Agentes siguen detenidos por sospecha de secuestro. Cinco fueron acusados de plagiar a un empresario, tres siguen en investigación. El fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, realiza maniobras no aceptadas por la gobernadora electa; va para afuera
Durante la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, las agresiones a integrantes de los medios de comunicación se agravaron, se hicieron más evidentes e incluso se justificaron por la propia autoridad. Sólo ZETA ha recibido más de 15 ataques directos por parte del mandatario estatal, en su agónico bienio.
Mientras que en Jalisco y Nuevo León, Movimiento Ciudadano se erige como una fuerza política de gran peso gracias a las alianzas estratégicas y la promoción de nuevos perfiles, ubicándose ya como un partido competitivo hacia 2024, en Baja California se encuentra “encallado” gracias al oportunismo de los “dueños”, los cuales priorizan acomodar a sus amigos y familiares por encima de la creación de un proyecto político.
Una de las personas que más debe preocuparse por el arribo de la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, es la eterna dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Virginia Noriega Ríos, quien con tráfico de influencias, ha logrado perpetuarse por años al frente del gremio, mismo que históricamente ha utilizado con fines políticos para beneficiarse, independientemente del partido, puesto que ha representado al PAN, al PRI e incluso intentó hacerlo con Morena.
Nos ha quedado muy claro que el gobernador Jaime Bonilla Valdez se siente cómodo dirigiendo la administración pública desde el caos y la incertidumbre, pues así puede amedrentar e intimidar a cualquier que no tenga bien asentados los pies en la tierra.
Mientras que a nivel nacional el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene una postura opositora bastante clara, en Baja California ha sabido jugar a la...
Las percusiones existen en la música para ayudarnos a encontrar el tiempo durante la interpretación musical o una danza, pero si la política de Baja California fuera una orquesta, la alcaldesa Guadalupe Mora Quiñónez no sólo está en destiempo, sino que se desplaza fuera de la pista, tumbando mesas, interpretando un poderoso tango cuando de fondo se escucha una creación del maestro Héctor Lavoe.
Cada tres o seis años, según sea el caso, los poderes de Baja California se someten a un proceso de entrega-recepción, con lo que la administración saliente pone sobre la mesa los estados financieros, la nómina, los inmuebles, insumos y deudas con las que arrancará operaciones el nuevo gobierno a iniciar.
El miércoles 29 de julio, el Congreso de Baja California se dividió en una polémica votación para definir el futuro de la iniciativa del gobernador Jaime Bonilla Valdez para “municipalizar” los servicios de agua potable del Estado, entregando parte de la operación de las comisiones de agua a los ayuntamientos.
El fiscal Guillermo Ruiz Hernández siente cómo se le acaba la vida. Y no es una referencia a su edad -la cual provocó que se tuviera que ampliar el tope para ser fiscal-, sino que tiene pleno conocimiento que -aunque parece que no lo entendían- el poder de su compadre, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, es efímero, por lo que sabe que sus días como titular de la Fiscalía General del Estado -espacio para el que fue electo por cinco años, pero apenas le alcanzará para cumplir los dos- están contados.
