Solicitan a diputados crear Ley Estatal de Responsabilidad Ambiental para transparentar y responsabilizar a empresas y gobierno que generan contaminación, sobre las consecuencias de sus acciones
De no creerse. Hace unas semanas, el Congreso del Estado inició una batalla legal con un abogado particular, para no verse obligado a legislar una Ley Estatal de Responsabilidad Ambiental que modificaría el esquema de investigación y sanción de empresas y gobiernos que realicen actividades contaminantes.
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Manuel Alejandro Castillo Hernández, litigante especialista en materia ambiental, ha demandado al Congreso del Estado y a otras instituciones, debido a que durante once años no han emitido una Ley de Responsabilidad Ambiental local que regule la actividad de las empresas -principalmente-, dejando en indefensión a sus representados.
La demanda de amparo marcada con el número 1201/2022, que recayó en un Juzgado de Distrito en Mexicali, pretende que el juzgador obligue al Congreso del Estado a legislar en la materia, pero en lugar de buscar un mecanismo para trabajar de manera ordenada, el Congreso busca justificarse y retrasar el proceso.
Dentro de la Ley Estatal de Responsabilidad Ambiental deberían incluirse temas importantes como los establecidos a nivel federal -muchos de ellos son prácticamente letra muerta-, pero entre los puntos destacados obligaría al Poder Judicial local a crear una estructura especializada que comprende de jueces, secretarios, magistrados y demás para analizar temas ambientales, con la intención de que los casos en materia ambiental no sean atendidos como una demanda en un marco jurídico civil, sino especializado.
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Con ello se busca que la carga de la prueba no sea a partes iguales, sino que implicado y presunto responsable estén obligados a brindar la información necesaria para que se vea que se está cumpliendo con la Ley.
Actualmente se rige bajo el esquema civil y obliga a que la parte acusadora presente las pruebas en contra del denunciado cuando los recursos de una empresa y de un particular son dispares; además, las áreas contaminantes dentro de las empresas y el propio gobierno son inaccesibles para la ciudadanía. También contempla que los ofendidos no requieran una acción colectiva para inconformarse con una situación de alguna empresa que -presuntamente- emita contaminantes a la atmósfera o los ríos y canales de la entidad, sino que podrá hacerlo un ciudadano normal que acredite sus afectaciones.
Elementos interesantes tendría la Ley Estatal de Responsabilidad Ambiental, pero en lugar de analizar y apropiarse de una idea que sería de gran trascendencia en la ciudadanía, la respuesta del área jurídica del Congreso del Estado ha intentado justificar la falta de ella, bajo la premisa de que los diputados no se encuentran obligados a legislar sobre el tema, puesto que no es un mandato constitucional, sino que se establece en la Ley secundaria.
Esto, pese a que actualmente existe una Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que precisamente regula las conductas de las empresas y brinda mayores herramientas a activistas o afectados para presentar denuncias o recursos legales contra cualquier abuso.
Resulta increíble que la producción legislativa de nuestros diputados, sean acciones como rifar un iPhone (como lo hiciera el diputado tijuanense Sammy Peña) y carezcan de sentido social que pretende beneficiar a la ciudad, mediante un marco jurídico que acabaría con uno de los principales males que se viven, sobre todo en Mexicali: la contaminación del aire.
