La teoría del Estado nos vende la idea de que la seguridad ciudadana consiste en el pacto básico entre el poder público y la población que delega su posibilidad de salvaguardar su integridad física, sus bienes y su entorno en autoridades constituidas para que se proporcione bienestar a la gente. La ciudadanía ha delegado esa facultad de hacer justicia por sí misma, incluso antes de tener uso de razón.
Por su parte, las autoridades buscan materializar esa protección a través de políticas públicas, entre estas la llamada política criminal, cuyo sello e ideología se imprime en un plan nacional de desarrollo. Al iniciar cada administración federal, las esperanzas de mejorar y subir a un mejor estadio social se plasman en ese documento, con base en un diagnóstico, objetivos y acciones a desarrollar.
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En el caso de la actual administración, esta carta de buenas intenciones se formuló antes de iniciar el sexenio, siendo denominado como Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Como en todo plan de esta naturaleza, se parte de una base. De describir cómo la autoridad anterior dejó el estado de las cosas para de ahí partir y mejorar. El diagnóstico todos lo vivimos y padecimos. Los resultados en materia de seguridad y justicia no fueron la mejor cara de los dos anteriores sexenios.
El diagnóstico advirtió que la estrategia represiva policial-militar, práctica básica y casi única en los gobiernos antecesores, sumió al país en una profunda crisis que se vio reflejada en el crecimiento de la violencia, la inseguridad, la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad se elaboró con base en ese panorama y la finalidad de no incurrir en las mismas prácticas y abolir el sistema neoliberal que incidió hasta en las políticas de seguridad y justicia. Los ejes para sacar a flote a México y restablecer el tejido social dañado por estos fenómenos, se fundamentan en lograr un verdadero Estado de Derecho y reorientar el combate a la delincuencia, el combate a la corrupción y las políticas sociales de bienestar.
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Asimismo, se planteó establecer procesos de pacificación por los que el país debe transitar, hacer funcionar los mecanismos de justicia, lograr una nueva práctica penitenciaria, la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y conseguir las reformas legales necesarias para poner en práctica ese plan. Bueno, hasta el buen propósito de lograr una regeneración ética de la sociedad.
El tiempo ha transcurrido desde entonces y, con los vientos de la Cuarta Transformación, ese estado de las cosas se parece tanto a los escenarios antes descritos. Con la 4T, la violencia no para, la corrupción continúa en todas las instancias, la seguridad pública o ciudadana no acaba de cumplir su cometido y el esquema de procuración e impartición no mejora: solo se transforma, tal como ocurrió en las transformaciones anteriores.
La Historia nos ha demostrado desde la Colonia, la Independencia y la Revolución, que el cambio no se da con transformaciones y buenas promesas. En todas esas etapas se derramó sangre. Ahora “sin guerra”, la sangre sigue corriendo con la violencia de cada día.
A su arribo al poder, el gobierno actual criticó el abandono de la procuración de justicia, la descomposición institucional y falta de probidad de algunos (muchos) servidores públicos. También se advirtió sobre las malas acciones de las corporaciones de seguridad pública, las instituciones encargadas de perseguir los delitos y las instancias judiciales para la impartición de justicia. Pero poco o nada ha cambiado.
Se reprochó el florecimiento del narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de combustibles, el lavado de dinero, el tráfico de armas y muchos otros delitos que “no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos”; se fustigó la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado mexicano y se prometió que se erradicaría la represión y nadie sería torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. Poco o nada ha cambiado.
La entrega de personas por policías a grupos criminales, la desaparición de personas, el incremento de fosas clandestinas, las balaceras, homicidios y feminicidios están presentes en todo el territorio nacional. La creación de una Guardia Nacional que actuaría de manera similar a la Gendarmería Nacional francesa y la Guardia Civil española en 266 regiones del país con un perfil de agentes bien capacitados, no termina de completarse, sobre todo en la definición de su estrategia. Inicialmente se planteaba que el mando recayera en la autoridad civil, pero después, en una clara militarización, la dirección y operación quedó en manos castrenses.
Por eso, es de asumirse que la violencia, la seguridad y la procuración e impartición de justicia no mejora, solo se transforma.
