El 25 de junio se cumplió un año de decretarse Alerta de Género en Baja California, pese a tener una mujer gobernadora, avances para garantizar seguridad y mejores oportunidades, han sido raquíticos
Vivimos en un México feminicida.
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El pasado 29 de junio, la agrupación México Evalúa dio a conocer que -pese a los discursos- las políticas del Gobierno de México no sólo han sido insuficientes para garantizar la seguridad de las mujeres, sino que, además, los datos duros reflejan que ha empeorado el clima de violencia de género en prácticamente todo el país.
El estudio hecho público esta semana, refiere de manera muy general que en México incrementaron un 137 por ciento los feminicidios entre los años 2015 y 2021; mientras que la violencia sexual aumentó 68 por ciento en sólo un año, pasando de 12 mil 619 a 21 mil 189, según cifras oficiales. Esto pese a que según especialistas y psicólogos encargados de atender los casos de violencia, sugieren que más del 90 por ciento no se denuncian.
Ante esta realidad, la respuesta del sistema de justicia no es la mejor, pues sólo el 0.05 por ciento de los casos de violencia de género llegan hasta un juez, de los cuales el 0.19 por ciento representa la violencia familiar; el 3 por ciento la violencia sexual y sólo el 12 por ciento respecto a los feminicidios.
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Pero que la realidad nacional no nos distraiga de lo que ocurre en Baja California, una entidad gobernada por una mujer -hecho inédito en la historia de nuestro Estado-.
Una mandataria mujer, joven y abogada, cuya elección -en teoría- estaría rompiendo todos los paradigmas relacionados con la política bajacaliforniana, pero la realidad política no ha cambiado para su género en la entidad.
Hay que recordar que desde el 25 de junio, el Estado se envuelve en una Alerta de Género, la cual fue elogiada y presumida por el ex gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, cuando se trata de un reconocimiento de que los gobiernos no tienen la capacidad para resolver la crisis que se vive en materia de seguridad, pero, sobre todo, en la atención a las mujeres.
Según la declaración de la mandataria, la cual fue cuestionada durante un evento realizado en el Centro Estatal de las Artes, en Mexicali, se ha cumplido con la mitad de las 39 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de las cuales algunas están distribuidas entre los tres poderes, una de ellas el Centro Estatal de Justicia para la Mujer, instalado en Tijuana. Sin embargo, a estas alturas ya debería operar uno en cada municipio.
Tan sólo de enero a junio de 2022, Baja California contabilizó 148 asesinatos de mujeres: Tijuana destaca con 112 crímenes; seguido de Ensenada y Mexicali, con 14 en cada uno; Rosarito con seis; y San Quintín y San Felipe con uno en cada territorio. A esto se deben sumar los 12 feminicidios identificados de enero a mayo, según cifras oficiales, lo que nos ubica -en promedio- a una realidad prácticamente igual a la que se tenía en 2021, donde se contabilizaron 309 asesinatos de mujeres y 19 feminicidios.
Esto confirma -además- que la FGE sigue sin respetar el protocolo de atención de violencia de género, el cual obliga a sus elementos a iniciar la investigación como feminicidio y posteriormente descartar las posibilidades y no al revés.
De enero a mayo también se contabilizaron 5 mil 142 casos de violencia familiar -la cual incrementó once veces en comparación a los datos arrojados en 2019-, 411 de violación, cifras que se sostienen pese al arribo de Ávila Olmeda, cuyo discurso de ascenso fue enfocado a garantizar la protección de las mujeres.
Entre los pocos esquemas que ha emprendido, se encuentra la creación del Escuadrón Violeta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no ha marcado la diferencia; de hecho, hay municipios (como Mexicali) donde no han sido primeros respondientes en ninguno de los cientos de casos documentados en el año.
En 2021, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez recibió 5 millones de pesos para iniciar con los compromisos relativos a la Alerta de Género, pero se desconocen los resultados de ese monto. Este año, el gobierno de Marina del Pilar tendría que haber recibido una suma, pero no ha sido anunciada durante la actual administración.
El abandono de las políticas públicas de género ha sido tan evidente, que hasta el propio Congreso del Estado ha generado más avances en el cumplimiento de requisitos de Alerta de Género, como la despenalización del aborto, la definición del divorcio incausado, que forman parte de las recomendaciones emitidas.
Desde luego que la legislación, la creación de Centros de Justicia o Escuadrones Violeta, son insuficientes si no existe un recurso económico que lo respalde; y eso, no ha cambiado en esta administración.
