
Muchos hacen sorna sobre la selección de candidatos que distintos partidos, mejor dicho, todos los partidos, están haciendo para el proceso electoral 2021, tanto en las quince entidades donde se renovarán los gobiernos estatales, como en las diputaciones federales ahora que una nueva Legislatura entrará a la batalla político-administrativa.
Durante 2020, la Cruz Roja brindó 72 mil 836 servicios de ambulancia de emergencia en Baja California, cifra que representa el 98% de los servicios que se solicitaron el año pasado en toda la región.
Algunas de las frases más aplaudidas y recurrentes en la campaña y los dos años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido que no iba a reciclar ni a admitir a funcionarios corruptos, ineficientes e irresponsables. Al deshacerse de ellos, actuaría sin filias ni fobias, y no habría intocables.
Con diez meses de una economía frenada por la COVID-19 en Baja California, negocios cerrados, miles de empleos perdidos en el sector servicios, construcción,...
