La noticia fue devastadora, la sensación de desamparo, la falta de aire que deja un golpe demoledor en el estómago, esa opresión en el pecho, el nudo en la garganta, sentir que se paralizan los pensamientos y esas ganas de regurgitar la repugnante realidad.
Primero la negación, después la ansiedad intensa. Aquel 22 de junio de 2004, las lágrimas en la Redacción fueron inevitables, sin distinción de edades ni de sexos, cuando se confirmó que el Editor General de ZETA, el licenciado en Derecho, Francisco Ortiz Franco, había sido asesinado a balazos.
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La Redacción estaba herida, y frente al ataque cometido contra “Pancho”, para honrar su ejemplo, obligada a seguir trabajando. Las siguientes semanas en particular, luchando para que las autoridades hicieran su trabajo, investigaran, encontraran responsables y el caso no quedara impune.
A Francisco le quitaron la vida frente a sus dos hijos más pequeños, Daniel y Andrea. El instinto del pequeño y la buena voluntad de una vecina en la escena del crimen, los había puestos a salvo tras el ataque, pero el daño estaba hecho. Su esposa Gaby, Paco -el hijo mayor-, toda la familia fue víctima del crimen.
Mataron a un hombre honesto, inteligente, un ávido lector que disfrutaba compartir su sapiencia. Todos los temas eran suyos, un editor generoso, impaciente, pero justo y ecuánime como nadie en la historia de este Semanario.
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Disfrutaba más saber que hacer, pero nunca dejó de ser periodista de calle. “Más de 70 mil dólares costaron las credenciales de sicarios del CAF”, fue la cabeza del reportaje que incluyó un cártel de Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), que expuso los rostros de 71 narcotraficantes, cabezas de célula del Cártel Arellano Félix, quienes en complicidad con autoridades corruptas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, habían obtenido identificaciones que los acreditaban como agentes ministeriales de Baja California.
En conferencia de prensa, el 18 de agosto del mismo 2004, el subprocurador de Investigación Especializada de la Procuraduría General de la República (PGR), José Luis Santiago Vasconcelos, y el procurador de Baja California, Antonio Martínez Luna, reconocieron ese reportaje como el móvil del homicidio, y responsabilizaron del ataque al CAF, en aquel momento encabezado por Francisco Javier Arellano Félix.
Prometieron mucho, mencionaron nombres, pero no materializaron las acusaciones ni las órdenes de aprehensión. Pero les sirvió para quitar de la lista inicial de sospechosos, a Jorge Hank Rhon, millonario empresario y entonces candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido Revolucionario Institucional.
En el asesinato de “Pancho”, las autoridades identificaron como presuntos responsables a:
* “El Tigrillo” Arellano, detenido por el Gobierno de Estados Unidos en agosto de 2006; se declaró culpable de delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, y fue sentenciado a cadena perpetua. En 2015, como testigo cooperador, se la redujeron a 23 años y medio. En teoría estará en libertad en 2029, pero desde el año pasado, ha sido imposible encontrar su nombre y ubicación en el sistema público del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.
En la conferencia de prensa donde anunciaron su captura, el secretario de Justicia Adjunto de EU, Paul J. McNulty, dijo: “Específicamente, los cargos alegan 20 asesinatos en los Estados Unidos y México llevados a cabo por la organización Arellano Félix”.
Mike Braun, de la Dirección de Control de Drogas, complementaría: “…es importante que ustedes sepan que Javier era uno de los matones más despiadados del narcotráfico mundial. La organización que encabezaba estaba bajo investigación en México. Existen cargos pendientes en México…”.
Pero casi 16 años después, de la Fiscalía General de la República no han hablado de esos cargos, y en el caso específico de Ortiz Franco, regresaron la carpeta a Baja California, sin informar a nadie.
* Jorge Briceño “El Cholo” -cuñado de los Arellano-, al ser detenido el traficante Ignacio Zazueta “El Pit”, dijo que en el verano de 2008 le disparó y lo lesionó de bala, y después no supo qué fue de él. Desde entonces, su nombre se hizo menos público, pero las autoridades se negaron a corroborar su muerte.
* Jorge Eduardo Ronquillo Delgado “El Niño”, asesinado en Tijuana en octubre de 2004.
* Heriberto Lazcano, de la organización delictiva Los Zetas, abatido en Coahuila en octubre de 2021, por elementos de la Marina.
* Arturo Villarreal Heredia “El Nalgón”, detenido con “El Tigrillo” en 2006, oficialmente estará preso hasta 2032. En el contexto de la acusación, el fiscal estadounidense lo mencionó como responsable del homicidio del licenciado Ortiz, pero las autoridades mexicanas que lo entrevistaron, no consignaron el hecho. En los recientes cuatro años, el capo ha solicitado tres amparos tratando de eludir los cargos que tiene en México por crimen organizado, delitos contra la salud, secuestro y portación de armas. Nada por el asesinato de Francisco Ortiz Franco.
Impune y sin avance alguno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declaró el expediente concluido en mayo de 2021. Ese mes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios Mx solicitaron vía Transparencia información del caso a las fiscalías. La General de la República respondió que no tenía y no localizaba el expediente; y la del Estado, que seguía “abierto y reservado”, léase sin resolver y oculto.
En noviembre de 2021, con esos y otros antecedentes, estos organismos de protección a periodistas reclamaron el abandono que las autoridades dieron al expediente, por lo cual solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que defendiera los derechos violentados a la familia de Ortiz Franco.
A 18 años del asesinato y seis meses después del reclamo de la SIP, la FGE sigue con el caso cerrado y sin avances.
Ante el abandono impune, el reclamo se repite a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda; al fiscal general estatal Ricardo Iván Carpio; al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; y al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: exigimos justicia para Francisco y para su familia.
