Poco probable que este año se concrete el Centro de Justicia para la Mujer en Mexicali. Ayuntamiento tiene otra deuda: Reglamento de Acceso a una Vida Libre de Violencia
Atender las necesidades y tratar de mantenerse medianamente vanguardistas en torno al combate a la violencia de género y el diseño de políticas públicas en la materia, no ha sido precisamente una virtud dentro de los gobiernos mexicalenses de ningún partido.
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La Capital bajacaliforniana fue, por ejemplo, el último municipio en cumplir con la obligación de crear un Instituto de la Mujer, previsto desde 2005, pero no fue hasta 2020 que inició operaciones con un raquítico presupuesto de un millón de pesos, donde la doctora Leonor Maldonado prácticamente ha tenido que trabajar con las uñas.
Es poco lo que los gobiernos mexicalenses han hecho en la materia y las tendencias conservadoras han sido muy inteligentes para “frenar” lo que ellos llaman la imposición de la ideología de género.
Resulta que el actual gobierno dirigido por Norma Alicia Bustamante, arrastra dos deudas importantes que por los índices de violencia familiar, violaciones y feminicidios, son cuestiones que deberían atender de manera urgente.
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Se trata de la construcción del Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM) y la publicación del Reglamento de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La construcción del primero no es una cuestión propia de la administración municipal, pero gracias a los retrasos del actual Cabildo de Mexicali (abanderado por los morenistas José Ramón López Hernández y Sergio Tamai), no cedieron el terreno prometido al Estado en 2021, y, por ende, no se pudo acceder a la convocatoria para recibir un apoyo del Gobierno de México para su construcción.
El lunes 19 de septiembre, el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, aseveró que había una promesa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para su construcción antes de culminar 2022, pero a poco más de tres meses, no se cuenta con el recurso ni la convocatoria para concretar el proyecto, parte de las exigencias de la Alerta de Género.
Pareciera imposible terminar un edificio en este tiempo, el cual -no conforme- se ubicará en la Zona Sur de la ciudad, que no es ni remotamente céntrica, además de contar con poco acceso de transporte público.
Respecto al Reglamento, el Gobierno de Mexicali tiene la obligación de crear un mecanismo que defina punto por punto los protocolos de actuación en caso de una situación de violencia o de atención urgente. Esto complica la definición de procesos de actuación por parte del primer respondiente de casi todos los casos de violencia, puesto que no hay certeza de cómo actuar en caso de una situación de riesgo.
Todos los municipios de Baja California cuentan con uno, pero el Cabildo de Mexicali aún no se mete en el tema, pese a que la publicación debió hacerse hace muchos años. Pero como ha sido costumbre, los temas relacionados con violencia de género no son prioridad, más que como una bandera política.
