Li Wenliang era un oftalmólogo de 36 años que trabajaba en la región de Wuhan, China. Él fue el primer médico en detectar varios casos de contagio de una enfermedad que afectaba las vías respiratorias. Alertó a sus colegas el 30 de diciembre de 2019 respecto a usar ropa protectora, ante el surgimiento de un nuevo coronavirus potencialmente mortal.
El 3 de enero de 2020 fue acusado por funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública, de terco, impertinente, de “hacer comentarios falsos”. Le advirtieron que podría ser juzgado. Wenliang murió contagiado el 7 de febrero, 20 días después que China declarara y reconociera la emergencia sanitaria.
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En medio del embate mortal de la pandemia por el coronavirus, es seguro que cada asociación privada, institución gubernamental, empresa o medio de comunicación que reconozca anualmente el valor y el trabajo, colocarán en su podio a los integrantes del sector salud que combaten al COVID-19, como lo hace hoy ZETA, al designarlos Personaje del Año 2020.
Con la finalidad de agradecerles por su compromiso, por la lucha en medio de la crisis sanitaria y humanitaria; por todo lo que han aprendido y arriesgado, las vidas que han salvado; por el acompañamiento que han dado a quienes perdieron la lucha, por el coraje que han demostrado y el tiempo que han sacrificado.
De todos los países, México es el que tiene la mayor deuda con su personal médico.
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Además del incumplimiento económico, al no entregarles el Bono COVID que les prometieron y se han ganado, e injustamente no han recibido después de 10 o 12 meses de trabajo y estrés sin descanso. Se está violentando su derecho a la vida.
Se trata de una deuda moral de la sociedad y el gobierno, que los ha convertido en el personal de salud más expuesto y desprotegido del mundo, de acuerdo con el reporte presentado por Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional el 3 de septiembre, en el que se informó que el 18.8% de los fallecimientos de este sector ha ocurrido en nuestro país, lo que nos coloca en el nada honroso primer lugar.
Alrededor de 60 de esos decesos han ocurrido en Baja California, donde más de 5 mil 800 trabajadores de la salud se han contagiado, 25% han sido médicos, 25 % enfermeras y un 50% entre técnicos, radiólogos, personal administrativos, de alimentos y limpieza.
Del total de infectados, 37% laboran en el sistema estatal, 47% en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 8% en ISSSTE e Issstecali, respectivamente.
Por demás impune, resulta que los trabajadores de la salud enfermen o mueran intentado salvar vidas, enfrentando carencias de equipo, suministros, espacios y condiciones de calidad que les permitan cumplir con su trabajo. Injusto es también que el personal de sanidad sea el primero en pagar las consecuencias de gobiernos populistas, que para no afectar su imagen, se niegan a establecer restricciones y sanciones legales para contener los contagios y rebrotes, a pesar del evidente riesgo de muerte de inocentes.
Muy torcido resulta que doctores y enfermeros pongan en riesgo a sus familias, mientras miles de ciudadanos faltos de conciencia empatía y solidaridad, creen que sus ganas de salir a divertirse y entretenerse, están por encima del derecho a la vida y la salud, de sus amigos y familiares.
Los médicos, enfermeros, enfermeras y demás personal de salud de Baja California acumulan ya 10 meses trabajando sin descanso, en trajes de protección que los deshidratan, bajo mucho estrés, pero han sabido aprovechar la crisis para aprender a combatir al enemigo mortal que está mutando, y en el proceso han contribuido a salvar más de 25 mil 600 vidas.
Lo han hecho desgastados, bajo la tensión terrible de ver fallecer a más de 5 mil 200 residentes bajacalifornianos, conscientes que muchos pudieron ser salvados si ellos hubieran tenido los suministros necesarios, o los pacientes hubieran buscado atención a tiempo.
Hoy, en medio de un rebrote que supera sus capacidades físicas y materiales, frente a un año 2021 que se avizora tan complicado como el año que concluye, como sociedad estamos obligados a darles las gracias y corresponder a su sacrificio.
La obligación es escucharlos, apoyarlos y protegerlos, por lo menos con la misma responsabilidad con la que ellos han trabajado. Sin mentiras, admitiendo limitaciones, carencias, en pleno reconocimiento de la gravedad de la situación, para generar conciencia y acciones, en busca de alternativas y soluciones.
