El general Gilberto Landeros Briseño, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, tiene historia en el estado; por eso, los ciudadanos lo recuerdan como parte “activa” del combate contra el narcotráfico.
En México, ningún ser humano o institución está facultado para ordenar la muerte o tomar la vida de otro ser humano, pero ocurre con una pasmosa y repulsiva normalidad.
Hagan de cuenta que, en el proceso de revocación del 10 de abril, al Presidente Andrés Manuel López Obrador le tocó el turno de hacer girar la perinola, y el resultado fue “todos ponen”, o “todos pierden”.
Nacimos el 11 de abril de 1980, después que el gobierno priista del Estado bajacaliforniano, atacara y despojara a un grupo de periodistas del ABC, un periódico que había trabajado por los intereses de la sociedad durante dos años, de 1977 a 1979.
Con un costo establecido en mil 567.4 millones de pesos, el ejercicio de Revocación de Mandato programado para el próximo 10 de abril, no servirá a los amigos del Presidente Andrés Manuel López Obrador para ampliar el mandato.
En Baja California, y en el país, los consumidores mexicanos han visto cómo su ya golpeado poder adquisitivo se desliza a una velocidad inusual, más rápido y constante, de lo que están acostumbrados.
Un fusilamiento en Michoacán perpetrado el domingo 27 de febrero, con alrededor de 17 víctimas, grave, brutal, sangriento, que sin razón válida es minimizado. Un hecho que para el Presidente de México parece no existir, porque no encuentran los cuerpos. El mensaje para los asesinos parece ser que cuando maten, se lleven los cadáveres y no pasa nada.
En 2019, la célula de narcotraficantes de “Los Viagra” en Michoacán, decidió talar áreas protegidas para sembrar y tratar de apoderarse de la producción e industria de exportación del aguacate- valuada en 350 millones de dólares-, esa fue una de las tantas acciones violentas de los criminales, más denunciadas públicamente respecto al tema.
