Algunas de las frases más aplaudidas y recurrentes en la campaña y los dos años de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, han sido que no iba a reciclar ni a admitir a funcionarios corruptos, ineficientes e irresponsables. Al deshacerse de ellos, actuaría sin filias ni fobias, y no habría intocables.
Sin embargo, a lo largo de gestión, no ha tenido problema en enviar señales contradictorias y evidenciar sus filias.
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Por ejemplo, tras señalar que no hay intocables, pidió respeto para su familia, cuando algunos de ellos decidieron no respetar a los mexicanos. Como sucedió con su poco empática esposa, quien en algún momento consideró oportuno burlarse del dolor de los padres de niños con cáncer, quienes le pidieron ayuda y les respondió en redes sociales con la frase “Yo no soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.
O el caso de su hermano Pío, expuesto en agosto de 2020 recibiendo sobres de dinero en un video de 2015 exhibido por el medio de comunicación Latinus. La cantidad mencionada son 1.4 millones de pesos para la campaña de 2018, recibida de manos de David León, posteriormente nombrado coordinador nacional de Protección Civil y titular de la empresa del Estado para evitar la corrupción en la distribución de medicamentos, puesto que no asumió por el escándalo.
Para el hermano presidencial no hubo consecuencias, de hecho, recientemente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) asignó 89 millones de pesos a la Unidad Deportiva en Palenque en Chiapas -y el estadio de beisbol- que administra Pío, pero defienden que se hizo porque es propiedad del Municipio.
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El Presidente tampoco se ha preocupado por evitar la guía de sus fobias, y sin problema, ha ordenado abiertamente varias destituciones como la de Gonzalo Hernández Licona como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por criticar su plan de austeridad; y de Alejandro Cabrera Fernández, funcionario de Petróleos Mexicanos, por reunirse con el ex líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
Y no se trata de defender a los mencionados. La discordancia del discurso lopezoradorista, alcanza su tope cuando se trata de defender a capa y espada al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell Ramírez y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
En 2019, el titular de la CFE no presentó todas sus propiedades en sus declaraciones patrimoniales. Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, lo “investigó” y lo exoneró oficialmente, como hizo en 2015 Virgilio Andrade, con el ex mandatario Enrique Peña y su ex esposa Angélica Rivera, por la “Casa Blanca” que negociaron con la favorecida empresa Grupo Higa.
Durante noviembre de 2020, funcionarios tabasqueños acusaron a Bartlett porque “el error de cálculo de la CFE”, y “el mal manejo de las presas del Alto Grijalva” habían inundado Tabasco, provocando grandes pérdidas. Pidieron su renuncia y que fuera obligado a responder “penal, civil, administrativa y políticamente”.
El gobernador Adán Augusto López Hernández, habla de denunciarlo, e, inamovible, el funcionario respondió que le daba risa. Nada le sucedió tampoco después del apagón masivo del 28 de diciembre en 12 entidades que afectó a 10 millones de usuarios en el país, incluso después que la CFE mintiera falsificando un documento, responsabilizando a un incendio en 30 hectáreas en Padilla, Tamaulipas. Para después, en medio de un discurso ilógico, echarle la culpa a la sobreproducción de energías limpias, y aprovechando para restringirlas.
Menos tuvo consecuencias el año pasado, cuando su hijo León Manuel Bartlett Álvarez fue descubierto, porque en lo más desesperado de la pandemia, se aprovechó y su empresa Cyber Robotic Solutions vendió ventiladores con sobreprecio a la delegación del IMSS en Hidalgo, en agosto. La Secretaría de la Función Pública anunció que lo inhabilitó, pero en diciembre se suspendió la inhabilitación -hasta que la sanción quede firme- y volvió a ser proveedor gubernamental. Otros contratos por 162 millones con la Federación, no fueron suspendidos ni investigados.
En cuanto al “ejemplar y único” subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, entre el 17 de noviembre de 2019 del primer caso de coronavirus reportado en China, hasta el 15 de marzo de 2020, que se confirmó el primer caso oficial en México- después se supo que fue el 28 de febrero-, tuvo tres meses para preparar y activar protocolos frente a la pandemia. Pero priorizando el efecto económico, el responsable de la salud de los mexicanos decidió postergar el cierre de negocios, áreas públicas, instruir la jornada de sana distancia, así como ordenar la desinfección de áreas, aislamiento de pacientes, seguimiento a familiares, medidas de control de viajeros, el abastecimiento en tiempo con equipo de protección al sector salud y autorizar a hospitales y laboratorios privados la realización de pruebas.
Contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el doctor López-Gatell ha rechazado el uso de cubre bocas como medida obligatoria para controlar la dispersión de la COVID-19. Se ha negado a manejar cifras reales, y ni siquiera admitió usar el conocimiento adquirido en 2009, cuando los laboratorios privados eran obligados a reportar al Sector Salud los casos de influenza AH1N1 que detectaban, como parte de los protocolos de control.
El pasado fin de año, en medio de la segunda ola agresiva de la pandemia, el subsecretario, decidido nuevamente a mostrar su desdén por las medidas de control que promocionan con discursos y anuncios publicitarios, viajó a Zipolite, Oaxaca, en la región de Pochutla, a asolearse, comer en restaurantes y a visitar a familiares muy cercanos y personas muy amigas.
La defensa del Presidente fue como para sacar el pañuelo y los violines: “Imagínense la presión que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia, contra el dolor, con toda la tristeza, porque es un hombre sensible, humano, y (en cambio, recibe) golpes y golpes”.
Dado que el sueldo de esta gente es pagado con los impuestos de los mexicanos, resulta poco ético que los funcionarios sean exonerados por el mero discurso y contentillo presidencial, sin investigación, pruebas o evidencias. Como evidentemente la Ley de Responsabilidades y la manipulable Secretaría de la Función Pública son insuficientes, parece que están siendo necesarias algunas reformas que establezcan un sistema anticorrupción autónomo, para que los funcionarios incompetentes no continúen afectando los intereses y vidas del pueblo bueno y sabio.
Porque como dijo el diputado del PRI, Nicolás Bellizia Aboaf, tras las inundaciones en Tabasco: “No permitamos que se cumpla lo que decía Demócrito: ‘Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa’”.
