“El poco hablar es oro, y el mucho hablar es lodo”, es un refrán que buena falta le hace aplicar al gobernador de Baja California, quien desconoce la utilidad de callar para no evitar perderse en la ignorancia y la necedad. Al contrario, el ingeniero Jaime Bonilla Valdez parece disfrutar exhibiendo su estolidez.
En su acostumbrada exposición mañanera a través de Facebook, el 23 de febrero, después de una hora y 43 minutos de transmisión, este hombre, falto de razón y discurso, ofreció una muestra más de su necesidad patológica de mentir, el gusto por la violencia verbal innecesaria, así como su molestia por no poder ejercer control sobre la línea editorial de ZETA.
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El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, leyó la pregunta del reportero Fidel Mier en Tijuana, respecto a una demanda contra el desalojo de las oficinas del Centro de Gobierno en la Zona del Río y de la suspensión definitiva otorgada por un juez -expediente 465/2020- en contra del intento del mandatario por disolver el Patronato de la obra Plaza Cívica 11 de Julio.
A lo que el mandatario agregó:
“No, pues puro chorizo, para empezar, son politiquerías, están inventando notas, vi ayer una nota del ZETA que decía que había una suspensión definitiva, nada más alejado de la realidad, pero lo hacen; lo hacen precisamente porque ahora resulta que el ZETA es un motor operativo de Hank, para que vean que cómo cambian las cosas. Para nada, nosotros vamos siguiendo adelante respetando la Ley”.
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De entrada, el documento publicado en dos notas de la versión web de este Semanario, evidencia que la suspensión existe. Pero la mezquindad del mandatario, la soberbia que provoca su falta de conexión con la realidad, la evidente ausencia de oficio y sobre todo su desmesurado deseo de politizar todo en la vil pepena de votos, hicieron que tuviera el atrevimiento de relacionar a ZETA con el hombre sospechoso de ser el asesino intelectual de Héctor Félix Miranda, cofundador de este medio de comunicación, quien perdiera la vida en 1988.
El dueño del Hipódromo, jefe y protector de los hombres que purgaron pena por haber acribillado al cofundador de este Semanario. El mismo hombre que ha estado preso bajo investigación, por tráfico de animales, por la posesión de decenas armas y sospechoso en la muerte de una mujer, todas indagatorias de las que ha sido liberado; igual que del homicidio de Félix, lo que le ha permitido ser el actual candidato del PES a la gubernatura de Baja California.
Bonilla abrió la boca a sabiendas que ningún medio como ZETA ha expuesto los delitos del empresario priista y cómo este ha evadido a la justicia, seguramente a más profundidad que la empresa mediática del gobernador. Y después que ha sido incapaz, durante las 71 semanas de su gobierno, de responder la pregunta que la imagen de Héctor Félix le hace semanalmente desde las páginas de este medio: ¿Podrá su gobierno capturar a los que ordenaron mi crimen?
“Bonilla, atrape a Hank, atrévase. Pídale al fiscal que descongele los expedientes por homicidio y le investigue”, le reclamó vía Twitter la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, el mismo martes 23. Porque al final ha sido evidente que al Ejecutivo estatal no le ha importado ridiculizar la supuesta independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado.
No se confunda, ingeniero: ZETA no es uno de sus empleados, esos a los que les ha hecho creer que le deben todo por tener un puesto en el gobierno, a los que no les importa violentar leyes o fabricarlas para cumplir sus caprichos como la Ley Bonilla, o servirle de patiños para su show mañanero. Tampoco uno de esos empresarios que se repliegan cuando los tacha de delincuentes.
Este Semanario no está dispuesto a tolerar en silencio sus agresiones mal intencionadas,
reiteradas, alevosas, incluidos los más de 16 ataques a la libertad de expresión y acceso a la información ocurridos en su mandato, que ya fueron documentados por las oficinas para México y Centroamérica de Artículo 19. Organización No Gubernamental internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, de quienes recibió una carta en agosto de 2020, misma que fue suscrita por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Gobernador: no nos va a intimidar, ni a someter, porque cuando Usted no estaba interesado en el bien social o la justicia, mientras amasaba su fortuna apadrinado por el ex mandatario Xicoténcatl Leyva, ZETA ya trabajaba por un mejor Baja California, enfrentando a corruptos, criminales y narcopolíticos.
Tenga claro que ser dueño, o poseer una empresa de medios, no lo convierte en periodista. Y menos en uno ético. Contrario a Usted, en este Semanario no estamos buscando votos ni nos servimos de la política como un mecanismo para obtener, acumular o mantener poder. Tampoco la usamos para pervertir el contenido de nuestro medio de comunicación.
Le recordamos que ZETA es una empresa de finanzas austeras, que no vende notas ni su línea editorial, porque ha costado vidas irremplazables y valiosas, pero estamos seguros que Usted lo sabe.
En ZETA seguiremos defendiendo la libertad de expresión, nuestra independencia y nuestro compromiso con el periodismo, allende los políticos circunstanciales, cuyos periodos son efímeros. En este caso, de dos años.
